Las áreas a las que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) elige destinar sus fondos se encuentran, una vez más, en el centro de la escena política. A fines del mes pasado, el legislador porteño del Frente de Todos, Juan Valdés, reveló que el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta gastó $1080 diarios por habitante para su campaña presidencial.
La oposición cuestionó al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y también protestó por algunas medidas como la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas. De esta forma, el debate sobre la coparticipación vuelve a copar la escena política.
La campaña de Larreta y su gestión de recursos estatales
“La Transformación no para” es el eslogan del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que inunda la Capital Federal. En las calles, en los medios de comunicación, en la web y en los partidos de fútbol, la campaña electoral de Horacio Rodríguez Larreta llega a cada rincón del distrito porteño.
Con alcance a los municipios “amigos” del conurbano, “la Transformación no para” se nacionaliza de cara a las elecciones presidenciales de 2023, para las que el Jefe de Gobierno porteño tiene grandes aspiraciones.
Sin embargo, no hay claridad sobre el financiamiento de semejante despliegue comunicacional, aunque la búsqueda política sea evidente. Haciendo hincapié en educación, salud, seguridad, movilidad y espacios públicos, la campaña larretista demanda el triple de fondos que lo destinado a infraestructura escolar. Al menos $12 millones por día.
La información pública no es contundente. La Subsecretaría de Comunicación Social advierte que, como la campaña está en marcha, no hay un presupuesto definido. Aún así, reconoce un desagregado según sectores: TV abierta: 36%; TV paga: 12%; Radio: 15%; Vía pública: 17%; Cine: 2%; Diarios y revistas: 9%; Internet: 9%.
El presupuesto porteño sí admite desproporciones: en los primeros tres meses del año, mientras apenas el 112% se asignó a Políticas Alimentarias y un 0% en “Créditos a la Primera Vivienda”, se gastaron casi 12 millones de pesos por día en publicidad.
Además, “la Transformación no para” no se encuadra como una campaña pública porque no cumple ni con un rol concientizador, ni tampoco con advertencias, asesoramientos o consejos a la población. “Es directamente propaganda electoral”, señala Alejandro Volkind, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Disputa política en CABA
La situación presupuestaria fue tema de debate en la Legislatura porteña. Al respecto, el legislador Juan Manuel Valdés, del Frente de Todos (FDT), planteó: “El dinero que se invierte en pauta es 129% mayor al que se invirtió en infraestructura escolar”.
Asimismo, señaló que mientras la Provincia de Buenos Aires destina $156 por persona y el Gobierno Nacional $205, el GCBA asigna $1080 por habitante para campaña política.
El principal apuntado es Felipe Miguel, Jefe de Gabinete porteño, a quien le atribuyen un supuesto manejo irregular de los fondos públicos para el financiamiento de la campaña electoral de Rodríguez Larreta. En este sentido, Claudio Ferreño, jefe de bloque del FDT, le preguntó al funcionario, al abrir su intervención, si era “el Jefe de Gabinete o el jefe de campaña de Larreta”.
Por su parte, Miguel reforzó la queja de la administración local por la “quita” de los fondos coparticipables, fuente de conflicto con el Gobierno Nacional. En ese sentido, llamó a les legisladores a “defender” a la jurisdicción “de los ataques del poder central”.
A su vez, la diputada Claudia Neira del FDT destacó: “Proponemos sentarnos en una mesa, con los números y sin relato, para que la Ciudad reciba lo que es justo”.
Escuelas porteñas
Las escuelas suelen ser el eje del debate entre oficialistas y opositores. Aunque los colegios no reciban mayor presupuesto, sí son elegidos para colocar carteles de publicidad. De acuerdo a esa situación, sindicatos educativos -como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE)– remarcaron que la legislación no permite la introducción de consignas partidarias.
Además, resaltan que la construcción de edificios escolares, considerando que hay más de 50 mil chicos sin vacantes, es una de las grandes deudas de la gestión del PRO.
A su vez, la diputada porteña por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Alejandrina Barry, cuestionó la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas por parte del Ministerio de Educación. “¿Cómo van a hacer los y las docentes para referirse a estudiantes con identidad no binaria?”, preguntó la legisladora.