El próximo miércoles 13, la Coordinadora de Ex Trabajadores/as de Empresas Públicas Privatizadas realizará un acto y movilización hacia al Congreso de la Nación Argentina. La jornada tiene el objetivo de reclamar el resarcimiento para les trabajadores que sufrieron la ola privatizadora de las empresas del Estado en los 90.
Desde hace tres décadas, les trabajadores de las empresas privatizadas vienen denunciando las consecuencias de la entrega menemista como los mecanismos de despidos encubiertos. En este marco, Nota al Pie dialogó con Jorge Galati, coordinador de exSEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires) e integrante de la Coordinadora de Ex Trabajadores.
¿De qué se trata el reclamo?
La Coordinadora de Ex Trabajadores/as, este miércoles le solicitará al Congreso Nacional, una vez más, el resarcimiento para les trabajadores excluidos del pago del Programa de Propiedad Participada de las empresas privatizadas. “La ley de reforma del Estado que habilitó el desguace de las empresas del Estado preveía la participación de los trabajadores con un capital accionario dentro de ellas”, explicó Galatti.
A pesar de esto, afirmó que la realidad es otra: “En todo el país, miles fuimos excluidos de ese mecanismo. Y al día de hoy no cobramos lo que la ley establece”. Por esta razón es que decidieron tomar medidas. “Se presentaron proyectos de ley de resarcimiento económico para todas las familias damnificadas por las privatizaciones”, explicó Galati.
Desde el 2019 y hasta la actualidad, existen dos proyectos de ley que desde la Coordinadora exigen su tratamiento: 0827-D-2022; S-66/21 (Correo) y 0853-D-2022; S-67/21 (SEGBA).
El mes pasado, les ex trabajadores asistieron a una audiencia pública. El objetivo era no solo visibilizar la lucha, sino también darle un marco institucional al reclamo. Desde la Coordinadora, en un comunicado afirmaron: “Tres décadas son más que suficientes para que el Estado nacional repare el daño causado”.
A pesar de la desidia estatal, las reivindicaciones de les ex trabajadores cobran cada vez más fuerza en distintos puntos del país. La organización colectiva, desde hace algunos años, fue el camino para pedir por el resarcimiento que les corresponde.
La situación de les trabajadores y las consecuencias de la entrega
“En muchos casos, los compañeros no pudieron retomar su formalidad laboral”, manifestó Galati. En ese sentido, advirtió que muchos de ellos “no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse” y que quienes sí lo hicieron “acceden a una jubilación paupérrima”.
Además, el integrante de la Coordinadora sostuvo: “Compañeros de algunas empresas, como SOMISA (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina) o YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), tuvieron respuestas por parte del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso nacional respectivamente”. En el caso de YPF, a través de la Ley N.° 27.133, el Estado argentino indemnizó a quienes no accedieron al Programa de Propiedad Participada. Sin embargo, al menos 36.000 personas despedidas de otras empresas siguen esperando una reparación.
Durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem, un total de 67 empresas públicas fueron privatizadas. Muchas de ellas, además, de una gran importancia estratégica para el Estado. A su vez, el proceso privatizador fue llevado a cabo bajo la supervisión de los organismos financieros internacionales como el FMI (Fondo Monetario Internacional), el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) o el Banco Mundial.
“El proceso de privatización es la madre del desempleo; la precariedad laboral; el abuso por parte del sector privado; la flexibilización; la pérdida de derechos; la pobreza y la pérdida de soberanía nacional”, indicó Galati. “Si el proceso de entrega no se revierte, no habrá trabajo, ni soberanía, ni liberación nacional”, agregó.
“Las multinacionales, los sectores privados que se quedaron con el patrimonio nacional, siguen obteniendo beneficios. Mientras, los trabajadores seguimos esperando que, después de tres décadas, el Estado nacional repare el daño causado”, remarcó Galati.