El Congreso Nacional tendrá una agenda cargada de cara al 2023. Antes de darse el cierre legislativo del corriente año, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, pretende que el Poder Legislativo trabaje la modificación de la Ley de Presupuesto por la coparticipación, la Ley de blanqueo y una nueva “moratoria previsional”.
Sin embargo, la actividad parlamentaria para el verano es baja y además el calendario político en año electoral la compromete aún más. A su vez, el oficialismo viene arrastrando problemas para el desarrollo político en ambas cámaras.
Acerca de los seis proyectos del legislativo
“Estamos trabajando para ver cuál es la alternativa que encontramos”, planteó el mandatario en declaraciones al canal C5N. Fernández convocará a sesiones extraordinarias para, entre otros aspectos, tratar alguna propuesta con el propósito de cumplir el fallo de la Corte Suprema sobre Coparticipación.
En ese sentido, la propuesta inicial es modificar la Ley de Presupuesto 2023 incluyendo en las partidas los fondos destinados a compensar a CABA con los recursos que ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Para ello, se planea que estos recursos provengan de la suba del impuesto al juego online para no intervenir las partidas provinciales y profundizar la puja.
Otro de los proyectos que espera tratarse es la Ley de blanqueo mediante la cual el Ministerio de Economía aspira a complementar el acuerdo fiscal con Estados Unidos suscrito en noviembre. A su vez, el gobierno quiere avanzar en la nueva moratoria previsional que ya obtuvo media sanción del Senado en julio y beneficiaría a cerca de 1.500.000 adultes mayores.
Por otro lado, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley que le dé un marco de previsibilidad y fomente las inversiones en Gas Natural Licuado (GNL) e hidrógeno para las próximas tres décadas.
En efecto, se busca impulsar la construcción de la planta productora de GNL en el sur bonaerense (Bahía Blanca, para ser más precisos) que se anunció este año, una vez que se finalice el Gasoducto Néstor Kirchner.
Asimismo, la idea es incluir en el temario una ley de fomento al desarrollo agroindustrial y la ley de creación de cinco nuevas universidades, factor de conflicto en una de las últimas sesiones.
Un Congreso desfavorable para el Frente de Todos
El Gobierno Nacional apura el tratamiento de este paquete de proyectos para poder iniciar el año legislativo de 2023 con propuestas, varias de ellas para revertir la escasez de divisas, resueltas o, por lo menos, avanzadas. Sin embargo, se le presentan dos dificultades.
En primer lugar, el receso de verano de la primera quincena de enero pero también la común inactividad hasta fin de mes. En segundo lugar, el calendario electoral de 2023 que apremia los márgenes de trabajo para los parlamentarios dado sus compromisos políticos en sus respectivas provincias, algunas de ellas con instancias definitorias en el primer cuatrimestre.
Además, el oficialismo tiene un panorama complicado en el ámbito legislativo. Este año no solo se expresó el retroceso parlamentario producto de la derrota en las elecciones de medio término en 2021. También se resintieron algunos vínculos con los bloques “del medio”, por ende cualquier ausente puede hacer caer una sesión, por ejemplo.
De hecho, en Diputados fracasaron las últimas tres convocatorias realizadas por el Frente de Todos. En la Cámara Alta la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, tendrá el desafío de tender puentes con Juntos por el Cambio para retomar el funcionamiento en Diputados, donde el oficialismo está a once diputados del quórum.
El Interbloque Federal, que cuenta con ocho parlamentarios, también ha puesto condiciones. Si el objetivo de Fernández es aprobar estos seis proyectos, el Frente de Todos deberá retomar el diálogo para generar las mejores condiciones de acuerdo.
Balance legislativo
El oficialismo también comienza a realizar balances del año legislativo. En 2022 se sancionaron una treintena de leyes, caracterizándose por una productividad más baja que la de 2020 y 2021, años donde se impuso el trabajo virtual por las condiciones de la pandemia. Pero también alarma la parálisis en Diputados fruto de su propia incapacidad de lograr acuerdos con la oposición para resolver el quórum.
El Frente Renovador, conducido por el ministro de Economía, realiza un balance favorable: en 2022 se sancionaron el incentivo a la construcción, el alivio fiscal y la actualización de la escala de ganancias, todas propuestas propias. También se avanzó en la ley de Promoción de Inversiones en la industria automotriz, la ley de Nanotecnología y la de Agujero Azul.
En el camino quedó el proyecto de Boleta Única de Papel, resista en el senado por los gobernadores peronistas. Tampoco se trabajó la Ley de Alquileres ni la Ley de Humedales, propuestas de sectores de izquierda articuladas con organizaciones civiles y frenadas por inmobiliarias y productores agropecuarios, respectivamente.
El kirchnerismo tampoco tuvo éxito con una de los proyectos que más empujó: la reforma del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte, impulsados por Cristina Fernández de Kirchner y trabados en Diputados.
Tampoco el presidente consiguió que se resolviera el impuesto a la “renta inesperada”, el Compre Argentino y la ley de Agroindustria. Como contraparte, se consagraron como normas la nueva legislación de VIH y Oncopediatría al igual que el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
El impacto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
El año legislativo quedará signado por la Ley Nº27.668, que autorizó al P.E.N a firmar el acuerdo con el FMI para refinanciar la ilegítima deuda contraída en 2018 por el gobierno macrista. Con 56 votos positivos, 13 negativos y 3 abstenciones el Senado le dio sanción completa a la iniciativa que reforzó los grados de dependencia económica por la deuda externa.
En aquel entonces, legisladores del Frente de Todos y Juntos por el Cambio coincidieron en la necesidad de priorizar el acuerdo con tal de evitar el default. El debate sobre el acuerdo también fue factor de división dentro del oficialismo, ya que derivó en la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque y el voto negativo del cristinismo.