A través del Boletín Oficial 835/2022, lanzado el 4 de julio del 2022, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación comunicó que se conformarán unidades de evaluación y análisis para el programa Potenciar Trabajo.
Por tanto, se realizará en todo el país y se encargará de verificar el cumplimiento del plan, “pudiendo suscribirse para ello convenios con Universidades Nacionales”, informaron.
En este sentido, el gobierno Nacional, detalló que estas auditorías incluirán “la certificación de la contraprestación que realizan los titulares de acuerdo a los proyectos”. Que podrán ser del tipo socio-productivos, socio-laborales, socio-comunitarios o de terminalidad educativa.
La voz de Movimiento Sur
Respecto a esta nueva medida que se implementará a partir del próximo lunes, el Movimiento estudiantil Sur anunció su disconformidad y repudio. Expresaron que estos anuncios se dan en un contexto donde más de la mitad de las personas menores de edad se encuentran bajo la línea la pobreza. Y, además, muchísimos niñes se saltean una comida.
Y en esta línea, Tomás Battaglino, responsable nacional del Movimiento Sur, agregó: “El estudiantado, la docencia y el personal no-docente universitario debería concentrar sus esfuerzos en generar acciones que reafirmen su compromiso con la sociedad.”
A su vez, mencionó que “la medida del Gobierno se alinea con los compromisos adoptados con el Fondo Monetario Internacional, que implican un ajuste al presupuesto universitario y al bolsillo de las mayorías populares”.
“Las Universidades deberían rechazar el convenio propuesto por el Gobierno Nacional para ser una herramienta de vigilancia, control y castigo”, destacó. Y finalizó expresando que por el contrario, deberían ofrecerse “para auditar la deuda pública externa, a los formadores de precios y evasores impositivos”.
Más detalles de la nueva iniciativa
Según informaron, las auditorías comenzarán el próximo lunes 15 de agosto. Al momento de asumir, Sergio Massa destacó que quienes poseen el Potenciar Trabajo y no declaren estar realizando una contraprestación, lo perderán.
Está previsto que les beneficiaries sean llamades a presentarse a los centros que se determinen para responder un formulario web.
En este sentido, Página 12 aseguró que “Deberán informar por la unidad de gestión en la que trabajan. (Además de) las actividades que realizan dentro y fuera del programa”. Además serán consultades sobre su situación habitacional y su trayectoria educativa.
Reclamo y repudio
Siguiendo el reclamo, la Mesa Ejecutiva de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA) también expuso su repudio. Se oponen a dicha auditoría de los planes sociales “que conquistaron los sectores más humildes de la población”, a través de sus organizaciones.
Y manifestaron: “Las y los docentes universitarios no seremos instrumento del control social que impulsan el FMI, el gobierno y los rectorados que han firmado estos convenios”.
Además, el gremio resaltó que “la docencia se pone al servicio de las mayorías populares. Y se ofrece para auditar la deuda pública, externa o interna, que sabemos fraudulenta y usuraria”.
En esta línea, anunciaron que se proponen auditar a les formadores de precios, evasores impositivos y a quienes emplean de forma ilegal a sus trabajadores.
“Reiteramos nuestro compromiso con una Universidad al servicio de la mayoría popular que es la que la sostiene”, concluyeron. Por otra parte, Esteban Castro, el titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), dijo que no tenía problema que vayan a auditarse.
Y comentó: “Estoy seguro de que muchos de esos pibes que están en la universidad, cuando nos conozcan nos van a ayudar. Van a terminar trabajando con nosotros”.