Durante las últimas horas, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió denuncias por el accionar con les estudiantes que participan de las tomas y sus xadres. Esto es porque las autoridades, junto a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, iniciaron acciones penales contra elles. En consecuencia, diversos sectores enfrentaron al gobierno por su accionar.
Mientras en el Mariano Acosta, donde comenzaron las protestas, junto al Juan B. Justo; Jorge Donn y Luis Pasteur retomaron las actividades, otros 11 colegios continúan su lucha. El desfinanciamiento y las viandas de baja calidad son algunos de los ejes del reclamo. Sin embargo, el Gobierno porteño decidió hacer oídos sordos y enviar patrulleros a los hogares de las familias.
Por esta razón, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital; la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA); y el Centro de Estudios Legales (CELS) repudiaron el avance del gobierno e iniciaron denuncias penales.
A través de Twitter, el secretario general de ATE, Daniel Catalano, ratificó: “Denuncié penalmente a Horario Rodríguez Larreta y la ministra Acuña por la persecución policial e ilegal a estudiantes y sus familias. Además, por la criminalización de la protesta pacífica”.
Denuncias contra el Gobierno porteño
Las demandas por hostigamiento, persecución ideológica y disciplinamiento comenzaron desde ATE. Su secretario general explicó en una radio local que presentó una denuncia penal en Comodoro Py por “violencia institucional”. En este sentido, resaltó: “Acudimos a la Justicia para darle una mano a los pibes y pibas que hoy están asumiendo un rol histórico”. Asimismo, agregó que “Larreta y Acuña realizan un ataque sistemático a lo público”.
A su vez, la CTERA elevó un comunicado para expresar su rechazo al accionar de la Ciudad. “Repudiamos la persecución a estudiantes y familias con el objetivo de intimidar a quienes están ejerciendo su derecho a la protesta”. Por otro lado, certificaron que “Acuña utiliza medios de comunicación para estigmatizar, perseguir y amenazar con sanciones y denuncias”.
El Director de Justicia y Seguridad Democrática del CELS también se plegó al repudio y remarcó que “judicializan y reclaman la protesta”. Además, señaló que “no hay precedentes de un hecho de estas características en democracia”.
En este sentido, Micaela Libson, madre de un estudiante de la escuela Lengüitas, explicó que “no hay delito en tomar un colegio. Nos guste o no, es el derecho a expresar un reclamo que, además, es justo”. Tras la presencia policial en su hogar para entregarle una notificación, comenzó a asesorarse con un abogado.
Un reclamo eternamente olvidado
Quince colegios de la Ciudad iniciaron las tomas y hoy son once los que continúan con el reclamo. Los cuatro restantes retomaron actividades. En el caso del Lengüitas y el Colegio Nacional de Buenos Aires, realizaron un pernocte para visibilizar aún más sus pedidos; desoídos hace años. Les estudiantes exigen mejoras edilicias; aumento del presupuesto; mejoras en viandas y participación en decisiones.
La baja calidad alimenticia, intoxicación de estudiantes y la realización de prácticas laborales sin vínculo con su educación y sin ser consultades desataron el conflicto. Así, les jóvenes expresaron que “terminamos lavando platos en un hotel; sirviendo café y preparando sánguches”.
De este modo, centros de estudiantes resaltaron que “las Actividades de Aproximación al mundo laboral (ACAP) son una puerta de entrada a la precarización laboral”. Por ello, Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, aseveró que “las escuelas deben ser conducidas por adultos escuchando mucho a los jóvenes”.
Por último, Ofelia Fernández, legisladora porteña, explicó en su cuenta de Twitter: “La primera toma de un colegio en Argentina fue un 28 de mayo de 1796 y la hicieron Dorrego, Las Heras y Rivadavia”. Además, detalló que “una de las principales consignas fue la alimentación adecuada en las escuelas”.