Humberto Tumini, presidente de Libres del Sur. Crédito: Santiago Fernández.
En estos días un ministro y un alto funcionario de presidencia hicieron declaraciones, cuestionando los pedidos de mayor ayuda social a los más necesitados. Como así también, las medidas de protesta que llevan adelante las organizaciones sociales que representan a gran parte de aquellos.
Juan Zabaleta dijo recientemente que “No va a haber más altas de planes sociales y no admitiré la extorsión. Sería bueno encontrar otro método de protesta que los cortes de calle, los que van a trabajar también tienen derechos”.
Por su parte Fernando “Chino” Navarro, del oficialista Movimiento Evita, declaró en el mismo sentido respecto de las movilizaciones sociales, sosteniendo que “es exagerada la virulencia del reclamo,no me gustan este tipo de protestas que afectan a los ciudadanos”.
Es visible que, desde el gobierno, para ser simpáticos a la clase media influenciada por la derecha, en su cuestionamiento a los más humildes y a su manera de resistir que los empujen a la miseria, como también para disimular la agachada que han tenido frente al Fondo, compraron los argumentos que ha difundido el macrismo respecto de lo que significan las ayudas, subsidios y planes, las organizaciones sociales y las movilizaciones que demandan soluciones.
El manual de Juntos por el Cambio al respecto (también de los supuestos “libertarios”), tan difundido, ahora ha pasado a ser usado por el gobierno del Frente de Todos. Notable y lamentable, por cierto.
Aunque algunos adelantos ya habíamos tenido en la palabra del Cuervo Larroque, cuando el desalojo de Guernica el 2020, o antes aún, cuando Berni llevó detenidos a compañeros y compañeras de Barrios de Pie a Campo de Mayo, no nos deja de asombrar.
De todas maneras y más allá del rechazo liso y llano a estas prácticas de, como el tero, poner el grito en un lado y los huevos en otro, es bueno responder a las argumentaciones usadas por estos funcionarios de Alberto.
Empecemos por los planes Potenciar Trabajo, que dicen no van a ampliar porque serán reemplazados por laburo genuino. En la Argentina de hoy dichos planes, de apenas 16.000$ mensuales, son una muy limitada ayuda a solo una parte de quienes no tienen ningún ingreso (un millón doscientas mil personas en la actualidad) o cuyas entradas producto de changas o trabajos muy precarios (dos millones de personas) están bien por debajo de la línea de pobreza. Solo en el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) hay dos millones cuatrocientas mil personas anotadas, que viven esa situación. Recordemos que el IFE, hace apenas un año y medio atrás, lo cobraron 11 millones de compatriotas pobres.
En concreto, esa es la realidad de la Argentina actual. Más del 40% en la pobreza, de ellos el 10% en la indigencia, miles de pymes cerradas en los últimos 4 años, la inversión productiva en el subsuelo. Y los funcionarios dicen que ya no habrá más planes, los que serán reemplazados por trabajo digno. Falso, sabiendo que este es un objetivo muy genuino que todos compartimos, esconden, atrás de lo irrealizable de lograr esto en el corto plazo en la situación de la economía del país, que el FMI les exige bajar el gasto público. Esa es la verdad de la milanesa, que, como siempre sucede, saldrá a luz inevitablemente con el pasar de los meses.
Pero a esa despreciable mentira, le agregan veladas amenazas a los más humildes si protestan y se movilizan. Resulta que ahora para estos señores, al igual que para la derecha, el derecho a transitar está por encima que el derecho a tener lo indispensable para vivir. Falta que aplaudan las tapas de los diarios que tanto critican, cuando frente a la movilización social ponen en letras destacadas: “Caos de tránsito en la ciudad”.
“No nos gustan las marchas que cortan calles, deberían encontrar otra forma de protestas” dicen. Sería bueno que indiquen cuál podría ser. Algo a la japonesa, por ejemplo, encerrarse cada manifestante con su familia en su casa o casilla a pasar hambre un par de días. Que cinismo.
Cuando los trabajadores se organizaron en nuestro país, allá por finales del siglo 19 y principios del 20, empezaron a hacer huelgas en reclamo de sus derechos. Los gobiernos y patronales de aquel entonces los tildaban prácticamente de terroristas, para usar una palabra de actualidad hoy. Argumentando que sus huelgas eran una afrenta a la sociedad e irracionales. Ilegalizaban sus organizaciones, los reprimían, metían presos o echaban del país, ley de Residencia mediante. Los mataban también, como el coronel Ramón Falcón en Plaza Lorea o en los talleres Vasena y los campos de la Patagonia.
Pero la historia no se detuvo. Los hijos y nietos de aquellos trabajadores, no solo continuaron peleando, fortaleciendo y extendiendo sus organizaciones, logrando el reconocimiento legal de ellas, sino que conquistaron el rango constitucional para el derecho a huelga (Artículo 14 bis CN). Aunque cuando se ejerce inevitablemente afecta, las más de las veces, otros derechos. Acá y en todo el mundo, ya se sabe.
Ahora bien, los trabajadores se defendían y defienden con la huelga. ¿Y cómo protegen su derecho a una vida digna los más humildes, que no pueden hacer huelga en su enorme mayoría por no pertenecer ya desde hace muchos lustros a la clase trabajadora organizada? Se movilizan por calles y avenidas para hacer visibles sus reclamos.
No lo hacen como lo hicieron los propietarios rurales, en contra de la 125 que afectaba sus enormes ganancias. Tampoco como los macristas, en rechazo de las vacunas para el Covid. Ni repudiando a la Corte Suprema que, supuestamente, no funciona. Lo hacen para poder vivir: para alimentar a sus hijos, para vestirse, comprar medicamentos, pagar el colectivo y la garrafa de gas. Y afectan el tránsito, claro, aunque a Zabaleta y Navarro no les guste.
En resumidas cuentas: acuerdan con el FMI, preparan el ajuste que va a afectar a muchos millones de compatriotas y, al mismo tiempo, critican a los más humildes que defienden su dignidad y su familia con argumentos de la derecha. Una verdadera vergüenza.
Humberto Tumini sostiene que «se legitima y legaliza del todo una estafa (ya lo venían haciendo desde que asumieron), como fue el préstamo a Macri». Crédito: Universidad Calf.
Como sabemos, después de abonarle desde que asumió 7 mil millones de dólares de capital e intereses, el Gobierno nacional decidió finalmente acordar con el FMI el pago de la totalidad de la deuda que contrajo Macri en el 2018. Desde ahora hasta el 2024, en 12 cuotas trimestrales, el Fondo proveerá unos U$S 45.000 millones a través de un préstamo Stand-By, para que el Gobierno le vaya pagando al propio Fondo; es decir, en criollo, un pasa mano. A partir de allí y por diez años, hasta el 2034, en otro acuerdo denominado de Facilidades Extendidas, la Argentina irá saldando la nueva deuda con aquella institución.
¿Qué significará para el país y la mayoría de su gente este acuerdo con el FMI que el gobierno del Frente de Todos se apresta a aprobar, seguramente en marzo y con el apoyo de la oposición de Juntos por el Cambio (acá no hay grieta), en el Congreso?
Hay cuestiones que están muy a la vista y han sido explicitadas con claridad públicamente. En primer lugar, que dada la magnitud de la baja exigida del déficit fiscal y de la emisión monetaria, sumado a los 5 mil millones de dólares que hay que acumular de reservas por año, a una mayor devaluación y a la suba de la tasa de interés también acordada, tendremos, aunque el Gobierno lo niegue, un ajuste acompañado de un freno de la recuperación económica luego del impacto de la pandemia.
En segundo término, que se agrede nuestra soberanía política al aceptar que cada tres meses venga una delegación del Fondo a controlarnos las cuentas y ver si hacemos bien los deberes.
Finalmente, que se legitima y legaliza del todo una estafa (ya lo venían haciendo desde que asumieron), como fue el préstamo a Macri. Otorgado por razones políticas (intentar que fuera reelecto) y que mas tarde no fue usado para resolver los problemas del país, sino que terminó en manos de bancos, grandes empresas y gente rica; como el propio Fondo ha reconocido.
Pero estas consecuencias, con la gravedad que ameritan, no es, muy probablemente, lo peor para la Argentina de este acuerdo que se va a extender, de piso, hasta el 2034.
Como sabemos, el gobierno de Macri no solo se endeudó con el FMI, sino también con fondos de inversión y grandes bancos extranjeros. La totalidad de la deuda que contrajo estuvo por encima de los 100.000 millones de dólares.
La que correspondía a los acreedores privados, U$S 66.000 millones, la negoció Guzmán en el año 2020. Lo que hizo al respecto, con la aprobación de Alberto, Cristina y el resto del gobierno, fue simplemente patear dicha deuda para adelante después de mucha alharaca. Sin ninguna quita de capital y pagando intereses ya desde el 2021; muy lejos de lo que hicieron en el 2005 Néstor Kirchner y Lavagna.
Esa deuda con los privados comienza con pagos cada vez mayores desde el 2025 y se extiende hasta el 2035. Es decir, que se superpone con lo que hay que pagar al FMI durante el mismo período. En los años de mayores erogaciones, del 2027 al 2032, las mismas estarán cómodamente por encima de los 15.000 millones de dólares anuales.
¿Qué significa esto y por qué es lo mas grave que nos va a suceder? Nuestro país tiene un problema severo en el sector externo que, por falta de exportaciones y demasiadas importaciones, se vuelve deficitario reiteradamente. Cuando eso sucede, se viene la crisis, hay que frenar la economía, devaluar la moneda y todo lo que sabemos.
