En Bolivia, una vez más, la democracia se encuentra en peligro. Un nuevo intento desestabilizador por parte de la derecha, desde hace casi un mes, amenaza con reeditar el Golpe de Estado del año 2019. Mientras el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS -IPSP), con grietas al interior del partido, busca frenar la avanzada golpista; la oposición utiliza la misma metodología de desgaste que hace 3 años.
De esta manera, en la región de Santa Cruz, el pasado 22 de octubre se estableció un “paro cívico indefinido” con violentas movilizaciones convocadas por los famosos Comités Cívicos, organizaciones que nuclean a los sectores opositores más duros de Bolivia. ¿El insólito motivo? Diferencias en torno a la fecha en que se debe realizar el nuevo censo poblacional.
De tal gravedad es la situación que, hace poco más de dos semanas, en un acto donde se cambió el alto mando militar del país, el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, le solicitó a las Fuerzas Armadas el apego a la Constitución. En la Casa Grande del Pueblo, sede de la presidencia del Estado, el mandatario señaló que “nuevamente Bolivia se encuentra amenazada por aquellos que apuestan por la confrontación y la violencia y ponen en peligro la convivencia democrática entre bolivianos”.
Una frágil justificación
La endeble fundamentación del paro cruceño, como dijimos anteriormente, reside en las diferencias en torno a la realización del próximo Censo de Población y Vivienda en Bolivia. Mientras el gobierno fijó su fecha para el 23 de marzo del 2024, los opositores al MAS – IPSP exigen que este se realice el año siguiente.
¿Cuál es el argumento que justifica hacer de esta diferencia una crisis nacional que pone en peligro la democracia? La primera respuesta, según los propios sectores de la oposición, es que el censo debe realizarse antes de que se establezca el cronograma electoral del 2025. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al igual que el Comité Pro Santa Cruz, exigen que el censo actualice la representación legislativa del Departamento y un aumento de la cantidad de fondos que recibe del Estado Nacional en función de una mayor cantidad de habitantes desde la última estadística oficial.
No obstante, en el día de hoy, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó que los resultados preliminares del censo, entregados antes de septiembre del 2024, permitan una redistribución de las bancas legislativas para las elecciones del 2025. De esta manera, con la razón otorgada al gobierno de Luis Arce y resuelta la preocupación de la oposición, la continuidad del paro no tendría razón de ser.
Sin embargo, existen motivos para que el intento desestabilizador no termine en el corto plazo. Finalizada la disputa por la fecha del censo, la oposición encontró un nuevo motivo para justificar las acciones golpistas: exige una Ley que establezca el marco normativo del Censo de Población y Vivienda. Si bien el Parlamento de Bolivia tratará los proyectos de Ley relacionados con el censo el próximo lunes, desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz adelantaron que el paro no se levantará hasta su promulgación.
La violencia como metodología
Desde el gobierno boliviano denunciaron que el paro está lejos de responder, únicamente, a la disputa por la fecha del Censo de Población y Vivienda. Para el MAS-IPSP, el objetivo es desgastar al gobierno democráticamente elegido utilizando la misma metodología que en el año 2019. Paros, cortes de ruta, violencia y una feroz campaña comunicacional para deslegitimar a un gobierno que fue electo con el 55% de los votos en las últimas elecciones presidenciales.
Como en otras oportunidades explicamos en Nota al Pie, los Comités Cívicos son actores determinantes en la vida política boliviana. Fueron claves en la configuración de los intentos desestabilizadores contra Evo Morales, en el golpe de Estado del 2019 y, hasta el momento, en cada una de las protestas que sufrió el gobierno de Luis Arce.
El Comité Cívico Pro Santa Cruz es el más fuerte e importante del país y responde a los intereses de los grupos económicos y de poder de ese Departamento. De esta manera, Santa Cruz es, desde hace años, el bastión opositor contra el MAS-IPSP y, al mismo tiempo, el motor económico de Bolivia. Desde la oposición cruceña, en reiteradas ocasiones, sostuvieron que era necesario revisar la relación con el Estado Plurinacional de Bolivia y advirtieron la posibilidad de separarse del país debido al “centralismo del gobierno”.
En este marco, no resulta extraño la virulencia del paro y la violencia contra los sectores que lo rechazan en ese departamento. Hasta hace 10 días, según indicó la ministra de la presidencia, María Nela Prada, el gobierno registró 4 personas fallecidas, una violacion grupal y 170 herides.
En tanto que, según informó la Defensoría del Pueblo, se observaron 42 casos de vulneración de los derechos de niñes, mujeres, personas adultas e indígenas. El organismo estatal sostuvo que se registraron “desde agresiones físicas, ataques a la prensa, violaciones sexuales, asesinatos, el incendio de la Federación de Campesinos, así como el saqueo del inmueble de la Central Obrera Departamental, entre otros casos”.