El pasado 15 de agosto se cumplió un año de la vuelta al poder de los fundamentalistas islámicos en Afganistán. En el 2021, luego de la retirada del ejército estadounidense tras 20 años de ocupación, los talibanes lanzaron una ofensiva que terminó con el rápido e inevitable derrocamiento del presidente Ashraf Ghani.
El día de la liberación, como llaman los islamistas radicales, fue declarado feriado por el gobierno. En Kabul, al igual que en varias ciudades del país, se organizaron festejos en conmemoración a la reconquista de la capital afgana. Uno de los lugares elegidos, en un acto de alto contenido simbólico, fue la antigua sede de la embajada de Estados Unidos.
El primer ministro del gobierno talibán, el mulá Hassan Akhund, sostuvo mediante un comunicado que “toda la nación debería dar las gracias por esta gran victoria que liberó a nuestro país de la ocupación, la guerra y el desastre”. El alto cargo del gobierno, asimismo, afirmó: “El mundo debería reforzar sus relaciones con el Emirato Islamico, no somos una amenaza para ningún país”.
Las celebraciones oficiales, sin embargo, contrastaron con la indiferencia de gran parte del pueblo afgano. Un año después de la reconquista talibán, la crisis humanitaria se ha profundizado a niveles sin precedentes; mientras que la sociedad afgana, a su vez, ha experimentado cambios radicales en materia de libertades individuales.
El drama afgano, una responsabilidad compartida
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), casi 9 millones de personas (incluides 1 millón de niñes) corren el riesgo de morir de hambre en Afganistán. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU, a su vez, advirtió que el 95% de los hogares sufren inseguridad alimentaria.
Por otro lado, la tasa de desempleo en la nación centro asiática se encuentra alrededor del 30%, mientras que el Banco Mundial estima que un 54% de la población vive en la pobreza. El organismo financiero internacional, asimismo, informó que los precios de los alimentos básicos se han duplicado en los últimos dos meses.
En este marco, es imposible responsabilizar únicamente al gobierno talibán del desastre humanitario que vive Afganistán. Si bien el fundamentalismo islamico poco está haciendo para aliviar la crisis socio-económica afgana, EEUU tiene su cuota importante de responsabilidad. Luego de la llegada al poder del nuevo gobierno, Washington bloqueó el sistema bancario del país asiático, congelando 7.000 millones de dólares en activos afganos en la Reserva Federal de EEUU.
Las sanciones contra el régimen talibán, más que dañar a un gobierno que se alzó victorioso tras la desastrosa política exterior estadounidense en Afganistán, han impactado de lleno en el pueblo afgano. El 75% del presupuesto del país asiático dependía exclusivamente del financiamiento internacional.
Un año de cambios radicales para Afganistán
En agosto del 2021, cuando recuperaron el poder, los talibanes le prometieron al mundo un gobierno más abierto e inclusivo de lo que había sido la experiencia al mando del país de 1996 al 2001. Sin embargo, la esperanza de que no impusieran su ortodoxa interpretación de la Sharia, base del sistema legal islamico, quedó en el olvido.
En este sentido, las mujeres afganas han sido el blanco principal de las rigurosas restricciones impuestas por los talibanes. De esta manera, un sinfín de prohibiciones han limitado, de forma contundente, todos los aspectos de la vida de las mujeres del país asiático.
El uso integral del velo en público, la prohibición de viajar sin un acompañante masculino o la imposibilidad de acceder a un empleo fuera del hogar son tan solo algunas de ellas.
Por otro lado, los talibanes han restringido el acceso a la educación de millones de adolescentes afganas a la escuela secundaria. El 17 de septiembre del 2021, cuando los institutos educativos reabrieron, afirmaron que era una medida temporal. Sin embargo, 11 meses después, la situación es la misma.
En tanto, segun un informe de la Mision de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistan (UNAMA), durante el primer año de gobierno del extremismo islamico se han registrado al menos 160 ejecuciones extrajudiciales; 178 detenciones arbitrarias; 23 detenciones en situación de comunicación y 56 casos de tortura de ex funcionarios afganos.
En este marco, según denuncian diversos organismos de derechos humanos, también se han registrado numerosos casos de persecución, acoso e intimidación tanto a medios de comunicación como así también a minorías religiosas o étnicas. La represión a las protestas pacíficas, a su vez, ha sido una constante generalizada desde la llegada al poder de los talibanes.