La marea verde no frena. Así lo confirmó el pasado domingo Antonia Orellana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile. La funcionara explicó que en el marco del Día de Acción por el Aborto Seguro, celebrado el 28 de septiembre, su gobierno comenzó a pensar en un proyecto que permita la interrupción voluntaria del embarazo sin causales.
Orellana afirmó: “Hay una decisión de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y eso es nuestro compromiso como gobierno feminista. No lo hacemos a la ‘tincada’ nuestra, se hace dialogando con las organizaciones porque esos avances nunca se han logrado sin el movimiento de mujeres”.
En conversación con el programa Tolerancia Cero, la autoridad sostuvo que iniciaron la conversación “respecto a cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar en nuestro país y qué es lo que estratégicamente conviene hacer”. Este punto hace referencia a las acciones que podrían realizar los sectores que están en contra de la propuesta.
En la actualidad, Chile permite, desde 2017, que las personas gestantes realicen un aborto por tres causales: peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación. En los primeros dos casos no se establece un límite de semanas. Respecto a la violación, para mayores de 14 años existe un máximo de 12 semanas y para menores de 14 años, un máximo de 14.
Un camino lleno de obstáculos
El mismo día que el gobierno chileno comenzaba a planificar un proyecto para aprobar el aborto en todas las ocasiones, la oposición hacía lo contrario. El diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, presentó un proyecto de ley que busca derogar el aborto en Chile y aumentar las penas por su práctica.
El proyecto se justifica así: “El aborto constituye una forma de homicidio, toda vez que implica la eliminación de un ser humano débil, y por definición inocente, todavía en el vientre de su madre a la que se haya confiado”.
Ante los medios, el militante del partido de extrema derecha reafirmó su postura. Aseguró que “una mujer que ha sido violada y aborta, no se desviola”, en un gran ejemplo de discurso misógino y de revictimización de la víctima.
El camino hacia el aborto legal en Chile, como en Argentina, tiene sus avances y retrocesos. Por ejemplo, este año el derecho a abortar se consagró en la propuesta de la nueva Constitución. Pero el pueblo rechazó el nuevo texto de la Carta Magna, en el plebiscito del 4 de septiembre.
A su vez, un poco más atrás en el tiempo, en noviembre de 2021 la Cámara Baja chilena rechazó un proyecto que buscaba despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación. Pero “persevera y triunfarás”, asegura el dicho popular.
El aborto en Chile: las cifras
En marzo de 2021, la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile realizó un informe que resume los números de la práctica en su país. El mismo afirma: “Estimaciones realizadas en el año 2016 dan cuenta que en nuestro país se producirían entre 60.000 a 300.000 abortos clandestinos al año”.
Esas cifras contrastan con las señaladas oficialmente por el MINSAL a razón de las IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) permitidas por la Ley Nº 21.030. “Desde la publicación de la ley, en septiembre de 2017 hasta junio del 2020, se han registrado 1.811 IVE que califican en alguna de las causales”, continúa el documento.
Existe en Chile una penalidad para personas gestantes y profesionales de la salud que realicen un aborto fuera de los tres causales que permite la ley. El artículo 344 establece la penalidad de “presidio menor en su grado máximo”. Según el informe de la Asesoría Técnica Parlamentaria, esto corresponde a “presidio de 3 años y un día a 5 años”.
Pero los números que más preocupan siempre en relación al aborto es la cantidad de muertes que provoca en su forma clandestina. El mismo documento compara las tasas de letalidad entre países con acceso a la interrupción legal del embarazo con aquellos que no lo tienen. Utiliza el caso de Estados Unidos, que en ese momento tenía menos restricciones hacia la práctica. “Allí la tasa de letalidad de un aborto inducido es de 0.7 por cada 100.000 habitantes”. En cambio en América Latina, con países que prohíben el tratamiento, es de “30 por cada 100.000 mujeres”.