La disputa entre el gobierno nacional y el porteño sigue y la tensión no afloja. El conflicto por el aumento de la masa coparticipable generó un marcado cortocircuito entre las partes y cada uno juega sus cartas para ganar la partida.
En las últimas horas, a través de dos presentaciones que llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Gobierno de Alberto Fernández interpuso una revocatoria para que se deje sin efecto la medida cautelar dictada el 21 de diciembre y reclamó que los integrantes del máximo tribunal se excusen de intervenir para que la presentación pueda ser analizada por jueces que no hubieran participado de la decisión cuestionada.
La presentación del Gobierno
“A través del fallo aquí cuestionado, la Corte Suprema ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales. En el decisorio que aquí se cuestiona, el Alto Tribunal transgrede el sistema republicano de gobierno y la separación de poderes”, sostuvo el Estado Nacional en uno de los escritos.
También afirmó que “la sentencia afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios para poder llevar adelante políticas esenciales que corrijan las desigualdades estructurales que existen en las Provincias argentinas”.
El escrito de Zannini advirtió que “la discusión debía centrarse, estrictamente, sobre la cuantía de los recursos (montos, no porcentual de coparticipación) a transferir por el Tesoro de la Nación para cumplir con la compensación (…) de modo de cubrir el costo de los servicios de seguridad no federales traspasados desde la Nación a la Ciudad”.
Pero, alertó, “de los términos de la sentencia surge que ese Alto Tribunal ya ha juzgado, anticipadamente sobre distintos aspectos que hacen al fondo de la disputa» y entonces «ya ha fijado el criterio de que a la CABA le correspondería un porcentaje de la masa coparticipable por los servicios transferidos”.
“El fallo sustrae recursos de la Nación que sustentan prestaciones destinadas a las Provincias para destinarlos a la CABA, jurisdicción que se encuentra en una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal muy superior, en comparación con las provincias argentinas”, enfatizó el Gobierno nacional que afirma que con esta resolución se desvirtua la naturaleza jurídica de las medidas cautelares.
La postura del presidente
El pasado lunes, el presidente Fernández anunció, a través de Twitter, las presentaciones donde escribió: “Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”.
En ese marco, reveló la decisión del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de transferir bonos TX31 a la Ciudad de Buenos Aires, a la vez que adelantó que había instruido “al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria ‘in extremis’ contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”.
“Además, he ordenado recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”, agregó el presidente en la seguidilla de mensajes publicados ayer.
Vale recordar que la medida cautelar que la Corte dictó el último miércoles se dio en el marco de la disputa entre los gobiernos nacional y porteño por el costo del traspaso de la policía en 2016.En su momento el expresidente Mauricio Macri había elevado, por decreto, el coeficiente de fondos en favor de la ciudad de Buenos Aires del 1,5 al 3,5 por ciento y, por la misma vía, el actual jefe del Estado nacional la redujo al 2,3, lo que provocó el reclamo de Horacio Rodríguez Larreta.