El pasado 2 de Junio la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) publicó un informe en el cual se titulaba “Siete días, siete asesinatos a manos de las fuerzas represivas”. El mismo revelaba que a lo largo de la semana correspondiente a los días 26 al 31 de Mayo se registraron siete muertes en las que estaban involucrados personal de las fuerzas policiales.
Cabe recordar que el presidente argentino, Alberto Fernández anunció medidas y restricciones mayores que estuvieron vigentes desde 22 hasta el lunes 31 de mayo inclusive debido al aumento de contagios de covid-19.
La similitud de los victimarios y la diversidad de las víctimas
En diálogo con Nota al Pie la abogada y coordinadora de CORREPI, María del Carmen Verdú informó la gravedad del asunto y el factor común presente,es que les víctimas fueron asesinades a manos del aparato represivo estatal. El informe detalla cada uno de los sucesos.
El pasado miércoles 26 de mayo, Richard Junior Goméz oriundo de Monte Grande; Provincia de Buenos Aires fue asesinado por una oficial de la Policía Bonaerense. Al ver al joven de 25 años en el techo de una casa vacía, la oficial disparó 6 veces contra él; provocándole la muerte. Apartaron a la mujer policía pero la familia de Goméz denuncia hostigamiento por parte de la Policía Bonaerense.
Otro asesinato tuvo lugar el jueves 27 en Lago Puelo, Chubut. La víctima se llamaba Alejandro “Tino” John, tenía 62 años, doble nacionalidad (argentino y estadounidense) y padecía de trastornos psiquiátricos. Efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Chubut; allanaron su casa y en medio de ello le dispararon en la cabeza provocando su muerte en el acto.
Ante lo sucedido el ministro de Seguridad provincial Federico Massoni avaló el accionar policial. Pero debido a la presión de organismos en pos de los derechos humanos y la intervención de la Embajada estadounidense debió reveerse el cometido.
Hechos en distintos puntos del país
El tercer y cuarto hecho tuvieron lugar el viernes 28 en La Banda, Santiago del Estero. El femicida Rafael Arce Ibáñez, quien formaba parte de la Guardia de Infantería de la policía provincial, asesinó a su esposa María José Fernández disparándole con su arma reglamentaria y luego se suicidó.
El quinto crimen sucedió el sábado 29 en Don Torcuato, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires. Allí Gianfranco Fleita Cardozo de 25 años fue arrestado y brutalmente golpeado por el personal del Centro de Operaciones Tigre (COT) provocando su muerte. Ante lo sucedido familiares y amigues de la víctima se movilizaron a la fiscalía para exigir justicia, pero fueron reprimides.
El sexto caso sucedió el domingo 30 de mayo en La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Dos oficiales de la Policía de la Ciudad: Juan Ramón Herrera y Natalia Bergamaschi discutieron de forma violenta. En medio de la discusión Herrera amenazó a Bergamaschi con su arma y disparó provocando la muerte de su hija de 6 años, Victoria. Detuvieron e imputaron al victimario.
Por último, el lunes 31 en la Ciudad de Buenos Aires fue asesinado Juan Francisco Ghergo de 29 años a manos de un oficial de la Policía de la Ciudad. El Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA intentó instalar la versión de que fue un intento de robo; pero las pericias realizadas por la Policía Federal demostraron que el disparó se ejecutó por la espalda. Familiares y amigues se acercaron al lugar donde se encontraba el cuerpo de la víctima, pero los reprimieron.
«La policía dispara preventivamente»
Verdú mencionó que: “En el universo de fusilamientos de gatillo fácil la mayoría de víctimas son varones, con prevalencia de la franja de 14 a 25 años, ya que cumplen con el prototipo de “sospechoso” al que la policía dispara “preventivamente”, como decía Rodolfo Walsh”.
A su vez informó que en el caso de muertes bajo custodia es bastante pareja la incidencia, pero se destaca como víctimas el colectivo LGTBQ+ y muy especialmente personas trans y travestis.
También comunicó que la prevalencia de víctimas mujeres se produce en la categoría de muertes intrafuerza o intrafamiliares. “A su vez, los femicidios de uniforme representan la quinta parte de los femicidios totales según los relevamientos más confiables de organizaciones feministas” y añadió que “Los casos de la nota reflejan que las dos víctimas mujeres corresponden a un femicidio de uniforme y a un femicidio relacionado.”
Hacia un futuro menos represivo:
La abogada concluyó con una reflexión en torno a la necesidad de terminar con la realidad demostrada en el informe. “Es necesaria una transformación social profunda, pero también existen medidas que se pueden tomar en estos precisos momentos de manera de reducir un poco los privilegios de los uniformados y proteger a las personas” aseveró.
Mencionó que la organización promueve, hace varios años, una Agenda Antirrepresiva Urgente con diversas medidas que podrían reducir el índice de letalidad de las fuerzas de seguridad argentinas. Pero resalto cinco principales y que considera con más urgencia a saber:
Derogación de las facultades de las fuerzas para hacer detenciones arbitrarias. Prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio. También la prohibición de dar defensa institucional a miembros de las FFSS en causas penales. El acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión. Castigo real y efectivo a todos los responsables de hechos represivos.