En una jornada histórica, ayer el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero. El oficialismo y la oposición respaldaron la propuesta durante la sesión y la consideraron “reparadora de derechos”.
La iniciativa establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública a personas travestis, trans y transgénero. Será en todas las modalidades de contratación regular vigentes.
Día histórico
En la apertura del debate, la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, declaró que la ley «produce una hermosa y estupenda sensación. Después de tantos años, nuestro país tendrá una ley que beneficia al colectivo de gays, lesbianas, travestis, trans y otra identidades de género», afirmó a Télam.
«Esta ley viene a compensar tanto dolor y tanto desamparo sufrido durante décadas y tantas vidas truncas», sostuvo. Y que los senadores tienen hoy «la oportunidad de revertir una realidad de discriminación y violencia que somete a las personas travestis, trans y transgéneros».
Con la norma se busca «establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral. Para una igualdad real de oportunidades en todo el territorio nacional», aclaró.
Para finalizar, afirmó que se discute «algo más que el cupo laboral» y que es un debate sobre «derechos humanos».
La clave: el Artículo 5
En su artículo 5, la ley establece que el Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al 1% la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgenero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.
A los fines de garantizar el cumplimiento del cupo previsto, los organismos públicos deben establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero.
Algunas consideraciones
El proyecto aclara que «a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley”.
Además, sostiene que para garantizar el ingreso y permanencia en el empleo no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral. Y no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo.
Otro punto importante afirma que «los organismos comprendidos en la presente ley deben promover acciones tendientes a la sensibilización con perspectiva de género y de diversidad sexual en los ámbitos laborales»
Esta nueva ley prevé incentivos para el sector privado. En consecuencia, será para aquellos que contraten personal trans, al tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales. Ese beneficio se extiende a un año, y a dos en el caso de las pequeñas empresas.
Apoyo y abstenciones
El proyecto obtuvo 55 votos a favor y 1 en contra. Seis legisladores decidieron abstenerse.
La iniciativa fue apoyada por el Frente de Todos y sus aliados. Sin embargo, el bloque de Juntos por el Cambio votó dividido. El cordobés Ernesto Martínez lo hizo por la negativa, mientras que Roberto Basualdo (San Juan), Julio Cobos (Mendoza), Silvia Elías de Pérez(Tucumán), Laura Rodríguez Machado (Córdoba), Humberto Schiavoni (Misiones) y María Belén Tapia (Santa Cruz) se abstuvieron.