El pasado martes, luego de casi 18 horas de debate, el Poder Legislativo de Ecuador rechazó el pedido de destitución contra el presidente del país, Guillermo Lasso. En el marco de la grave crisis social que vive la nación, la moción quedó a tan solo 8 votos de ser aprobada.
En el ámbito político-institucional, fueron dos las principales fuerzas que estuvieron a favor de la destitución del neoliberal Lasso. Por un lado, Unión por la Esperanza (UNES), la fuerza que responde a Rafael Correa, y por otro, un importante sector del partido Pachakutik, representación del movimiento indígena.
“Defendimos la democracia, ahora debemos recuperar la paz”, sostuvo Lasso en su cuenta de Twitter tras finalizar la votación. El ex banquero agregó no solo que “prevaleció la institucionalidad del país”, sino que también “queda en evidencia quienes trabajan para las mafias políticas”.
Protestas y negociaciones
Más allá del fracaso en la moción, la crisis política en Ecuador continúa profundizándose. Tras 18 días de protestas, el saldo es de 6 víctimas fatales, más de 600 herides y 150 detenides.
El martes, el presidente del país andino decidió suspender las negociaciones que había entablado con la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). El mandatario acusó a los sectores indígenas de mantener como “rehén” al país. Asimismo, les atribuyó la muerte de un efectivo policial y anunció la ruptura del diálogo.
Al día siguiente en Quito, capital del país, centenares de indígenas marcharon y exigieron la reanudación del diálogo con el Poder Ejecutivo. Como consecuencia, el gobierno anunció que retomará los encuentros con el movimiento indígena. Sin embargo, esta vez será con la mediación de la Iglesia Católica.
Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, afirmó que decidieron aceptar el proceso de mediación que va a impulsar la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE). El objetivo del mismo es “devolver la tranquilidad al pueblo ecuatoriano”.
“Reiteramos que la voluntad del Gobierno Nacional es primero garantizar la paz de los ecuatorianos”, sostuvo Jiménez. Manifestó en ese sentido que era necesario llegar a la paz “por la vía del derecho y del respeto de las constitución”.
Un nuevo estallido social
Por segunda vez en 3 años, Ecuador vive masivas jornadas de protestas y un estallido social que derivan en una crisis política e institucional. La difícil situación social y económica no solo se explica por el contexto internacional, es decir por el conflicto Rusia – Ucrania, sino que es consecuencia de años de políticas neoliberales.
En octubre del 2019, durante 11 días y bajo el gobierno de Lenin Moreno, un gran paro nacional y la movilización de los sectores populares sacudió el país. Fue la respuesta al intento de una serie de reformas económicas de austeridad que pretendía imponer el anterior jefe de Estado ecuatoriano. La vulneración de los DDHH fue moneda corriente y dejó como saldo una decena de muertes. Además, miles de personas resultaron heridas y arrestadas, y la consecuencia fue un estallido social histórico.
En este sentido, el modelo económico de Lasso no difiere del de Lenin Moreno: la prioridad no son los sectores más humildes del país sino los intereses de la banca. La falta de políticas sociales, con una crisis socio-económica agudizada tras la pandemia del COVID-19, profundizó las desigualdades existentes.
Algunos de los motivos que impulsaron el paro nacional son la imposibilidad para un 70% de la población de cubrir la canasta básica de alimentos y un 27,7% de pobreza. A esto se suma la falta de empleo en buenas condiciones (tan solo el 30% recibe el salario mínimo) y el enorme incremento en el costo de vida. El panorama se ve agravado por la difícil situación en el sistema de salud y de los sectores productivos.