Hace tan solo siete días, en Bruselas, se destapó una de las tramas de corrupción más escandalosas de los últimos años en Europa. La detención durante el 9 de diciembre de la vicepresidenta del Parlamento Europeo (PE), la griega Eva Kaili, fue la punta del iceberg. El “Qatargate”, como lo calificó la prensa del viejo continente, reveló una red de sobornos por parte de Qatar para ganar influencia en la institución europea.
Casi como un torbellino, el escándalo golpeó directamente en la Unión Europea (UE), organismo que suele señalar repetidamente los presuntos casos de corrupción en países ajenos. Mientras el PE prometió una “amplia reforma” para mejorar sus mecanismos de control, día a día se conocen más detalles e implicades de la trama de sobornos.
El “Qatargate”
El viernes 9 de diciembre, la noticia de la detención de una de las 14 vicepresidentas del PE, Eva Kaili, sacudió a Europa. La primera información, suministrada por el diario Le Soir, reveló que la dirigente política escondía en su domicilio bolsos repletos de dinero que provenían de la aceptación de sobornos qataríes.
Con el correr de las horas, sin embargo, se fue completando una escena aún mucho más indignante. Kaili no solo no era la única detenida, sino que la policía belga había realizado 16 registros domiciliarios en Bruselas e incautado más de 1,5 millones de euros en un megaoperativo producto de meses de investigación.
La Fiscalía Federal belga, en un primer momento, sostuvo que un país del Golfo era sospechoso de “influir en las decisiones económicas-políticas del Parlamento Europeo”. La modalidad, según reveló la investigación, era “mediante el pago de importantes sumas de dinero o la oferta de importantes regalos a terceros con una posición política o estratégica significativa dentro del Parlamento Europeo”.
Tan evidente resultó la red de sobornos que a Francesco Giorgi, une de les detenides, confesó unos días más tarde. El asistente parlamentario, que también es esposo de Eva Kaili, admitió ser parte de una organización que trabajaba para los intereses de Qatar en el PE e inculpó a otres europarlamentarios de ser parte de la misma. Según Giorgi, el ex eurodiputado Pier Panzeri, a quien la policía le encontró 600.000 euros en efectivo, era la cabeza de la asociación ilícita.
Mientras pasan los días, nuevos detalles se siguen conociendo acerca de la investigación. De esta manera, los tentáculos del “Qatargate” parecen involucrar a más eurodiputades, sindicalistas, servicios de inteligencia, funcionaries de cancillerías y otros países como, por ejemplo, Marruecos. La UE, por su parte, busca suavizar el golpe.
La respuesta del Parlamento Europeo
El organismo legislativo de la UE, para no acabar con sus chances de evitar una grave crisis institucional, tuvo que salir a dar una respuesta rápida. Y, aunque el tiempo dirá si eso alcanzó, así lo hizo tras la sesión plenaria que ocurrió el pasado martes 13.
Mediante un comunicado, el PE manifestó su “consternación” por los hechos ocurridos, al mismo tiempo que expresó su cooperación con la investigación judicial. Sin embargo, más allá de lo protocolar, el organismo tuvo que reconocer el “estrepitoso fracaso de los mecanismos internos de supervisión”.
En el texto, además, les eurodiputades del Parlamento sostuvieron que los presuntos intentos de influencia por parte del país arabe representan un daño a la soberanía de la institución. De este modo, les legisladores europeos calificaron a la red de sobornos descubierta como “una injerencia extranjera grave en los procesos democráticos de la Unión”.
En este marco, el jueves, la presidenta del PE, Roberta Metsola, anunció el comienzo de “una amplia reforma” para mejorar la transparencia de la institución. Entre los cambios de aplicación inmediata, el Parlamento confirmó la suspensión de todo el trabajo legislativo con el país arabe. Del mismo modo, la institución decidió la restricción del acceso al PE a representantes de intereses qataríes.
Por otro lado, según comunicó el Parlamento, la reforma contiene la intención de prohibir las donaciones de terceros países tanto a legisladores como a partidos políticos. En tanto que, además, prevé la presentación de bienes patrimoniales de cada miembro de la Cámara y la creación de dos Comisiones para fortalecer los mecanismos de control e investigar la corrupción.