En rechazo del proyecto impulsado por Juntos por el Cambio, que apunta a reformar la Ley de Alquileres, la organización Inquilinos Agrupados convocó en la tarde de ayer a una manifestación frente al Congreso Nacional.
La movilización se dio en contra de los principales puntos que prevé modificar el proyecto en los que se plantea: volver a los contratos con plazo de dos años; y cambiar la actualización anual mediante el índice de contratos de locación por actualizaciones trimestrales libres.
Se trata de la Ley 27.551, sancionada en 2020, que regula los alquileres a nivel nacional y que convirtió a Argentina en el primer país latinoamericano en contar con este tipo de reglamentación. Desde entonces, se hace cada vez más visible las tensiones entre distintos sectores del rubro.
Para conocer las opiniones en relación a esta propuesta, Nota al Pie dialogó con Marta Liotto, presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, y con Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario, también responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe.
Dos dictámenes en la Cámara de Diputados
La semana pasada, en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados se emitieron dos dictámenes. Por la mayoría y con 40 firmas de legisladores, se aprobó la iniciativa impulsada por Frente de Todos que propone mantener la actual norma y sumar beneficios fiscales para mejorar la oferta de viviendas.
Al respecto, Marta Liotto señaló que el proyecto presentado por el oficialismo representa “una profundización del control y la intervención estatal en el sector”. La aprobación de este, según Liotto, significaría la profundización de “los desequilibrios que actualmente vive el mercado”.
En tanto, por la minoría y con el respaldo de 39 diputades, obtuvo dictamen el proyecto impulsado por Juntos por el Cambio, Frente de la Concordia, Interbloque Federal y el Interbloque de Provincias Unidas, que propone reformar la ley vigente.
En ese marco, Sebastián Artola responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe, afirmó que, de aprobarse el dictamen del bloque opositor, “el resultado va a ser catastrófico”.
A su vez, explicó que la situación tendrá “más aumentos en los alquileres y más dificultad para sostener el pago del alquiler”, lo que dejará a “muchísimos inquilinos en la calle”.
En relación a las propuesta presentada por la oposición, la presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, señaló que su aprobación “permitirá que muchos inmuebles hoy a la venta vuelvan al mercado de alquiler, reduciendo los valores iniciales”.
¿Qué buscan reformar de la Ley de Alquileres?
Entre los principales puntos que establece la vigente Ley de Alquileres se encuentran la extensión mínima de contratos de tres años y una actualización anual del precio de estos sobre la base de una fórmula de indexación mixta que combina en partes iguales la evolución de la inflación (IPC) y de los salarios (RIPTE).
En ese sentido, el dictamen que apunta a reformar la Ley, propone reducir a dos años la extensión mínima; y que las actualizaciones sean libres a partir de los tres meses. En ese sentido, la presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires destacó: “La libre pactación de ajustes brindará seguridad tanto a inquilinos como a propietarios lo que redundará en cánones más accesibles”.
Por el contrario, el referente de Inquilinos Agrupados Rosario apuntó que se trata de una reforma “pro mercado y anti derechos de los inquilinos, hecha por la corporación inmobiliaria y a medida de la especulación”.
Por lo tanto, solo pone la mirada “en la rentabilidad de los propietarios, sin tener para nada en cuenta la realidad y difícil situación que atraviesan la gran mayoría de los inquilinos”
Además, el dictamen de minoría apunta a que no se pague la ley del cheque en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias, utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados, conforme a la reglamentación.
Por último, así como el proyecto oficialista, propone beneficios para los monotributos y eximición de bienes personales para propietarios que tengan viviendas de hasta 30 millones.