¿Cuáles son los sectores exportadores que pueden generar divisas en el futuro mas o menos cercano, para intentar resolver ese drama que tenemos de hace muchísimo tiempo? El campo, la agroindustria, el petróleo y el gas de Vaca Muerta, la minería, litio incluido; en menor medida la pesca y la industria del conocimiento. El resto de la industria exporta bastante, un tercio del total, pero también importa significativamente, por lo que no aporta divisas.
Ahora bien, en todos los sectores con capacidad exportadora, actual o en los próximos diez años, que ingresan o ingresarán dólares, hay una parte de la ganancia que se la quedan las empresas multinacionales y se la llevan al exterior a sus casas matrices. Otra porción va a la mano de los capitalistas vernáculos, que en una cierta proporción la destinan también, de diversas maneras, a sus negocios fuera del país.
Los dólares que restan y restarán de dichas exportaciones son los necesarios para cubrir importaciones imprescindibles para el desarrollo económico, como bienes de capital y muchos intermedios. También para la inversión en el país, de manera, entre otras cosas, de sustituir productos extranjeros y favorecer otras actividades exportadoras. Es la posibilidad para ir por un rumbo de desarrollo y superar la restricción externa en el tiempo.
¿Ahora bien, cómo vamos a lograr esto si tenemos que pagar una enorme deuda externa de acá al 2035? No es posible, tendremos una losa puesta encima de las posibilidades de crecimiento por mas de una década, por lo menos.
¿Qué ha negociado este gobierno de la deuda que dejó Macri, con los privados primero y con el FMI después? Nada mas y nada menos que, de los dólares que el país puede esforzadamente generar para salir adelante, solo el 20% sea para inversión productiva aquí y el 80% restante se lo lleven los acreedores externos. No hay salida para la Argentina con este acuerdo, no solo en el corto plazo, sino tampoco en el mediano y largo. Por eso nos oponemos rotundamente al mismo.
Humberto Tumini, presidente de Libres del Sur. Crédito: Santiago Fernández.
“Asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador, escrito por el almacenero”
Arturo Jauretche
La deuda externa, contraída casi en su totalidad por gobiernos reaccionarios y entreguistas, es uno de los grandes dramas que arrastra la Argentina y una de las principales razones de que estemos estancados económicamente desde hace 45 años. Concretamente desde la dictadura militar del 24 de marzo de 1976. Es dicha deuda una losa que aplasta una y otra vez las posibilidades de desarrollo de nuestra nación, que ha retrocedido por donde se la mire; no solo en el orden mundial, sino en la región y respecto de todos nuestros vecinos.
Los militares con Martínez de Hoz, Menem y De la Rúa con Cavallo y finalmente el gobierno de Macri con ministros varios, no solo implementaron planes neoliberales de destrucción de la industria nacional, desguace del Estado, incremento de la desocupación y la pobreza, como así también de concentración y extranjerización de nuestra economía, sino que una y otra vez endeudaron al país. En oportunidades con préstamos a altísimas tasas de interés y cortos plazos de devolución, en otras con deudas fraudulentas y espurias. Esto generó una imposibilidad concreta de crecer y desarrollarnos, ya que una parte significativa de los recursos que generó el país se derivaron al exterior restándoselos a la inversión productiva.
Fue el Fondo Monetario Internacional el que apadrinó esta estrategia del poder financiero mundial, y de los EEUU en su objetivo de mantener bajo control y a su servicio al “patio trasero”; también a nuestra república, claro está. A veces a través de su intervención directa con préstamos condicionados y otros instrumentos, otras indirectamente favoreciendo dicho endeudamiento con los grandes bancos y los fondos de inversión (incluidos los que se dedican a la especulación financiera directamente).
Así llegamos a finales del 2019: con una Nación en retroceso, con enorme pobreza, informalidad laboral y desocupación extendidas. Con una industria débil, escasa inversión, casi nulas reservas (entre otras razones por pagarles a los fondos buitres) y, encima, con una enorme deuda externa de más de 100.000 millones de dólares contraída por el saliente gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio). Dicha deuda era a pagar en corto plazo y con muy altas tasas de interés la privada; visiblemente ilegal la del FMI que, entre otras cosas, se usó políticamente y para fugar divisas.
Desde el nuevo gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner denunciaron con detalles esa situación y dijeron, una y otra vez, que la Argentina necesitaba crecer para salir del pozo al que la habían llevado; que eso no era posible pagando tamaña deuda. Mucho menos cuando nos arrolló luego el huracán de la pandemia.
Primero en el 2020, negociaron 60.000 millones de dólares con los acreedores privados. Empezó Guzmán poniéndose duro con loables argumentos y terminó concediendo casi todo lo que aquellos pedían; muy lejos de aquella quita de Lavagna en el 2005. Patearon la pelota para adelante, como si el problema de la deuda fuera solo de su gobierno y no del país. “Que se arreglen los que vengan”, dijeron, pensamiento muy ajeno a la defensa del interés nacional; como también distante de proteger a esta y a las generaciones que vendrán.
Luego vino la negociación con el FMI, que ya había metido la cuchara en la de los bonistas privados; a favor de estos, obviamente.
Se fue desarrollando durante el año pasado. Nuevamente con declaraciones altisonantes del presidente para abajo, de Cristina y sus funcionarios, legisladores y adulones. Que era una deuda ilegal, un fraude, que la plata nunca se quedó en el país, que se la llevaron los bancos, empresarios y ricos amigos de Macri, que eran ellos los que tenían que hacerse cargo de la misma, etc, etc. Cosas ciertas, por supuesto.
No obstante, al mismo tiempo, se empezaron a observar en la implementación de algunas políticas económicas y medidas, que iban en la misma dirección de lo que planteaba el Fondo. En particular, el achicamiento del déficit fiscal en momentos donde todavía azotaba la crisis a las mayorías populares; suspendiendo el IFE entre otras cosas. También negociaciones con aquellos bancos que vinieron a la timba financiera con Macri y quedaron empernados acá, a los que les canjearon bonos en pesos por otros en dólares, por varios miles de millones de la verde moneda. Algo había ya ahí que no se correspondía con el discurso.
“Si quieren pelea, daremos pelea”, le dijo el presidente al FMI ayer nomás. Cristina expresó, en una de sus habituales cartas, que le habíamos pagado más al FMI que lo que gastamos en la pandemia de COVID-19. En otra oportunidad, en diciembre pasado, también aseveró la vicepresidenta: “A los dos presidentes radicales de estos años, se los tumbó el FMI. Por eso, no vamos a aprobar ningún plan que no permita la recuperación”.
Jarabe de pico como quien dice, el gobierno acaba de concretar el vilipendiado acuerdo con el Fondo, legitimando la estafa de Macri.
Utilizaron dos líneas argumentales para explicar y justificar la agachada. La primera de ellas, repetida una y otra vez por el presidente, su ministro de Economía y una larga lista de funcionarios, incluyendo a los que vienen de las organizaciones sociales: que el FMI no exigiría ningún ajuste y tampoco reformas laborales, previsionales o privatizaciones.
Lo primero, si no fuera tan serio, movería a risa. Achicar el déficit fiscal, bajar la emisión monetaria, subir las tasas de interés y las tarifas, además de disminuir la brecha cambiaria, como especifica el acuerdo, se haría sin ajuste a las mayorías. Son fantasiosos, como dijo una ex azafata.
Respecto de lo segundo, es probable que el FMI no pida en este primer préstamo Stand By, para pagar el de Macri, reformas o políticas estructurales. Ya que los salarios están en el fondo del mar, las jubilaciones son podadas desde hace dos años a ojos vista, y nadie quiere, con semejante crisis, comprar una empresa estatal que por ahora seguramente da pérdida. Pero, en absoluto eso significa que aquel organismo, como siempre sucede, no lo requiera cuando haya que pagar el préstamo de facilidades extendidas desde 2024 al 2034, que es lo que también negoció el gobierno.
La segunda línea de argumentos, como siempre sucede en estos casos y bien repudiable que es, apuntó a justificar la aceptación lisa y llana de la fraudulenta deuda de Macri por la vía de meter miedo a la sociedad. Sin ponerse colorados, dijeron: “Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles”, “El default era darle la espalda al mundo”, “No podíamos dar un paso a lo desconocido”, y así sucesivamente.
Por lo pronto, para refutar todos estos argumentos respecto de que nos comía el Cuco si no le pagábamos al Fondo, es bueno recorrer la historia argentina de los últimos 45 años. La dictadura acordó con dicho organismo y después se le vino la noche; terminó en tremenda crisis económica y nacionalizando la deuda en dólares de los grandes empresarios para que la pagáramos todas y todos los argentinos. Alfonsín también aflojó: recaló en el FMI y terminó fuera del gobierno en medio de hiperinflación y saqueos. De la Rúa rumbeó para el mismo lado y se fue de la Rosada en el helicóptero con 31 muertos abajo. Macri repitió la historia y nos dejó estancamiento con inflación galopante, pobreza y desocupación; o sea, en síntesis, el país en la lona. Eso sucedió cada vez que negociamos acuerdos con aquella institución.
El presidente lo sabe perfectamente, porque era funcionario de Néstor Kirchner cuando este se sacó al Fondo de encima en el 2005. También Cristina, que más de una vez lo ha dicho, pero ahora guarda silencio.
