El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresó a través de un comunicado su enérgico rechazo al aumento del precio del peaje en la ruta nacional 105, en la provincia de Misiones. La entidad se refirió a la medida adoptada por el gobierno provincial como un “nuevo y brutal tarifazo claramente ilegal, abusivo, inapropiado e injusto”.
Desde la institución, que defiende a les usuaries de carreteras, argumentaron que se trató de una decisión “carente de todo fundamento técnico-económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte”.
Además, criticaron a las autoridades gubernamentales, “ya que ni siquiera se convocó a una Audiencia Pública para que los usuarios viales directos e indirectos pudieran expresar sus reclamos”. En ese sentido, objetaron que no se planteen alternativas “para evitar este descomunal ajuste” que consideran “un verdadero impuesto al tránsito”.
También denunciaron que con la medida adoptada, “se sigue beneficiando y premiando a la Empresa concesionaria Covint Concesionario Vial sin importar los graves perjuicios sociales y económicos que se ocasiona a toda la sociedad en su conjunto”. Al respecto, señalaron que el aumento incide en el costo de transporte y por ende en todos los precios de la economía nacional.
Para comprender en detalle la problemática, Nota al Pie entrevistó a Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV).
¿Qué extensión tiene la ruta cuyo peaje está concesionado?
Tiene aproximadamente unos 50 km, y une Posadas con San José, en un ámbito casi totalmente rural. Se comunica con las Rutas Nacionales 12 y 14 que son los corredores viales más importantes en la provincia misionera.
¿En qué precios estaba el peaje y cuál es el precio con el aumento?
El aumento comenzó a regir el 1° de enero de 2023, y fue de un 130 %. Cabe destacar que en julio del 2021 se autorizó un incremento del 150 %. Es decir que el aumento desde julio 2021 a enero 2023 es de 480 %.
La tarifa de la categoría 1, en julio del 2021 era de $12 y pasó a $30, hoy es de $70. Hoy por hoy estás son las tarifas actuales: Categoría 1: $70, Categorías 2 y 3: $140, Categoría 4: $280, Categoría 5: $350 y Categoría 6: $420.
¿Puede comentar sobre la empresa concesionaria?
La empresa concesionaria es COVINT de Carlos Enriquez Albano S. A. UTE. Dicha empresa se dedica exclusivamente a recaudar el “peaje” ya que las obras de envergadura se hacen con aportes del Estado Nacional y/o provincial.
Inclusive, la empresa concesionaria, recibe subsidios por parte de la provincia ya que lo que recauda ni siquiera alcanza para solventar el costo operativo de la estación de cobro como de la propia empresa.
Esto ocurre por el bajo caudal de tránsito, que hace inviable y antieconómico el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta. La “política tarifaria” del peaje no puede verse más que como medida recaudatoria, y lejos se encuentra de ser instrumento de regulación del transporte de manera integral.
El aumento constante de las tarifas de peaje, y sin fundamento técnico económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte, es otro ladrillo más en una pared de aumentos sucesivos que frena el consumo y limita los ingresos de las mayorías populares argentinas.
¿Quién es el que habilita el incremento del precio?
Es el Poder Concedente, es decir el Estado provincial a través de la Dirección de Vialidad Provincial.
¿Existe un mecanismo de audiencia pública para que las personas o sectores de usuarios puedan transmitir su opinión?
Las concesiones viales tienen carácter de servicio público, motivo por el cual cuando hay modificación del cuadro tarifario debería convocarse por lo menos a una audiencia pública. Esto nunca se implementó.
Por otra parte no existe Marco Regulatorio o Ente Regulador, que contemple la participación de los usuarios viales directos e indirectos. Los caminos son de dominio público, y no propiedad de un presidente, gobernador, intendente, funcionario público, etc.
Es decir que quienes somos usuarios viales directos e indirectos merecemos ser convocados para la toma de decisiones correspondientes al corredor vial en cuestión.
Es muy llamativa la indiferencia por parte de los legisladores provinciales, que deberían involucrarse para trabajar en defensa del interés general. Existen en el ámbito de la legislatura provincial Comisiones de Transporte, de Obras Públicas, de Asuntos Constitucionales, de Defensa de Usuarios y Consumidores. Tampoco actúa la Defensoría del Pueblo provincial.
