El Gobierno de Honduras anunció que el uso de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) estará sujeta a la aprobación de la Unidad Normativa, pero solo para ser utilizada por víctimas de violación sexual. Esto despertó el malestar de las mujeres a quienes en campaña se les había prometido su aprobación total.
Según las activistas defensoras de los derechos de las mujeres, este es solo un parche que no solucionaría el problema de forma integral. Del mismo modo, manifestaron que no cumple con la promesa de despenalización de la PAE por parte del Gobierno de Iris Xiomara Castro.
La promesa de campaña del partido vencedor fue la legalización de las PAE para todas las personas, es decir, que fuera de venta libre. Sin embargo, el secretario de Salud, José Manuel Matheu, anunció que su uso sería permitido solo en caso de agresiones sexuales.
“Yo no puedo voltear la cara hacia otro lado y ver que están muriéndome niñas de diez años por embarazo. No puedo hacerme el tonto y no saber que me las están violando desde que están en la casa. Vamos a ponerla para las víctimas de violación porque no es un método anticonceptivo”, expresó Matheu.
¿Qué es la pastilla de anticoncepción de emergencia?
En contradicción con lo expuesto por el ministro, la Organización Mundial de la Salud (OMS), sí contempla la pastilla de emergencia como un método de anticoncepción. Además, señala que las personas tienen derecho a acudir a la última tecnología disponible en salud, es decir, que la PAE debe ser accesible.
Se puede recurrir a la anticoncepción de urgencia en las siguientes situaciones: después de una relación sexual sin protección; cuando puede haber fallado la anticoncepción o los anticonceptivos se han utilizado incorrectamente; y en caso de agresión sexual si no se cuenta con la protección de algún anticonceptivo.
Según dicha institución, la píldora de emergencia puede prevenir más del 95% de los embarazos cuando se utiliza dentro de los cinco días posteriores a la relación sexual.
A su vez, la OMS explica que las píldoras anticonceptivas de urgencia impiden el embarazo al evitar o retrasar la ovulación. También aclara que no puede interrumpir un embarazo establecido ni dañar al embrión en desarrollo.
Ser una persona con capacidad de gestar en Honduras
Bajo el argumento de que era abortiva, en abril de 2009 el Congreso Nacional buscó prohibir la promoción, uso, venta, compra y cualquier política o programa relacionado con la PAE. En ese momento, el país llevaba cerca de diez años de permitir su distribución y uso legal.
El entonces presidente José Manuel Zelaya Rosales vetó el Decreto 54-2009 al considerar que su contenido atentaba contra las garantías y libertades declaradas en la Constitución. Sin embargo, cuatro meses después del golpe de Estado en su contra, en octubre de 2009, el secretario de Salud de facto, Mario Noé Villafranca emitió el acuerdo ministerial 2744-2009 que finalmente la prohibió.
En cuanto a los derechos reproductivos, la actual presidenta Xiomara Castro —primera mujer presidenta del país y esposa de Zelaya— propuso en su plan de gobierno despenalizar el aborto por tres causales: en caso de violación, en caso de que la vida de la madre corra riesgo y de malformaciones fetales que impidan una vida digna. Sin embargo, a diez meses de su administración no hubo novedades.
Según datos brindados por Human Rights Watch, en Honduras el 56% de los embarazos entre 2015 y 2019 fueron no deseados. Además, la organizacion manifestó que, en su mayoría, pudieron ser causados por violación.
Por su parte, el año pasado el Poder Legislativo de Honduras aprobó una reforma constitucional mediante la cual se impide legalizar el aborto. Dentro del contienente americano, países como El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana prohíben el aborto sin excepciones y lo castigan con la cárcel.
Situación de mujeres y disidencias
Según el último informe de Amnistía Internacional sobre dicho país, “continúan las agresiones y los procesos penales infundados contra personas defensoras de los derechos humanos”. A su vez, denuncia que las autoridades bloquearon el acceso al matrimonio entre personas del mismo sexo y persiste la impunidad por el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley.
En relacion a la violencia sexual y de género, durante el año 2019 el Ministerio Público recibió 2.773 denuncias de abuso y violacion contra mujeres y niñas. De acuerdo con estos datos, el grupo más afectado abarca entre los 10 y 19 años de edad, el cual representa el 54% de los casos. En 2021, el número de denuncias por violencia sexual ascendió a 2.896.
En el mismo sentido, la OMS registró en Honduras durante el 2019, la tasa más alta de feminicidios en Latinoamérica. A su vez, denunció los altos niveles de violencia por motivos de género en el país, incluida la violencia sexual.