La justicia no siempre es rápida, pero cuando prevalece sobre los criminales entrega un gran alivio social. Esta semana, los ex policías bonaerenses imputados por la Masacre de Wilde, ocurrida hace casi tres décadas, recibieron sentencia de 25 años de prisión. El comunicado final fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora, a 28 años del acontecimiento. El hecho de gatillo fácil sucedió en enero de 1994.
Les encargades de dar a conocer el veredicto fueron les jueces Martina Celone, Luis Gabián y Marcelo Dellature. Cabe mencionar que, aunque la condena alcanzó a todos los acusados, por el momento ninguno de ellos irá preso.
Los ex oficiales acusados son César Córdoba, Carlos Saladino, Hugo Reyes, Norberto Mantel, Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Pablo Dudek, Marciano González, Julio Gatto, y Marcos Hugo Rodríguez. El tribunal estableció la condena por “homicidio simple reiterado y homicidio simple en grado de tentativa”, lo que conlleva una pena máxima de 25 años de prisión. Sin embargo, los tres primeros fallecieron, por lo que quedaron fuera del veredicto final. De igual manera ocurrió con González, quien tiene una incapacidad mental producto de un accidente cerebrovascular.
La fiscal del juicio, Viviana Simón, y el abogado de la querella, Gustavo Romano Duffau, solicitaron la pena máxima establecida por el Código Penal. En tanto, las defensas pidieron la absolución.
Cómo funciona la condena
Una vez que la sentencia quede firme, los condenados serán detenidos de forma inmediata para cumplir con la pena. Por lo tanto, permanecerán en libertad hasta que se concrete, pero deberán cumplir una serie de reglas de conducta. Una de ellas, implica “fijar residencia dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, con prohibición de ausentarse del domicilio por un término mayor a 24 horas”.
Además también se les prohíbe “acercarse y desarrollar manifestaciones de hostigamiento por cualquier medio a los damnificados, familiares, sus representantes legales y testigos”. Por último, se incluye la “prohibición de salir del país sin autorización”. Frente a esta resolución judicial de casi 30 años, el tribunal determinó enviar el expediente del caso al Archivo Nacional de la Memoria, por “su trascendencia social e histórica”.
Casi tres décadas de la Masacre de Wilde
Una decena de policías de la ex Brigada de Investigaciones de Lanús se vieron involucrados el 10 de enero de 1994 en un caso de gatillo fácil. Resulta que los uniformados dispararon una gran cantidad de tiros de itakas y ametralladoras sobre dos autos en busca de supuestos delincuentes. La secuencia se dio a sangre fría en la vía pública dentro de la localidad bonaerense de Wilde bajo una confusión, según los propios acusados.
La consecuencia del accionar policial fueron cuatro víctimas mortales sin ninguna relación con el supuesto delito investigado. Los oficiales abordaron dos vehículos, un Dodge 1500 y un remís Peugeot 505. En el primero se encontraban Edgardo Cicutín y Claudio Díaz, único sobreviviente del hecho. En el segundo se trasladaban Norberto Corbo y los pasajeros Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa. El caso llegó a cada rincón del país con el objetivo de pedir justicia.
Sensaciones tras varios años de espera
Nadie puede imaginar lo que sienten las víctimas, sobrevivientes o familiares de cada caso de inseguridad aunque una remota idea se pueden hacer si escuchan con atención. “El haber llegado a tener un fallo condenatorio en este juicio, a casi 29 años del hecho, es un gran logro”, sostuvo Raquel, la viuda de Cicutín. Además agregó que “Si bien nosotros queríamos que fuera cadena perpetua, con la edad que tienen es como si lo fuera”.
En este último punto, coincidió su abogado querellante, Ciro Annichiarico, quien agregó: «de todas maneras, el Tribunal les aplicó la máxima pena prevista para el delito por el que fueron condenados”. Por otra parte, se refirió a la decisión de no detenerlos por el momento y recalcó que tiene “cifradas expectativas de que Casación se expida rápida”. En caso de que no suceda, aseguró que están dispuestos a llevar el reclamo a la Corte Internacional de los Derechos Humanos.
Por otro lado, durante una entrevista con un reconocido medio digital argentino, Raquel explicó todo lo que significó conocer la sentencia final. “Lo voy a reiterar hasta el cansancio, pero llegar a un juicio justo fue como ponerle un moño a la causa”, afirmó. Incluso, indicó que “para la familia Corbo significó mucho más. Ganaron una batalla impresionante porque para todos Norberto era otro de los delincuentes”. A lo que añadió: “Quedó demostrado que no fue así. Eso es muy importante”.
Por último, la viuda de Cicutín rememoró que, a pesar de los fallos adversos y obstáculos, nunca bajó los brazos y se siente orgullosa por ello. “Somos familiares que militamos a la par de nuestros abogados”, sentenció.
Para cerrar, destacó: “Le hicimos frente a los camaristas que permitieron la impunidad durante tantos años y tuvimos que llegar hasta la Corte bonaerense para lograrlo”.
Otras posturas sobre la sentencia final de la Masacre de Wilde
Por su parte, la fiscal Simón solicitó la máxima pena para los ex uniformados, tras considerarlos coautores penalmente responsables del delito. A la vez pidió que, de ser condenados, todos ellos queden “inmediatamente detenidos”. Para la propia fiscal hubo entre los condenados un “acuerdo previo para matar entre todos” debido a una prueba contundente. La misma muestra que “se organizaron con medios, vehículos, armas de fuego y cantidad de participantes para consumar la muerte y ejecutar a las víctimas”.
Un largo camino judicial
Más allá de que la sentencia final se conoció casi 29 años más tarde, el caso tuvo muchos episodios de por medio. En un principio, todos los ex policías involucrados fueron detenidos, pero la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó. Incluso hubo otro acusado, el entonces comisario Juan José Ribelli, quien fue procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA. Además, se demostró que no estuvo en el país durante el ataque.
En los años 2003 y 2007 hubo apelaciones de las familias de las víctimas, lo que provocó que los acusados vuelvan a ser sobreseídos por la misma medida. De igual modo, la causa continuó hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la cual ordenó que se reabriera el expediente en 2013. En aquel entonces se anuló los sobreseimientos por creer que “aun cuando no representaba un delito de lesa humanidad (…) sí constituyó una gravísima violación a los derechos humanos”.
Para el 16 de septiembre de 2014, el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale dictaminó un nuevo capítulo al caso. Para ese tiempo determinó el fin al dilatado proceso y ordenó que los nueve policías acusados sean sometidos a un juicio oral. A pesar de ello, los diferentes planteos de las defensas de los ex uniformados atrasaron el comienzo del debate durante otros ocho años más.