¿Quienes serían los afectados por este incremento?
Este “falso peaje” es claramente un impuesto al tránsito y actúa como un cargo económico. Afecta no solo a los usuarios viales, sino a toda la sociedad en su conjunto. Esto es por el aumento en el costo de transporte.
¿De qué modo afectaría a les productores agropecuarios locales?
Repercute en toda la actividad agropecuaria-forestal, pero la variación depende mucho de acuerdo a la distancia, entre otras cosas, a los centros de consumo, de distribución, etc. Afecta fundamentalmente a las economías regionales.
¿Esta ruta es utilizada por quienes realizan turismo en Misiones?
La problemática en sí no es el turismo. Ya que el que sale, por ejemplo, de vacaciones, abonará este “falso peaje” una sola vez. El tema grave es para aquellos que tienen que utilizar el corredor vial en cuestión en forma reiterada durante todo el año.
¿Cuál es el estado de esta ruta concesionada y qué servicios se brinda al viajero?
Regular y sin una contraprestación adecuada. Existen muchos métodos para financiar obras de infraestructura vial, debiéndose elegir el mejor de forma tal que el camino genere riquezas para beneficiar a toda la sociedad en su conjunto a través de una real baja en el costo de transporte.
Un camino no puede generar pérdidas. Lamentablemente para el caso en cuestión (ocurre en todas las concesiones viales del país) se eligió el peor método que es el del sistema directo de peaje con cabinas de cobro en ruta.
¿Cuál es la desventaja de esa modalidad?
Ocurre que este sistema está concebido para cuando primero se hace la obra, luego de finalizada se recupera la inversión con una tarifa de peaje razonable y una renta razonable por tratarse de un servicio público. Además tiene que existir un camino alternativo libre de pago. Acá se hizo todo lo contrario.
Se implementó un régimen de peaje directo con cabinas de cobro en ruta pero en rutas existentes pagadas con creces con nuestros impuestos y sin camino alternativo libre de pago. Por ese motivo los usuarios viales somos rehenes de cada empresa concesionaria (pública o privada) sin derecho a nada (o paga o no pasa).
Se han creado una especie de monopolios naturales. Encima es un “peaje” sólo de mantenimiento y a veces ni eso. Recordar que las obras de envergadura se hacen con fondos del Estado Nacional y/o Provincial.
Por ello decimos que no es un “peaje”. Es un claro impuesto al tránsito, claramente inconstitucional por la falta de camino alternativo libre de pago. Cabe señalar que del Impuesto a los Combustibles se recaudan en forma anual más de 160 mil millones. Sin embargo, cada gobierno malversa dichos fondos sin control alguno.
¿Qué criterio debería considerarse al momento de establecer el precio?
Este tema es sumamente importante. Para este caso concreto de la Ruta Nacional 105, es que no existe estudio de fundamentación de las tarifas y especialmente de la relación beneficio/costo del usuario.
Es decir, no se cumple con la Ley de peaje Nacional 17.520 ni con las reglas de arte de la ingeniería económica de transporte: “La tarifa no puede superar el beneficio económico que recibe el usuario”. Al no existir dicho estudio, estamos hablando de tarifas ilegales, que no cumplen la Ley.
Los peajes constituyen un problema amplio que deben ser abordados de modo integral.
Absolutamente. En resumen tenemos un sistema inconstitucional por la falta de camino alternativo libre de pago y doble imposición. Además, es inviable y antieconómico, por el bajo caudal de tránsito, motivo por el cual lo que se recauda en su mayor parte se destina al gasto fenomenal del costo operativo de la estación de peaje, sin volcarse plata al camino.
A su vez es injusto, ya que al tratarse de un sistema abierto, algunos pagan y otros no, según el tramo que haga el usuario vial. Finalmente es ilegal, porque las tarifas no cumplen con la Ley de Peaje ni con las reglas de arte de la ingeniería económica de transporte. Se trata de una verdadera estafa final que persiste en el tiempo.