Se olvidan de explicar que, al revés de lo que nos ha sucedido por andar de la mano del Fondo, cuando este país dejó de pagar su deuda en diciembre del 2001, lejos estuvimos de precipitarnos al “abismo”. Por el contrario, contribuyó esa decisión a abrir la puerta de la recuperación económica después del vendaval neoliberal. Tuvimos crecimiento del PBI desde el 2003 hasta el 2008, que luego se extendió 2010 y 2011. Esa parte de la historia la esconden debajo de la alfombra para justificar su vergonzosa pusilanimidad.
Argumentan que ahora no se podía ir al default porque no tenemos reservas. Cuando Adolfo Rodríguez Saá lo decretó en el 2001, tampoco teníamos ni medio dólar. Dicen que el país no va a tener créditos externos, como si ahora los tuviéramos. Se olvidan de que tampoco nos prestaban del 2012 al 2015 por no pagarles a los buitres, y no se les derrumbó el gobierno por eso. Sostienen que no vendrán inversiones extranjeras; falso, las mismas recalan en los países si hay negocios que les dejen ganancias, haya o no suspensión del pago de la deuda. También aseguran que otros organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial, el BID, el BIRF, ya no nos prestarían dinero para infraestructura; pero tampoco es cierto esto, lo suyo no está atado en líneas a los pagos que se hacen o no al FMI. Por último, que las grandes empresas argentinas no conseguirán préstamos; sin embargo, eso no se cortó después del 2001.
En resumidas cuentas, desde el gobierno, en su lamentable debilidad, compraron la ristra de argumentos que desde siempre usan los poderosos para amedrentar a los pueblos y naciones que buscan dejar de ser sometidos, romper las cadenas que los atan a aquellos y ser soberanos.
¿Qué decían en el Congreso de Tucumán de 1816 los que por cobardía o intereses no querían declarar la independencia de España? Que los ejércitos de Fernando VII eran muy fuertes, que habíamos sido derrotados en las campañas del Alto Perú, que la revolución había sido abatida en toda Latinoamérica y estábamos rodeados, que seríamos sojuzgados peor que antes si no negociábamos permanecer dentro del esquema colonial. Porque en las difíciles siempre aparecen los miedosos, lo que no se bancan ponerse de pie y prefieren vivir de rodillas.
A ellos y, por supuesto, también a los verdaderos patriotas, les hablaba San Martín cuando les dijo al ver tamañas vacilaciones: “Para los hombres de coraje se han hecho las grandes empresas. Seamos libres, lo demás no importa nada”.
Volviendo a nuestros días, digamos una vez más que la deuda externa que han contraído los gobiernos de derecha en todos estos años son una loza sobre nuestra viabilidad como nación. Solo terminando con esa lógica de pagar y pagar, sacrificando presente y futuro, podemos reconstruir la patria y terminar con esta decadencia.
Que es áspero el camino y que pagaremos costos por ello, qué duda cabe. Como si hubiera sido sencillo, por ejemplo, independizarnos de España. Enfrentar a los poderosos que nos sojuzgan de múltiples maneras, acorde a los tiempos, siempre es duro. Pero ese es el camino para tener patria, soberanía, independencia, desarrollo y futuro para todos, no solo para los ricos.
Es el rumbo que ha resignado este gobierno con el acuerdo con el FMI que acaba de concretar. Nosotros no lo vamos a aceptar, vamos a dar pelea, como corresponde, porque soñamos con otra Argentina.
Humberto Tumini, presidente del Movimiento Libres del Sur. Créditos: Santiago Fernández
La ley es tela de araña,
y en mi ignorancia lo explico,
no la tema el hombre rico,
no la tema el que mande,
pues la rompe el bicho grande,
y solo enrieda a los chicos.
Es la ley como la lluvia,
nunca puede ser pareja,
el que la aguanta se queja,
mas el asunto es sencillo,
la ley es como el cuchillo,
no ofende a quién lo maneja.
Martín Fierro, José Hernández
El kirchnerismo ha convocado una marcha contra la Corte Suprema de Justicia para el 1º de febrero, con apoyo más bien abierto del gobierno nacional, ya que uno de los que encabezan la ofensiva contra dicho tribunal, de un tiempo a esta parte, es el propio Presidente de la nación; que ha dicho que esta Corte “no funciona” y peor aún, que está “degradada”.
¿Qué cuestionan de los supremos? Que sacan fallos adversos al gobierno, como el de la inconstitucionalidad actual del Consejo de la Magistratura. Como así también, sobre todo, que no resuelven las presentaciones de la vicepresidenta, destinadas en general a ver cómo demora o entorpece las causas que tiene abiertas. Dijo al respecto Alberto, por ejemplo, que “La Corte Suprema jamás trató una queja de las 14 que Cristina presentó”.Es más que evidente que las presiones que ha incrementado el gobierno sobre el máximo tribunal, luego del fracaso del proyecto de ley de reforma judicial presentado el 2020, apuntan a condicionar a aquel, en especial respecto de la situación de Cristina.
Al mismo tiempo la oposición de Juntos por el Cambio, indirectamente en este caso, llama a otra marcha dos días después de la oficialista. Convocada por “profesionales y profesores de derecho” en defensa de la Corte, argumentando que “se busca remover a sus miembros inconstitucionalmente y afectar su independencia”.
Como se puede ver, ahí tenemos otro de los ámbitos donde funciona a full la interesada grieta. Gustan presentarse ambos sectores en él como republicanos de la primera hora, y denostar a sus adversarios como gente que busca una justicia adicta para usarla como ariete en la confrontación mutua.
Por supuesto que los dos contendientes tienen una parte de razón en las acusaciones que hacen, ya que, acorde a lo que muestra la experiencia, en esto suelen tener las mismas mañas. Basta para observarlo, con analizar sus conductas en el pasado reciente.
Macri, por ejemplo, cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hizo lo posible y lo imposible para ocupar un lugar vacante en el Superior Tribunal de Justicia porteño con una fiscal derechista, Daniela Ugolini, afín a sus ideas. Con la que, si lograba ubicarla, obtendría mayoría propia allí, sin importarle en absoluto los fuertísimos cuestionamientos, de todo tipo, que tenía su candidata y por lo que no superó el veto. Luego, ya presidente, buscó nombrar a dos nuevos miembros de la Corte que le garantizaban cierta supremacía en ella, directamente por decreto, violentado todos los procedimientos establecidos en la ley.
Más tarde, ya en el transcurso de su gobierno nacional, procedió sistemáticamente a buscar en la justicia, con fiscales y jueces afines, impunidad para los delitos cometidos tanto por él como por sus funcionarios. Algo que ya había logrado junto a su padre, por el contrabando de autos desde Uruguay, con la Corte menemista.
Entre diciembre del 2015 y hasta el fin de su mandato logró que los tribunales lo absolvieran de la causa de las escuchas ilegales cuando era Jefe de Gobierno de la CABA, del lavado de dinero a través de los Panamá Papers, de los oscuros negocios con Qatar y del enriquecimiento ilícito.
También tuvieron el beneficio de la impunidad otros altos funcionarios de su gobierno: Nicolás Caputo zafó por inconsistencias en sus declaraciones juradas, Gabriela Michetti por lavado de activos de la fundación SUMA, Mario Quintana por tráfico de influencias en la colocación de bonos del Estado, Gustavo Arribas, jefe de la AFI, por sobornos de Odebrecht y Luís Caputo, ex presidente del BCRA, por compra de dólares a futuro a través de un Fondo de Inversión.
Como es fácil de observar, aquello de que la ley es como el cuchillo, que decía José Hernández hace 150 años, se cumplía al pie de la letra durante el gobierno de Cambiemos.
Por cierto, además y por las dudas que no se disciplinara lo suficiente la Corte Suprema, la tenían a Carrió disparando munición gruesa sobre Lorenzetti, para ver si lo podía hacer renunciar. En el 2017 lo trató de mafioso y pidió el juicio político para él. “Por mal desempeño, violación de los deberes éticos y la probable comisión de delitos, no cumple con las condiciones de decoro y morales que exige la investidura del cargo que ejerce«, sostenía la señora.
A continuación, vino el actual gobierno de Alberto Fernández, el mismo que, como decimos más arriba, viene lanzando ofensiva tras ofensiva al poder judicial. Primero, con el proyecto de reforma para ver si podía modificar la estructura de los tribunales federales de Comodoro Py, el ámbito donde se sustancian los juicios que tienen que ver con los gobiernos nacionales y en particular con las denuncias de corrupción en los mismos. Ahora, además, contra la Corte Suprema.
Conocen del tema puesto que con anterioridad estuvieron 12 años en el gobierno, con jueces muy amigos suyos, como Oyarbide y Canicoba Corral, entre otros. También modificaron en su favor la composición del Consejo de la Magistratura, o sea del ámbito donde se ponen o sacan los jueces federales. Además, por nombrar a una militante propia en el ministerio público fiscal: Gils Carbó (algo parecido a lo que hizo Macri luego con Eduardo Casal, actual Procurador).
Desde hace dos años se dedican empeñosamente en resolverle la situación judicial a los funcionarios de sus anteriores gestiones acusados de corrupción. En particular a la vice presidenta, con infinidad de causas abiertas como se sabe. Algunas que podemos encuadrar visiblemente en las denuncias de lawfare macrista, como las del Memorándum con Irán o la del Dólar Futuro. Otras muchas, no demasiado, por cierto.
