Este jueves se cumple una semana desde que el pueblo peruano salió a las calles luego de la destitución del presidente de Perú, Pedro Castillo, nueve días atrás. Les protestantes aseguran que, a pesar de la constante represión, no se irán hasta que se cumplan sus demandas. En este contexto, el clima se vuelve cada vez más tenso mientras crece la incertidumbre sobre el destino del país.
En ese marco, el pueblo salió a las calles de Perú para exigir la libertad del depuesto presidente, Pedro Castillo y su retorno al poder. En tanto, otros de los reclamos son la salida del gobierno de Dina Boluarte, designada como Presidenta por el parlamento luego de la destitución de Castillo, la disolución del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Mientras tanto, Boluarte declaró Estado de Excepción por 30 días a nivel nacional y ordenó el despliegue de las fuerzas militares y policiales. Sin embargo, las manifestaciones no han cesado y se extienden a lo largo y ancho del país.
El pueblo salió a la calle
El estallido social comenzó cuando el Congreso tomó la definición respecto al presidente por “incapacidad moral”. Esto sucedió luego de que Castillo anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de Emergencia Excepcional. Además, había pedido por la reorganización del sistema de Justicia y convocó a un proceso constituyente.
Desde entonces, la tensión social no para de crecer. Por un lado, les manifestantes han salido a las calles a expresar sus reclamos y exigencias a favor del Jefe de Gobierno destituido. Por el otro, la represión policial y militar, ordenadas por el gobierno de Boluarte, acechan las calles.
Este martes, Castillo presentó frente a una audiencia judicial la apelación a su detención. Sin embargo, el poder judicial la rechazó y aseguró que las medidas provisionales tienen como objetivo asegurar que se realicen lo necesario para el esclarecimiento del caso.
Por su parte, durante su asunción, Boluarte anunció que estaría al frente del país hasta 2026. Sin embargo, frente al escenario de tensión social y política, está semana aseguró que su gobierno es transitorio y habló de adelantar las elecciones para diciembre de 2023.
El retorno de Castillo
La primera exigencia que está llevando adelante el pueblo organizado es la liberación y restitución del presidente destituido. Les manifestantes aseguraron que el único “presidente Constitucional” es Pedro Castillo, elegido en democracia por la mayoría del país durante el proceso electoral.
Para les protestantes, Boluarte está frente a un “gobierno usurpador”, al cual describen como un “golpe institucional y judicial”. Para el pueblo, la destitución no representa el mandato popular, sino que fue orquestada por la derecha peruana en conjunto con una parte importante de los poderes que conforman el Estado: el Congreso, la fiscalía y el sistema judicial.
Además, aseguran que Castillo es un “preso político”, quien fue detenido y privado de libertad por el poder judicial. Según les manifestantes, dicho proceso se desarrolló de manera inconstitucional y vulnerando los derechos democráticos de les ciudadanes. En esta misma línea, piden el retorno de Castillo para cumplir con sus responsabilidades en el Poder Ejecutivo.
Disolver el Congreso
La otra gran demanda de les protestantes reivindica la decisión de Castillo de disolver el Congreso. Horas previas a la moción de vacancia por “incapacidad moral”, el presidente de peruano habló a la Nación. De esa manera, nombró una serie de medidas, una de ellas disponía “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”.
Asimismo, habló de “convocar, en el más breve plazo, a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución, en un plazo no mayor de 9 meses”. En ese sentido, agregó: “Se declara en reorganización el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)”.
Esta sería la tercera vez que el Congreso busca destituir al Jefe de Gobierno, la primera fue en diciembre del 2021, y la segunda fue rechazada en marzo del corriente año. “Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataques sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana”, indicó Castillo.
A su vez, acusó al Congreso de que su agenda consistía en “la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio”.
Según expresan les manifestantes, la situación actual que enfrenta el país es responsabilidad del parlamento que se ha dedicado a “boicotear”, restringir y controlar al gobierno de Pedro Castillo desde su asunción en julio de 2021.
En ese marco, además, el pueblo peruano tomó la segunda exigencia del ex mandatario respecto a convocar un proceso constituyente. El fin de este era reformar el Estado y la Constitución vigente desde 1993. No obstante, sobre ello, Castillo había expresado la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente para discutir los poderes Legislativos y Ejecutivos por vía constitucional.