El pasado viernes 29 de julio, integrantes de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) realizaron una manifestación frente a tribunales de Esquel en apoyo de les compañeres que fueron acusades por el delito de “incendio intencional” por los supuestos incendios realizados en la Legislatura y en la Casa de Gobierno el 17 y 18 de septiembre del 2019, en Chubut.
La movilización se dio en el marco del inicio del juicio oral, que comenzó el pasado 19 de julio. Quienes se encuentran acusados por el delito de “incendio intencional” son el exsecretario general de ATECH, Santiago Goodman, y dos integrantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Mariana Castro y Marcela Ancaleo.
“Queremos brindar desde Esquel el apoyo a nuestros compañeros, denunciar y repudiar este atropello, la criminalización de la protesta”, refirió Martín Pena, secretario general de ATECH Regional Oeste, a Red 43.
Al respecto de la causa, Pena expresó: “No se incendió la Legislatura ni la Casa de Gobierno. Solamente entró humo porque el fuego estaba en la explanada de afuera”. Y agregó: “Es un juicio que no tiene ni pies ni cabeza. Vemos un montón de situaciones casi improbables de acusaciones […]. Es una cuestión política de amedrentamiento para asustar a los compañeros y de incriminar a los que luchan en la cuestión”.
Las especificaciones de la carátula expresan que dicho acto puso en peligro archivos y bibliotecas. De esta forma, la pena contempla condenas de entre tres y 15 años.
ATECH y la criminalización de la protesta
A mediados de septiembre del 2019, les vecines de Rawson se movilizaron debido a las situaciones económicas y políticas que les afectaban.
Uno de los puntos centrales del reclamo fue la sanción de la Ley 128/20 de Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de Chubut, que permitiría la megaminería metalífera en Gastre y Telsen. Otro de los reclamos fue contra el aumento del 100% del sueldo del gobernador y un 75% de aumento a les funcionaries políticos de dicha provincia. El entonces gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, fue quien aprobó esta medida.
“Llevábamos más de 60 días sin cobrar y apareció el pago escalonado”, refirió Pena respecto a la situación que afrontaban les docentes. También mencionó que a este malestar se sumó entonces el reclamo contra la megaminería, en septiembre del 2019. “En ese contexto es donde se desata el enojo, la furia, la bronca. Y se termina dando la quema de unos pallets, donde se había armado una casilla”, explicó Martín Pena a Red 43.
Sin embargo, Pena aseguró que el enojo también derivó a que les convocades de la ATECH realizaran un plenario de delegades para acampar pacíficamente hasta que se le diera una respuesta a la situación económica de les trabajadores. Hasta que la noticia del vuelco y fallecimiento de dos maestras en Comodoro Rivadavia, Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, desató “una pueblada”. Es decir, una reacción de bronca, enojo e impotencia.
Todos estos factores de enojo derivaron a que, el 17 y el 18 de septiembre, les vecines junto con diversos organismos, cámaras y asociaciones, reclamaran que sus derechos estaban siendo vulnerados.
Las consecuencias de la protesta y la respuesta de ATECH
Respecto al juicio que se lleva a cabo contra las tres personas acusadas, el secretario general de ATECH refirió: “Lo que vemos ahora es que se trata de llamar a tres personas que, no por casualidad, son quienes eran dirigentes de la ATECH”.
Además, agregó: “Entendemos que esto es una cuestión a propósito para poder sancionar a quienes luchan y a quienes la organizan. Esto responde a una cuestión política y económica, porque se estaba planteando en ese momento la Ley de Emergencia Tributaria”.
La causa tomada por la fiscal
La jueza del debate es la doctora María Tolomei y la fiscal a cargo de la causa, Florencia Gómez, se encuentra acompañada por los miembros de su equipo de investigadores, Leonardo Cheuquemán y Jeremías Regueira.
En el inicio del juicio, quienes testificaron fueron policías que participaron de “intentos de prevenir incidentes”. También lo hicieron testigos presenciales y periodistas que realizaban coberturas. De esta forma, se cree que testificaron alrededor de 60 personas en total.
La investigación muestra las pintadas previas y los daños en el sector público aledaño a la Legislatura. Según especificó la jueza, posteriormente atravesaron las vallas de seguridad, apedrearon y tiraron con objetos contundentes en el ingreso vidriado de la Legislatura.
En base a las especificaciones de la jueza, Pena expresó: “No se incendió la Legislatura ni la Casa de Gobierno. Solamente entró humo porque el fuego estaba en la explanada de afuera. La carátula ya es algo que no corresponde”.
En dicha lectura, la fiscal especificó: “Utilizando un vehículo de color blanco, Renault Kangoo tipo furgón, de propiedad del gremio que representa, patente AB 127 ZE […] transportó al sector de acampe frente a la Legislatura un equipo electrógeno y varios comestibles descargados por varias personas, existiendo ya en el lugar un número importante de pallets de madera que luego fueron utilizados para producir el fuego”.
Al respecto, el secretario gremial aseguró: “Esto es una cortina de humo. Es un intento de esconder las políticas desastrosas del gobernador Mariano Arcioni; de la dirigencia política de ese momento y también de la actual, que hacen silencio y no hay nadie repudiando esto”.