Como decimos, el trabajo para aliviar la situación judicial de los ex funcionarios K ha sido intenso y creativo. Con bastantes resultados también. Julio De Vido, Amado Boudou, Lázaro Báez, Roberto Baratta, Cristobal López y su socio De Souza, Carlos Zannini, Ricardo Echegaray, Nuñez Carmona y hasta José López, el de los bolsos, entre otros, se han visto beneficiados por dicha labor. Solo faltan, por ahora, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
Hasta la propia Cristina y sus hijos fueron llamativamente sobreseídos en las causas Hotesur y Los Sauces antes del juicio oral. Cuestión que está en manos de la Corte en estos momentos.
Difícil entonces no ver ahora, también con este gobierno, cumplido aquello que nos decía el inmortal Martín Fierro respecto de la justicia: que no ofende demasiado al que la maneja.
En resumidas cuentas y para ir cerrando esta larga editorial, la puja entre los opositores de Juntos por el Cambio y el gobierno del oficialista Frente de Todos, alrededor de la justicia, nada tiene que ver con mejorarla. Algo que, por cierto, urge y elevaría la calidad de nuestra democracia y de la república.
No se enfrentan por querer una justicia independiente del poder de turno. Ni siquiera por una más rápida, transparente y menos clasista de la que tenemos, en beneficio del ciudadano común, como diría Gargarella.
Es esencialmente una puja de poder. Entre dos sectores políticos que han gobernado la nación de hace lustros a esta parte y que usan, en este plano al menos, los mismos manejos para beneficiarse. Lo demás es chamuyo para la tribuna.
Humberto Tumini recuerda los primeros acuerdos nacionales con el FMI y como evolucionaron hasta la actualidad. Créditos: Santiago Fernández.
El gobierno argentino está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por una deuda de 45.000 millones de dólares, a pagar en el corto plazo, que contrajo la anterior administración de Cambiemos. Dicho préstamo tuvo dos elementos fundamentales que permiten caracterizarlo como fraudulento. En primer lugar, por declaraciones de los propios funcionarios del staff del Fondo, el presidente norteamericano Trump presionó para que fuera otorgado con el objetivo de intentar la reelección de Macri; es decir con un fin esencialmente político. En segundo término, una vez materializado y en particular luego de la contundente derrota del ex presidente en las PASO del 2019, dichos dólares fugaron del país en su totalidad. En parte en manos de bancos que habían ingresado divisas para bicicletas financieras que les permitía el libre ingreso de capitales vigente. En otra porción, por la venta del gobierno a grandes empresas y gente pudiente que luego las derivó al exterior.
En resumidas cuentas, se verificó una verdadera estafa a través de un préstamo enorme, que tuvo intencionalidad política y que se destinó a la fuga de capitales. Ambas cosas prohibidas por los estatutos de aquel organismo, pero que no fueron cuestionadas por el mismo.
Es por ello que desde nuestro partido decimos que, en lugar de pagar dicha deuda, el gobierno argentino debe pedir la investigación de la misma para determinar si es justo y correcto, o no, abonarla.
Pero no solo por eso insistimos con no ir a ningún acuerdo con el Fondo. Sino, además, porque dicha institución, manejada por los países poderosos y en especial los EEUU, utiliza esos acuerdos para beneficiar los intereses de los grandes sectores financieros y las multinacionales, perjudicando a las naciones más débiles como la nuestra. Algo que, en la enorme crisis por la que venimos atravesando de una década a esta parte, sería terrible para el presente y futuro nacional; en especial para las mayorías populares hoy agobiadas por la pobreza, el desempleo y la inflación.
Basta para ver esto que decimos, la experiencia que ha hecho nuestra nación de 66 años a esta parte respecto de los acuerdos con dicho organismo internacional y sus consecuencias concretas.
La historia de la Argentina con el FMI
Tras el derrocamiento de Perón en el golpe de Estado de 1955, el gobierno del general Aramburu adquirió un préstamo externo por 700 millones de dólares, en los marcos de su alineamiento con los EEUU. Que incluyó la incorporación de la Argentina al FMI y al Banco Mundial, junto a la desnacionalización de los depósitos bancarios. Ingresa así el país al círculo vicioso de endeudarse, no poder pagar y volver a endeudarse con créditos cada vez más caros, quedando así sometidos a las presiones y condicionamientos del poder financiero internacional y del gobierno norteamericano, que es el jugador principal de aquel.
Al terminar el gobierno de la “Revolución Libertadora”, ya pasamos de ser un país acreedor en 1955 a uno deudor por 1.100 millones de dólares tres años después.
La siguiente administración, la de Arturo Frondizi, a poco de andar ya recurre al FMI para hacer frente a aquella deuda. Firma entonces un acuerdo con cláusulas secretas de ajuste, como la reducción del 15 % de los empleos públicos con el despido de trabajadores, la paralización total de las obras públicas, privatización de las empresas del Estado, entre ellas reducción y venta de los frigoríficos estatales en favor de los norteamericanos, la clausura masiva de ramales ferroviarios en beneficio de la industria automotriz (Plan Larkin), restricciones en el otorgamiento de créditos, aumento de precios y congelamiento del salario mínimo por dos años. El nunca bien ponderado economista liberal Alvaro Alsogaray, fue el encargado de llevar adelante dicho plan.
Se generaliza entonces la resistencia popular a semejantes políticas y Alsogaray se ve obligado a renunciar en abril de 1961. Un año más tarde los militares echan a Frondizi, ponen a Guido, su vice, en la presidencia y reponen a don Álvaro al frente de economía. El que rápidamente hace un nuevo acuerdo “stand by” con el Fondo, que impuso la reducción a cero de los derechos de importación, el incremento de los impuestos sobre el consumo y de las tarifas de los servicios públicos. Se redujeron las retenciones a las exportaciones tradicionales y se achicaron el gasto y la inversión pública. De manual, como se ve.
Dicho plan produjo una baja de la actividad económica, que a su vez contrajo los ingresos del Estado; por lo que el déficit fiscal no se redujo, sino que aumentó. No fue posible abonar las cuentas ni los salarios del sector público, por tanto, el gobierno decidió pagar con bonos del famoso «empréstito patriótico forzoso».
Así empezaba esa primera etapa de la historia de los pactos de los gobiernos argentinos con el Fondo Monetario Internacional. Los que sistemáticamente ataron a nuestro país a los intereses norteamericanos, a los del poder financiero internacional y a los monopolios extranjeros.
A fines del año 1975, el gobierno de Isabel Perón vuelve a pedir un préstamo al FMI. Como es derrocado por los militares de Videla y compañía unos meses después, son estos los que le dan continuidad a dicho acuerdo. Venía, como es habitual, con condiciones, las que el nuevo Ministro de Economía, el oligarca Alfredo Martínez de Hoz aceptó gustoso. Exigía el Fondo la eliminación de los aranceles de importación, la reorganización del sistema financiero y la liberación del control de movimiento de capitales. Con lo que abrieron la puerta a empezar con la destrucción de la industria nacional (que luego continuaría Menem), a la concentración y extranjerización del sistema bancario y a la bicicleta financiera en gran escala (de la que Macri sabe bastante).
En 1980, cuando el fracaso de dicho plan económico era visible, un alza en las tasas de interés internacional (como la que se aproxima actualmente) hizo saltar todo por el aire. Comenzó un derrumbe de grandes bancos por retiro de depósitos, el Banco de Intercambio Regional fue el primero, que culminó en una gran devaluación que puso contra las cuerdas a todas las grandes empresas endeudadas en dólares baratos gracias a la Tablita de Martínez de Hoz.
Entonces, en los marcos de una enorme recesión, la dictadura, Cavallo y González del Solar mediante, decide nacionalizar las deudas por 22.000 millones de dólares de dichas empresas: Acindar, el grupo Macri, Banco Galicia, Pérez Companc, el Ingenio Ledesma, Loma Negra de Amalita Fortabat, Bunge y Born, etc, etc. A partir de ese momento, todos los argentinos nos haríamos cargo de pagarlas.
Así terminó ese nuevo acuerdo con el FMI y sus exigencias. Un nuevo desastre nacional con destrucción industrial, extranjerización de la economía, salvataje para los ricos y graves consecuencias para las mayorías populares. La deuda externa al final de la Dictadura llegó a 45.000 millones de dólares, incrementándose un 354%.
Se fueron los militares y le dejaron el paquete a Raúl Alfonsín, que prometió en campaña que con la democracia “se come, se educa y se cura”. Pero que no explicitó que con acuerdos con el FMI eso no iba a suceder; tal vez porque pensaba en que no los haría.
Durante un tiempo, para ser justos, pulseó con el Fondo y hasta declaró una moratoria unilateral de la deuda por 180 días. Pero luego, débil (como pareciera ser el actual gobierno de Alberto y Cristina) empezó a negociar y ceder. En diciembre de 1984 firma otra vez un acuerdo con el FMI que exigía una baja del déficit fiscal; no sé si les suena. La reducción del mismo se logró bajando la inversión pública, retrasando los salarios de los empleados públicos y postergando el pago a los proveedores de Estado, lo que repercutió negativamente en el resto de la economía.
Acompañó esas medidas en 1985 con el liberal Plan Austral de Sourrouille, que capotó rápidamente. Nuevo Stand by con el Fondo en 1987, hiperinflación en 1989, desastre económico y social, con retirada anticipada del gobierno e incremento de la deuda externa del 44% en el transcurso de su mandato.
Una vez más, transparentes las consecuencias de hacer acuerdos con el FMI y aceptar sus recetas y condiciones.
