La espera llega a su fin. Este jueves 2 de febrero se conocerá la decisión de la Justicia respecto a las acusadas por la muerte de Lucio Dupuy. Se trata de la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.
Ambas están acusadas de «homicidio agravado con ensañamiento y alevosía» y «abuso sexual gravemente ultrajante». El menor falleció el 26 de noviembre de 2021 en La Pampa, tras recibir una fuerte golpiza. En ese momento tenía tan solo 5 años.
Quienes decidirán su inocencia o culpabilidad son les jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora, del Tribunal de Audiencias de Santa Rosa. Por su parte, Espósito Valenti y Páez están detenidas en el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis desde noviembre de 2021. Sin embargo, volvieron a La Pampa para el juicio oral.
El mismo comenzó el 10 de noviembre de 2022 y se extendió durante más de un mes. Al finalizar el proceso, la fiscalía solicitó que a las acusadas se las declare culpables del «homicidio calificado y abuso sexual» de la víctima. Dichos delitos prevén una pena de prisión perpetua.
Cabe mencionar que la querella que integra Christian Dupuy, padre del menor, introdujo el agravante de «odio de género». En tanto, las defensas de Espósito Valenti y Páez plantearon la hipótesis de un hecho «preterintencional», que contempla una pena menor por no abarcar la intención de muerte.
“Perdoname, hijo. No llegué a tiempo”
Así escribía en sus redes sociales Christian Dupuy, el padre de Lucio, horas después del asesinato del niño. Esto se debe a que existía una disputa en torno a la tenencia del menor que databa de varios meses, y culminó con su muerte.
Ramón Dupuy, abuelo del menor, relató a Página 12 que en noviembre de 2018 “trajimos al nene”. “Ella nos entregó a Lucio porque no estaba en las condiciones para criarlo”. Se refería a la madre del menor, Magdalena Espósito Valenti, quien estaba en situación de desempleo.
Por eso, Lucio quedó a cargo de sus tíos paternos, ya que Christian Dupuy trabajaba a varios kilómetros de Santa Rosa. Pero en 2020, Espósito Valenti recuperó la estabilidad económica y solicitó la tenencia de su hijo. Al momento de su muerte, Lucio Dupuy vivía en un departamento con su madre y su pareja, Abigail Páez.
La noche del 26 de noviembre de 2021, vecines lo llevaron al Hospital Evita de Santa Rosa, donde falleció. Les médiques notificaron que había indicios de malos tratos. Asimismo, la autopsia reveló que sufrió «politraumatismos» y presentaba evidencia de lesiones anteriores. «Nunca vi algo parecido», dijo entonces el forense Juan Carlos Toulouse.
El maltrato infantil y el (in)accionar estatal
En estos días, los medios de comunicación hablan de forma constante del caso de Lucio Dupuy. Su nombre es sinónimo del horror que significa el maltrato infantil. Además, pone en foco las distintas instancias estatales en las que no se dio la luz de alerta por la tortura que vivía el niño.
Luego de su fallecimiento se supo que el menor había ingresado varias veces en distintos hospitales de La Pampa por golpes, pero ningún profesional reportó las lesiones. Por ejemplo, entre diciembre de 2020 y marzo del 2021 tuvo cinco visitas a diferentes nosocomios por la misma razón.
En ese sentido, su familia paterna iniciará una demanda contra La Pampa ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no responder a los pedidos sobre el cuidado del menor. De igual forma actuarán contra el sistema de salud de la provincia, por no activar el protocolo de caso de violencia infantil.
A su vez, la Fundación Más Vida denunció ayer por la violación de los deberes de funcionario público a la magistrada Ana Clara Pérez Ballester. Se trata de la jueza que en 2020 le otorgó la custodia de Lucio a su madre y a la pareja. Está a cargo del Juzgado de Familia y del Menor 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de General Pico.
Les integrantes de la ONG alegaron que, “en su condición de magistrada de Familia se desinteresó absolutamente de la situación en que se encontraba la víctima”. Raúl Magnasco, presidente de la Fundación, dijo a Télam que Pérez Ballester “fue parcial en el obrar de la causa sobre la tenencia”. Aseguró que si bien se sometió a pericias y análisis socio-ambientales a los tíos que cuidaban a Lucio, no se hizo lo mismo con su progenitora.
Por otra parte, se encuentra próxima a su aprobación la Ley Lucio. La misma establece la capacitación obligatoria sobre derechos y violencias contra las infancias y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. Esto incluiría a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, por 228 votos a favor. Dado que falta su tratamiento en el Senado, el proyecto ingresó dentro de la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias, convocadas desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero.