La jueza federal Sabrina Namer, integrante del Tribunal Oral Federal N° 8, absolvió a 18 mujeres trans acusadas de comercializar drogas. El fallo contempla la situación de vulnerabilidad de las acusadas. Además, la magistrada remarcó que no son juzgadas de igual manera que los capos narcos.
Asimismo, criticó el accionar de los policías que intervinieron, ya que estaban siendo investigados por inacción. También fue cuestionada la defensa, la fiscalía y el Cuerpo Médico Forense por no reconocer la identidad de las mujeres, a quienes llamaron “varones travestidos” durante el expediente.
La causa
Las mujeres, todas en situación de prostitución, habían llegado a juicio por comercializar drogas en el barrio de Constitución. La letrada tomó la decisión de absolverlas luego de entrevistar a las imputadas y concluir que sus condiciones de vida, en situación de extrema vulnerabilidad, tenían relación directa con el delito que se les imputaba.
En el expediente concluyeron varias causas vinculadas, iniciadas en 2013 por una denuncia anónima y luego por acciones de “vigilancia” de la Policía Federal de la Comisaría 8ª de la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, la jueza cuestionó la persecución contra “el eslabón más débil” de la cadena narco.
En paralelo, la letrada remarcó las diferencias entre las causas de las personas trans y la de los policías involucrados. Mientras las primeras fueron imputadas y privadas de su libertad, los policías, hasta el momento, no fueron ni presos ni acusados.
Comprender el contexto
Cabe mencionar que todas las acusadas son peruanas y migraron a nuestro país tras sufrir discriminación en su tierra. Tienen entre 29 y 46 años; con estudios secundarios y terciarios. Algunas han sufrido infecciones como consecuencia de haberse inyectado aceite de avión para aumentar sus glúteos.
El fallo también menciona que, entre otras enfermedades, casi todas tienen VIH y son consumidoras de cocaína. En sus declaraciones las acusadas plantearon la adicción a la droga y el alcohol como manera de sobrellevar su realidad.
En la sentencia se puede leer que “no resulta casual que la venta de estupefacientes haya formado parte de su subsistencia, puesto que el contacto con esas sustancias y su consumo está ligado a la forma en que ejercen la prostitución”.
El fallo contempla la perspectiva de género y un enfoque interseccional. Además, advierte que tanto la orientación sexual como la identidad y expresión de género de las imputadas “se han constituido en vectores de opresión vinculados con otros constituyen un sistema de desigualdades estructurales”.
Situación de vulnerabilidad
Todas las imputadas expresaron que fueron expulsadas de sus familias y que decidieron migrar a la Argentina por la discriminación sufrida en sus países de origen. Aquí, sin posibilidades de acceso a trabajos formales, por ser personas trans, se vieron empujadas a la prostitución.
Según la Fundación Huésped y Asociación de Travestis Transexuales y Transgénero de Argentina, más del 70% de las personas trans en nuestro país no ha terminado el secundario, resultado de la exclusión y la estigmatización. A esto, se suma la expulsión temprana de estas personas de su hogar y la violencia ejercida en este.
En la misma línea, el informe “La revolución de las mariposas” revela que casi el 90% de quienes tienen entre 18 y 29 años está en situación de prostitución o se considera trabajadore sexual.
Además, la mayoría de las investigaciones coinciden en que el 80% de las mujeres travestis o trans trabajan en la informalidad, ya que manifestar la identidad autopercibida lleva a la imposibilidad de acceder a un trabajo formal.
Al mismo tiempo, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT informó que del total de personas de la comunidad víctimas de crímenes de odio; el 84% de los casos corresponden a mujeres travestis o trans.
Estas cifras podrían ser incluso mayores ya que solo se cuentan casos relevados por los medios de comunicación o denunciados ante el Estado.