Vino entonces, en 1989, el inefable Carlos Menem, acompañado entre otros, vaya sorpresa, por Alvaro Alsogaray, aquel que dijo “hay que pasar el invierno” cuando el primer préstamo del FMI.
En un contexto de muchos petrodólares dando vuelta por el mundo, abrió el riojano de nuevo la economía (para ir supuestamente al primer mundo) y comenzó a endeudar el país. En julio de 1996, cuando Roque Fernández reemplaza a Cavallo, ya el país debía 90.000 millones de dólares, un 55% más que la deuda que dejó Alfonsín. Ni los 23.948 millones de dólares (11 441 millones en efectivo y 12 508 millones en rescate de títulos públicos) recaudados con las privatizaciones impidieron dicho incremento.
La crisis del Tequila con fuga de divisas al exterior, el aumento de las importaciones con la apertura externa, la repatriación de utilidades de las multinacionales, volvieron crecientemente deficitaria la balanza de pagos en el segundo mandato menemista. La salida promovida por los sectores financieros internacionales fue que el gobierno continuara pidiendo plata, con lo que al final de su mandato la deuda llegó a 146.000 millones de dólares.
Los gastos para el funcionamiento del Estado durante la década del ’90 se mantuvieron estables, pasaron del 6,2% del PBI al 6,4%. El gasto social creció un poquito, del 20,3% del PBI al 21,8%. Pero los intereses del pago de aquella deuda pegaron un salto y pasaron del 1,8% al 5,3% del PBI, poniendo en jaque las finanzas públicas.
En esa situación llegó el gobierno de la Alianza, que no tuvo mejor idea que mantener la Convertibilidad. Un dólar cada vez más barato que perjudicaba las exportaciones y facilitaba las importaciones, junto a un creciente deterioro en la balanza exterior turística, que agudizaban el déficit en la balanza de pagos y carcomían las reservas.
No había dólares para pagar la deuda. Entonces a un año de asumir, ya De la Rúa recurre nuevamente al FMI, como si esto fuera solución a los problemas económicos del gobierno. Obtiene un significativo préstamo de 38.000 millones de dólares que se denominó el “blindaje financiero”. Con altísima tasa de interés del 8% y condiciones leoninas del Fondo una vez más para asegurarse el pago: congelamiento del gasto público primario a nivel nacional y provincial por cinco años, reducción del déficit fiscal y reforma del sistema previsional, para elevar a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres (cualquier semejanza con la actualidad no es mera coincidencia). Por supuesto, con monitoreo por parte del Fondo de las cuentas públicas para asegurarse que dicho préstamo se utilizara solo para pagar deuda y volver a ganar la “confianza” del mercado financiero internacional. ¿Les suenan esas palabras?
Las cosas, como siempre, no anduvieron bien, se fue Machinea y llegó de vuelta Cavallo que puso en marcha el “Megacanje”, por el cual se cambiaron bonos de la deuda de corto plazo a un 5% de interés, que la Argentina no podía pagar, por otros a largo plazo al 18%. El ex ministro de Menem junto a Federico Sturzenegger (andando el tiempo presidente del BCRA de Macri) fueron procesados por la justicia, por incrementar la deuda del país con ese megacanje en 53.000 millones de dólares en beneficio de determinados bancos norteamericanos.
Ya sabemos cómo terminó el gobierno de De la Rúa, de la mano del FMI, los sectores financieros y los EEUU: se fue en el helicóptero, dejó 50% de pobreza, 25% de desocupación, el corralito y 31 muertos. También 144.000 millones de dólares de deuda y cero reservas en el Banco Central.
Conclusión
Bien haría el gobierno del Frente de Todos de tomar nota, no solo de que el FMI nos quiere hacer pagar una estafa que promovió a conciencia. Sino también de lo que enseña la larga historia de nuestro país con los “acuerdos” con el Fondo y sus condicionamientos. Solo miseria, atraso y dependencia le han traído a la patria.
Humberto Tumini, presidente del Movimiento Libres del Sur. Créditos: Diario Tag
En nuestro país se vienen sucediendo conflictos entre actividades productivas diversas y el cuidado del medio ambiente. El mas reciente, por el anuncio del gobierno nacional de iniciar la explotación de petróleo y gas offshore a 300 km de las costas marplatenses.
Voy a desarrollar en estas líneas nuestra visión de cómo se debe resolver dicha contradicción, en el contexto concreto que vive nuestra nación.
El país, en este 2022 que comienza, está surcado de significativos problemas de todo tipo: la economía con su correlato de enorme pobreza, extendida falta de vivienda y gravísimas dificultades de empleo, la destrucción de la educación y del sistema sanitario, la inseguridad y el narcotráfico, la corrupción, la emigración de profesionales y, también, como no, situaciones de afectación del medio ambiente.
De todos ellos el mas grave, claramente y por lejos, es el estancamiento económico, que lleva ya décadas y que se ha agravado a ojos vista los últimos 10 años. El que, a su vez y en medida significativa, es causa de gran parte del resto de los dramas que tenemos.
¿Cómo se puede ir saliendo de esta crisis que ha arrojado ya al 40% de las y los argentinos a la pobreza y al 10% a la indigencia? El único camino es invirtiendo para generar producción y empleo.
¿De dónde sacar los recursos para esa recuperación productiva del país, que permita volver a nuestra sociedad a una cierta normalidad y a nuestros jóvenes tener futuro? Hoy por hoy, en lo fundamental, tenemos nuestros recursos naturales: el campo, el petróleo y el gas, la minería incluyendo el litio, las economías regionales.
Nuestra industria, sometida a destrucción durante los gobiernos neoliberales de 1976 para acá, en estos momentos, salvo la vinculada al agro y en cierta medida al acero y el aluminio, no puede proveer hoy el capital suficiente para salir adelante. Por el contrario, lo requiere para reconstruirse. Los servicios, incluyendo los del conocimiento, no tienen el desarrollo necesario todavía y el turismo ayuda, pero limitadamente.
Pero sucede que la explotación de los recursos naturales, indispensable como decimos para poder poner de nuevo en pie el país, genera, en ocasiones, algunos perjuicios ambientales.
En función de esto sectores defensores del medio ambiente, muchas veces con intenciones genuinas y valederas de cuidar la vida, le plantean a la sociedad que no se debe llevar adelante actividad productiva alguna que pueda poner en riesgo la naturaleza y al ser humano. En ciertos casos incluso, justo es decirlo, lo expresan exagerando visiblemente el daño que supuestamente se puede producir; como sucedió hace un tiempo con las pasteras en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
“No es correcto el camino que nos señalan desde ese ambientalismo. La Argentina debe apostar a desplegar todas sus posibilidades, generando inversiones en nuestros recursos naturales y en todas las formas de energía que hagan viable la reindustrialización del país”, expresó Tumini. Créditos: mapfreglobalrisks.com.
El problema con algunos de esos planteos, es no solo la exageración para justificarlos, sino que, además, no van acompañados de explicaciones serias respecto cuál es la alternativa si se dejan de llevar adelante determinadas producciones y actividades, para poder resolver los gravísimos problemas económicos que afectan a nuestro país y, particularmente, a las grandes mayorías populares. Solo se explicita, a veces hasta con cierto fundamentalismo y falta de objetividad, que es lo que no se debe hacer en función de cuidar el medio ambiente.
Sostienen que no hay que usar plaguicidas ni semillas modificadas genéticamente en la producción agropecuaria, tampoco extraer petróleo y gas a través del fracking ni en el mar, no permitir la mega minería en las provincias cordilleranas ni la explotación del litio en el norte, menos construir represas en Misiones o en Santa Cruz, no avanzar con la energía nuclear y así sucesivamente.
Preguntamos entonces nosotros: ¿y de dónde salen los recursos para volver al país productivo, logrando así generar empleo e ir saliendo de la infame pobreza?
No es correcto el camino que nos señalan desde ese ambientalismo. La Argentina debe apostar a desplegar todas sus posibilidades, generando inversiones en nuestros recursos naturales y en todas las formas de energía que hagan viable la reindustrialización del país. Por ahí va la cosa.
Poniéndole fichas y plata también, por cierto, a las energías alternativas, limpias y renovables como la solar, la eólica, de hidrógeno verde. Que son obviamente la apuesta principal al mediano y largo plazo. Pero que hoy todavía son caras y no pueden reemplazar ni de cerca a las tradicionales.
Cuidando por supuesto, a pleno, el medio ambiente en todas esas actividades que señalamos mas arriba; como se hace en los principales países del mundo, esencialmente con estricto control sobre las grandes empresas que participan. Como ha hecho Uruguay con las pasteras, Francia con su energía nuclear, Brasil, Gran Bretaña y Noruega con las explotaciones petrolíferas en el mar, Canadá y Finlandia con la minería, EEUU con las grandes represas y el fracking, como la Comunidad Europea con su agro. Algo que no han hecho en general los gobiernos que hemos tenido en nuestro país en las últimas décadas. Basta para demostrar eso las denuncias y los excelentes documentales que hizo en su momento Pino Solanas.
Decimos entonces: cuidar nuestro medio ambiente, pero llevando adelante con empuje y decisión todas aquellas producciones y actividades. Porque allí reside la posibilidad cierta de recuperarnos de este desastre actual.
El presidente de Libres del Sur también se refirió a las energías renovables como una solución a mediano y largo plazo, pero remarcó que “hoy todavía son caras y no pueden reemplazar ni de cerca a las tradicionales”. Créditos: elperiodicodelaenergia.com.
A lo que debemos agregar una cuestión que está por fuera de lo medioambiental en toda esa explotación de nuestros recursos naturales, pero que hace también a la esencia de la defensa del interés nacional: que los dividendos que de allí se obtengan no vayan en su mayor parte a las multinacionales ni al enriquecimiento de las minorías pudientesautóctonas. Deben estar, por, sobre todo, al servicio de la recuperación de la patria y de las mayorías populares, hoy tan agredidas.
También en este terreno hay ejemplos dignos de emular, como el de Evo Morales en Bolivia al ponerle límites a la renta de las multinacionales, que permitió luego 14 años de crecimiento económico en dicho país. Teniendo en cuenta, además, experiencias extendidas aquí en sentido inverso, de gobiernos que han aceptado abierta o encubiertamente el saqueo llevado a cabo por aquellas empresas.
Por último, debemos señalar que tan importante como todo lo anterior es el papel del Estado Argentino en la explotación, la rentabilidad, el cuidado y el uso que se les da a nuestros recursos naturales, que constituyen la riqueza de la patria. Debe ser parte activa, rompiendo la cantinela neoliberal de que “el mercado” nos va a resolver los problemas. El Estado debe intervenir no solo a través del control para garantizar que no se afecten los intereses nacionales por la voracidad de las grandes empresas privadas, sino también por vía de la participación directa en dichas producciones, como hace hoy YPF en el mercado del petróleo y el gas, generando rentas directas para el país.
Este al que nos lleva Alberto, no sirve. Mas allá de la responsabilidad de Macri en la herencia que dejó y de la pandemia luego, lo cierto es que no se diferencia mucho en su rumbo al fracasado segundo gobierno de Cristina Kirchner.
En el terreno económico porque mas allá del “relato” lo cierto es que, al igual que aquella expresidenta, siempre en cuestiones trascendentes terminan negociando con los factores de poder nacionales y extranjeros. Producto de ello, en definitiva, no son ni chicha ni limonada; mientras tanto, el país sigue su rumbo de decadencia. Así sucedió desde el 2011 hasta el 2015 y también desde el 2019 a la fecha.
Ni que hablar de otros aspectos que, antes y ahora, le enajenaron fuertemente el apoyo de amplios sectores de clase media; indispensables para tener la suficiente espalda política, si se quieren aquí cambios en serio. Podemos señalar en el gobierno de hace unos años atrás la agresividad hacia cualquier opositor, fuera de derecha o izquierda. Recordemos la acusación de “narcosocialismo” hacia excelentes gobernadores de Santa Fe como Hermes Binner y Antonio Bonfatti; o programas repudiables como 6,7,8, entre muchos otros ejemplos. Pero que se reiteran ahora en cuestiones como el vacunatorio VIP o la fiesta de Olivos, donde le dicen a la población una cosa y hacen otra que está en las antípodas.
A ello debemos sumarle, como conducta muy problemática para administraciones que se dicen progresistas, el enorme problema de la corrupción. La materialización de la misma en forma extendida, de arriba abajo, cuando gobernaba CFK y la búsqueda de impunidad explícita hacia esos delitos, desde que llegó el actual presidente hasta ahora.
La experiencia indica que, llevando a la nación por ese rumbo, terminamos con el regreso de la derecha al gobierno. Sucedió en el 2015 y, ahora, sentaron las bases para que vuelva a pasar el 2023. Como demostraron las recientes elecciones legislativas donde ganó Juntos por el Cambio, los mismos que hace dos años se fueron por la puerta de atrás.
Una derecha que de larga data vende una solución mentirosa para el país: que llenemos la copa de los ricos que luego estos van a invertir, generar producción y empleo, en un círculo virtuoso que nos va a sacar del desastre en que estamos. Por supuesto, ocultando que son ellos y esas interesadas recetas los principales responsables de que estemos donde estamos.
Hacen creer, los reaccionarios vernáculos, que sus propuestas son nuevas y que ellos mismos salieron de un repollo. Pero no, estuvieron en el gobierno, desde mediados de los setenta, 7 años con la Dictadura, 10 con Carlitos Menem, 2 con Chupete de la Rúa y finalmente 4 con Mauricio. Veintitrés años de cuarenta y seis. En ellos concentraron la riqueza, extranjerizaron la economía, achicaron la industria, nos endeudaron, incrementaron al infinito la pobreza y el desempleo, precarizaron el mercado laboral, destruyeron la educación y fugaron afuera del país dólares por el valor de un PBI, que salieron del esfuerzo de los argentinos y argentinas de a pie.
Ahora, aprovechándose de un gobierno sin coraje ni soluciones reales, estos dinosaurios autóctonos, como hicieron con el de Cristina en el 2015, venden soluciones neoliberales otra vez. Y van…..
Por tanto, ni lo que ofrecen Alberto, Cristina, Massa, Kicillof, Máximo y compañía. Ni los embustes de los defensores del capital, la sacrosanta propiedad privada y la mano dura: los Macri, Bullrich, Larreta, Vidal y Morales. Hay que ir por otro camino, bien distinto a estos dos que nos han conducido a la debacle que hoy vivimos. Si o si hay que rumbear hacia otro lado para salir, aunque sea lentamente, de la crisis.
Tenemos que invertir para incrementar la producción, aumentar las exportaciones, sustituir importaciones, reconstruir el mercado interno y generar trabajo; que es la forma genuina de salir de la pobreza.
Esos recursos para generar inversión deben salir de nuestros recursos naturales en primer lugar; del campo, el petróleo y el gas, la minería. También de los sectores concentrados, extranjeros y nacionales, de otras áreas, cuyas ganancias deben ser razonables, no exorbitantes como hasta ahora. De los ricos que pagan pocos impuestos y, fundamentalmente, de menores desembolsos de deuda externa.
Por eso no hay que abonar al FMI el fraudulento préstamo a Macri, que nos atará por años una piedra al cuello de la nación.
Crédito: Universidad Calf.
Con esos recursos tenemos que reindustrializar el país, no hay futuro sin industria manufacturera. Desarrollando también las economías regionales, energías renovables, la industria del conocimiento y el turismo, entre otros muchos sectores que generen empleo y nos saquen del atraso a que nos han conducido estos gobiernos.
Las grandes empresas, nacionales y extranjeras, deben tener su lugar, como no, en la reconstrucción de nuestra economía; en tanto y en cuanto no busquen tamaños beneficios a costa del país y la mayoría de sus ciudadanos. Es bueno en este sentido mirarse en el espejo de Evo Morales, cuyas políticas hacia las multinacionales, sin que estas abandonaran Bolivia, permitieron 14 años seguidos de crecimiento del PBI con justa distribución de la riqueza.
Pero la atención principal para un nuevo proyecto de país debe estar en las Pymes y los emprendimientos de la economía popular. Ahí se generan el 80% de los empleos en la Argentina. Y, como bien dice Agustín Salvia, el trabajo es la salida genuina de la pobreza. Las ayudas sociales deben ser solo un paliativo para tiempos duros como los actuales.
Hay que reconstruir la nación con un sentido federal. La sistemática concentración de la población en el área metropolitana de Buenos Aires es un pesado lastre que arrastramos de décadas, una bomba de tiempo que hay que desactivar. No hace falta decir que al día de hoy los peores índices nacionales en pobreza, desempleo, educación, salud y seguridad ya están allí.
Reconstruir la educación primaria, secundaria, terciaria y universitaria, para poder estar a la altura de los nuevos tiempos, es tal vez el principal reto que tiene nuestra sociedad. Invertir en desarrollar la ciencia y la tecnología es comprar soberanía.
No obstante, nada de todo lo antedicho, respecto de sacar nuestra nación del pozo a que la han llevado, es posible sin un Estado fuerte. Eficiente y transparente también, pero por sobre todo fuerte.
Ningún país como el nuestro, de mitad de tabla, con un capitalismo dependiente, deformado, a mitad de camino, con una burguesía sin proyecto de país y/o débil, sale adelante sin un Estado vigoroso; con capacidad de orientar e intervenir en la economía, particularmente en los sectores estratégicos para la recuperación de décadas de crisis. Es falso, mentiroso, que el mercado puede resolver el problema, como pregonan desde el establishment. Tenemos 23 años de gobiernos neoliberales desde 1976 que lo desmienten.
También nos marca el camino, adecuándonos a esta época, la industrialización nacional con justicia social que llevó adelante el general Perón desde 1946 a 1955; dirigida y apoyada desde un Estado soberano y fuerte. Para terminar, digamos que solo un gobierno progresista en serio, audaz y firme, armado de un verdadero proyecto nacional para estos tiempos, con fuerte base y organización política en las mayorías populares, de una dirigencia renovada de raíz, podrá cambiar en serio el rumbo de nuestra patria. Sacarla de la decadencia y ponerla en dirección a volver a tener futuro para todos, no solo para los poderosos y los ricos.
Humberto Tumini y Silvia Saravia, referentes de Libres del Sur, argumentaron en contra del pago de la deuda externa. Crédito: Libres del Sur.
La administración de Macri, con el explícito objetivo de lograr su reelección, endeudó a la Argentina con el FMI por 44.000 millones de dólares a cortísimo plazo; entre el 2021 y el 2024 hay que pagar la totalidad de dicha deuda.
El Gobierno actual viene negociando un nuevo acuerdo, abonándole mientras tanto intereses al Fondo. También una parte del capital: 1.900 millones de dólares en setiembre, y probablemente otros tantos en diciembre. Todo sale de las escasas reservas con que cuenta el país.
Sin embargo, como se ha informado desde el propio Banco Central, “entre mayo del 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos en octubre del 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse US$ 44.500 millones. Estos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los US$ 45.100 millones”.
Cuestión esta última que fue, en alto grado, confirmada por el propio Macri al señalar “la plata del FMI la usamos para pagarle a bancos comerciales que tenían miedo de que volviera el kirchnerismo” (Perfil, 8/11/2021). A esos pagos se deberían agregar los 17.000 millones de dólares que se vendieron desde el Banco Central debe enero a octubre del 2019 a privados.
Corresponde decir, referido a ello, que el propio estatuto del FMI prohíbe utilizar los préstamos que realiza para los fines que los usó el gobierno anterior. Dice aquel en el artículo 4º, que no permite a sus miembros «usar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital».
Evidentemente el FMI no solo hizo un enorme préstamo con intenciones políticas, la reelección del ex presidente, sino que, además, permitió groseramente que se violentara su propia Carta Orgánica en el uso de dichos recursos.
Libres del Sur se opone al pago de la deuda externa. Crédito: AGN
En función de todo lo antedicho, desde nuestro Partido sostenemos que el gobierno actual no debe hacer acuerdo alguno con el Fondo Monetario Internacional por la deuda que contrajo Macri.
Por el contrario, debe suspender de inmediato el pago de capital e intereses; algo que debería haber hecho desde el principio de su mandato. Continuando a su vez con la investigación abierta para determinar qué sucedió con el enorme préstamo del 2018 y saber así adónde fueron a parar esos miles de millones de dólares. Los que, a ojos vista, no se usaron para invertir ni para resolver los acuciantes problemas económicos de la gran mayoría de nuestra sociedad.
Finalmente, debería tener muy en cuenta el gobierno de Alberto Fernández, que la enorme pobreza actual, el hambre, los altos niveles de desempleo e informalidad, la sostenida pérdida de ingresos, como sabemos, solo tienden a empeorar en los países que hacen acuerdos con el FMI por las exigencias a que son sometidos.
Humberto Tumini, Presidente de Libres del Sur, analiza las medidas que llevaron a Argentina a la crisis. Crédito: www.0223.com.ar
Nuestro país se viene deteriorando desde mediados de los años setenta, más allá de algunos cortos períodos de relativa recuperación. En la actualidad ya llevamos 10 años de retroceso, desde fines del 2011 a la fecha. Con descenso del PBI, ni que hablar del per cápita, la inversión, las exportaciones, de los puestos de trabajo, los ingresos de la mayoría y la escolaridad. Solo han aumentado la pobreza y los precios en esta década.
Así estamos, desgraciadamente. Peor aún, sin ningún indicio de alguna luz al final del túnel. Entre otras razones porque la mayoría de la dirigencia política, por intereses o debilidades, a distancia está de explicar públicamente las causas de que hayamos llegado a esta situación. Más lejos se encuentra todavía de ofrecer salidas reales y viables para recuperarnos; aunque sea paulatinamente. Solo chamuyo de corto plazo y electoral en la mayoría de los casos.
Vamos al meollo de la cuestión: ¿por qué estamos como estamos? En lo esencial y fundamental porque desde 1976 a la fecha nos hemos desindustrializado. Agravado esto porque nuestra economía, además, se concentró y extranjerizó.
Ya tuvimos nosotros un proceso de desindustrialización allá por mediados del siglo XIX, cuando las fuerzas porteñas capitaneadas por Mitre derrotaron a las federales de Urquiza en el año 1862, en la batalla de Pavón. A partir de allí la incipiente industria nacional, ubicada en el interior del país, capotó. Bajo el nuevo régimen oligárquico sus productos fueron reemplazados por manufacturas inglesas. Ese proceso, con sus más y sus menos, duró hasta 1930, en que la crisis capitalista mundial nos mostró descarnadamente las consecuencias de haber abortado el desarrollo industrial.
Según Tumini, el principal motivo de la situación actual del país es la desindustrialización que se ha producido desde 1976. Crédito: www.motoreconomico.com.ar.
Sin embargo, debemos decir que aquel proyecto de país que inicia Bartolomé Mitre y luego continúan Sarmiento, Avellaneda, Roca y demás personajes, tenía una alternativa de crecimiento económico al sacrificio de la industria: venderles carnes y granos a los ingleses. Como estos demandaban fuertemente esos alimentos para sus obreros y, al mismo tiempo, nuestra población era escasa (4 millones de habitantes en 1900), ese rumbo de nación no entró en crisis durante 70 años; más allá de altibajos económicos lógicos para cualquier país.
Por supuesto cuando se agotó, mostrando sus profundas limitaciones al contemplar mucho más los intereses de la oligarquía terrateniente que los nacionales, tuvimos que buscar industrializarnos lo más rápidamente posible. Única salida frente al nuevo mundo que se dibujaba y ante un crecimiento poblacional intenso (en 1930 ya estábamos en los 11 millones de habitantes, casi tres veces más que a fines del siglo XIX).
El proceso de sustitución de importaciones industriales se inició paulatinamente y por obligación en la década del 30’. Luego aceleradamente durante los diez años de gobierno del General Perón. Extendiéndose después dos décadas más, con un componente importante de capital extranjero (fue la llegada de las fábricas automotrices, entre otras).
No obstante, a mediados de los años setenta era visible que ese modelo de sustitución de importaciones daba signos de agotamiento. El país necesitaba de un nuevo rumbo. La confrontación entre modelos antagónicos de salida se dirimió a través de las armas y la guerra civil, como sucedió en la primera mitad del siglo XIX. Los que ganaron esta vez, salvando las distancias, fueron los mismos que en aquel entonces.
Procedió entonces la última dictadura militar, junto a los principales exponentes del poder económico local, a darle a nuestra nación un nuevo y profundo derrotero acorde con sus intereses.
En lo fundamental, dicho modelo de la nueva oligarquía consistía en volver a poner eje económico dominante en las actividades primarias exportadoras o con ventajas comparativas vinculadas al campo. Lo graficaba muy bien Alejandro Estrada, Secretario de Comercio Exterior de Martínez de Hoz, cuando decía “es lo mismo producir caramelos que acero”.
Manejaban el concepto de que la mayoría de la industria local era ineficiente. Por lo tanto, al igual que habían hecho 100 años antes, había que reemplazarla por importaciones abriendo la economía. El eje económico del país debía virar a las exportaciones primarias, sobre todo agrícolas y ganaderas, y sus manufacturas. Permitiendo al mismo tiempo el ingreso de las multinacionales para sustituir parte de la producción nacional; como también de los grandes bancos extranjeros para financiar al Estado y a los privados, como habían hecho los bancos ingleses allá lejos y hace tiempo.
Por supuesto que tenían plena conciencia de que, de ese modelo, no se podía esperar un país que cobijara a los 26 millones de habitantes que ya éramos para ese entonces. En primer lugar, porque el mercado interno ya no sería tan importante como en las décadas anteriores. Lo que significaba menos empleos y que el salario de los trabajadores pasaba a transformarse en lo fundamental un gasto que había que achicar, no un elemento dinamizador. Cuanto más bajo, mayor competitividad externa para las empresas. La salud y la educación pública dejaron por tanto de ser necesarias para el capital, solo otro gasto “improductivo”. Por todo ello reprimieron los militares no solo a la guerrilla, sino además a los trabajadores y sus dirigentes sindicales. Para eliminar la resistencia a su plan de los que se negaban a quedar a la intemperie.
Pero, además, a diferencia del proyecto de la terrateniente “generación del ‘80”, este nuevo que vinieron a imponernos Videla y compañía no tenía la potencia exportadora de aquel como para reemplazar el papel de la industria. Si de achicar a ésta se trataba, aquí, en esta nación, no entraban una parte significativa de nuestros compatriotas; como ha verificado la historia desde 1976 a la fecha. No habría estabilidad económica y, por ende, política posible.
Tumini apunta al modelo de desindustrialización heredado de la última dictadura cívico militar. Crédito: es.topwar.ru.
Ese país que nos dejó la dictadura, de dos pisos porque no entramos todos y todas en él, es el que se ha extendido hasta nuestros días durante 40 años. Profundizado por la derecha cuando se hizo del gobierno con Menem y Macri. Pero también, el que no pudieron modificar Alfonsín, el kirchnerismo, ni Alberto ahora.
Dicho modelo, que diseñaron y luego implementaron los ganadores de la guerra civil de los años setenta, como decimos arriba fue de desindustrialización (el PBI industrial bajó del 30% del PBI total en 1976, al 17% en el 2019), de concentración y extranjerización económica. No ha sido reemplazado hasta nuestros días y es lo que está en la base del retroceso nacional, de este desastre que estamos viendo. Donde nuestros jóvenes (y los no tan jóvenes) están buscando la manera de irse a vivir a otro lado para tener futuro (y presente).
Si no cambiamos en definitiva el derrotero de fondo que sigue la Argentina desde hace cuatro décadas, no tenemos salida. La decadencia seguirá su camino.
Para revertir este estado de cosas, en primer lugar, hay que reindustrializar sostenidamente. Para exportar no solo productos primarios, sino cada vez más manufacturas con valor agregado. Reemplazando paralelamente importaciones para aliviar la restricción externa. Expandiendo las pequeñas y medianas empresas y los emprendimientos de la economía popular, que son los que generan empleo.
En la medida que se marche por ese rumbo, que crezcan nuestras exportaciones y disminuyan su peso relativo las importaciones, debemos volver a valorizar el mercado interno como eje principal de desarrollo y construcción de una sociedad distinta en todos los terrenos.
Para todo ello hacen falta recursos primero e inversiones luego. Totalmente falso que “el mercado” va a resolver eso. Un país como el nuestro para salir adelante requiere un Estado eficiente, transparente y sobre todo bien fuerte, que oriente y sea parte del desarrollo.
Estado que garantice un adecuado sistema impositivo, no como el actual de alto beneficio para ricos y grandes empresas. Que asegure crédito barato para producir y que controle el uso de nuestros recursos naturales para el crecimiento nacional: el campo, el litio, Vaca Muerta, la minería deben ser parte fundamental del aporte a nuestro desarrollo y no funcionales al enriquecimiento de los poderosos.
El presidente de Libres del Sur sostiene que el Estado debe controlar “el uso de nuestros recursos naturales para el crecimiento nacional”, tal como Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Crédito: www.argentina.gob.ar.
Que tenga presencia propia en las áreas estratégicas, sobre todo de comercio exterior. Nunca hay que olvidar que la Argentina se industrializó en serio con el IAPI.
Un Estado que trabaje para revertir el nivel de concentración que tenemos hoy. Que se expresa en forma inequívoca en el crecimiento de los precios, que trasladan ingresos a las grandes empresas desde y en perjuicio de la gran mayoría de la población. Cómo será de desvergonzada esta maniobra que, hasta la derecha, en boca de Rodríguez Larreta, dice que “hay que ir contra los monopolios y garantizar competencia”.
Un Estado que revierta paulatinamente la extranjerización de nuestra economía, que transfiere en forma permanente capital fuera del país. Ganancias (en muchos casos siderales) de las multinacionales que no se invierten aquí para nuestro desarrollo, sino que se sacan muy mayoritariamente al exterior. Hay que derogar para ello la ley de inversiones extranjeras menemista.
Finalmente, también debemos frenar el constante drenaje, desde la dictadura a la fecha, de capital propio que se destina al pago de la deuda externa; siempre usurera y muchas veces fraudulenta. ¿Si eso sigue sucediendo, cómo reindustrializamos y desarrollamos este país?
Ya el ministro Guzmán hizo una muy mala negociación con los acreedores privados, bien distinta del canje de Lavagna, que en pocos años nos obligará a pagar muchos dólares. Ahora está lo del FMI. Si no se patea muy adelante el pago de esa deuda, con quita, sin aceptar condiciones leoninas, no habrá salida al drama nacional. Eso es lo que está en juego en la negociación con el Fondo.
Dijo Guzmán que “el préstamo del Fondo fue un apoyo a la campaña electoral de Macri y es ahora el pueblo el que lo está pagando. Acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía”. Esperemos no sea chamuyo electoral y luego se bajen los lienzos y acepten los aprietes. pic.twitter.com/A517lbdHcY
Las fuerzas antinacionales nos impusieron desde 1976 en adelante este modelo que, en definitiva, para nuestra desgracia, seguimos teniendo. Sin que se haya logrado modificar ese rumbo cuando algunas posibilidades hubo para ello, por vacilaciones y/o falta de convicción.
Es hora entonces que, ahora, sin demoras, los sectores nacionales y populares, progresistas, de izquierda, políticos y sociales, retomemos la pelea sin claudicaciones para llevar la Argentina hacia otro futuro. Con la voluntad y el valor de muchos que nos han precedido en nuestra historia,
La empresa requiere coraje, no “relato”, dijo alguna vez San Martín.
Humberto Tumini, el presidente de Libres del Sur. Créditos: Revista el Arcón de Clio.
Días atrás, el presidente de la Cámara de Diputados habló de un acuerdo con los opositores. En nombre de todo el gobierno, incluyendo explícitamente tanto a Alberto como a Cristina, Sergio Massa dijo: “Sin importar el resultado, ganemos o perdamos, después de la elección vamos a convocar a un acuerdo a la oposición, a los empresarios y los trabajadores para el diseño de 10 políticas de Estado para la Argentina”.
Entre los temas a debatir incluyó la deuda externa: “Que solo se tome para infraestructura y no para gastos corrientes” y el trabajo: “transformar los planes sociales en trabajo genuino”. También la pobreza, las políticas sociales y educativas, el crecimiento económico, la agroindustria, los recursos naturales y las cuestiones energéticas. Probablemente la seguridad.
Si no es chamuyo electoral, teniendo en cuenta que esto aparece luego de la derrota en las PASO, nos parece perfecto. Hace rato que la Argentina, que arrastra 40 años de decadencia, requiere algún nivel de acuerdo mayoritario en políticas de Estado. Lamentablemente tanto el macrismo como el kirchnerismo priorizaron, por intereses propios, fogonear la grieta y así estamos, en el fondo del pozo.
En este momento, luego de una década de retroceso económico y social tenemos, como se sabe, 40% de pobres, de ellos 10% indigentes. El 50% de los hombres y mujeres en edad de trabajar están desocupados o en la informalidad. Desde el 2011 no crece el empleo privado, solo el público, y la inversión productiva está en la lona. Exportamos menos que hace una década. Un millón de jóvenes abandonaron la escuela secundaria el 2020 y se reciben en ese nivel solo la mitad de los que ingresan. Cunde el deseo de irse del país.
Por suerte la pandemia va aflojando, el mundo se recupera económicamente y acá, en forma paulatina, sucede lo mismo. Sería hora, cómo no, en el marco del desastre que describimos más arriba, de ver de ponernos de acuerdo. Aunque sea en las grandes líneas que permitan salir adelante. Contemplando, eso sí, los intereses nacionales. Como también justicia y equidad social para las mayorías de menores ingresos.
La deuda externa es una pesada losa para el crecimiento del país. Necesitamos, por tanto, negociar su pago para bien adelante. Pero, además, no se deben aceptar aquellas condiciones que suele poner el FMI, absolutamente lesivas para los niveles de vida de las mayorías populares, como nos indica una muy larga experiencia.
Los recursos naturales son fundamentales para reindustrializar la Argentina, algo que debe ser el principal objetivo estratégico. De aquellos depende en lo fundamental y por todo un período que tengamos dólares suficientes, energía a bajo costo y materias primas. Por lo cual está bien recurrir, donde haga falta, a inversiones privadas para poder aprovecharlos. Siempre y cuando no se sacrifique el interés nacional por esa vía. Esos recursos deben servir para desarrollarnos y no para que nos saqueen.
En lo que a distribución de los ingresos refiere, en esta etapa de paulatina recuperación económica, es claro que hay que contemplar los intereses de todos y no solo el de los ricos. Ya sabemos qué sucede cuando se aplican planes para “llenar la copa” de las minorías pudientes, con el verso de que es para que luego derrame.
Los recursos para invertir y crear empleo son fundamentales, pero no pueden salir mayoritariamente de los que menos tienen, como propone el establishment.
La recuperación económica, que seguramente será lenta, debe contemplar no solo las ganancias empresariales, que son importantes. Sino también, cómo vamos sacando de la pobreza a millones de compatriotas y de qué forma deja de haber hambre en el país; incluyendo qué sistema impositivo usamos para ello. En definitiva: tener muy en cuenta el desarrollo y, también, la manera en que le damos un piso de dignidad a todas y todos los argentinos.
Para que eso suceda necesitamos un Estado ágil y eficiente, pero además vigoroso. En la prestación de salud y educación, en lo científico y tecnológico. Con activas políticas sociales. Que intervenga en la economía con inversión y crédito. Que controle la explotación de los recursos naturales y tenga presencia en áreas estratégicas. No es cierto que el “mercado” va a resolver en lo fundamental los problemas. Ya tuvimos largas experiencias con Martínez de Hoz y la dictadura, con Menem y Cavallo, recientemente con Macri. Vimos en qué condiciones dejaron nuestra nación los neoliberales.
Finalmente, digamos que la inseguridad es un muy grave flagelo que afecta transversalmente a toda nuestra sociedad. ¿Cómo no vamos a tener algún acuerdo para poder abordarla y disminuirla? Pero condición necesaria para ello es tener un diagnóstico más o menos común sobre sus causas y, partiendo de eso, ver cómo resolverla.
Si nos vienen, a lo Bullrich y Berni, con que el problema, por obra de la “condición humana”, está en los pobres y los jóvenes. Que la salida es la mano dura con ellos, el gatillo fácil policial, leyes más punitivas y la “guerra” yanqui a las drogas, cuestiones que nunca mostraron resultados salvo tratar con autoritarismo a una parte importante de la sociedad. No habrá síntesis, claro.
A todo ello deberíamos agregar, dos cuestiones que siempre se mentan pero que nunca suelen materializarse: una justicia verdaderamente independiente y una democracia mucho más participativa que la que tenemos.
Esos son los grandes temas de Estado que habría que discutir. Esa, la que detallo arriba, es nuestra visión de la salida a los grandes problemas de nuestro país. Ahora bien: ¿están más o menos de acuerdo entre los distintos sectores que componen el gobierno, en las estrategias y políticas para las cuestiones que enumera Massa? ¿Hay alguna posibilidad de compatibilizar las posiciones entre el gobierno y Juntos por el Cambio, siempre impregnadas de intereses políticos, electorales y personales, donde el patriotismo brilla por su ausencia?
Ojalá, aunque hay mucho lugar para el escepticismo con estos actores.
