En los últimos 15 días, se registraron en la provincia de Buenos Aires dos suicidios de personas detenidas en distintas comisarías, lo que puso en la mira el funcionamiento del sistema penal bonaerense.
Uno de estos casos fue en el partido de Laprida, en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires. Allí, una joven de 26 años fue detenida la semana pasada por “alteración del orden público” y llevada a los calabozos de la Estación de Policía Comunal de dicha localidad.
Horas más tarde, en la madrugada del domingo, la encontraron muerta en su celda por ahorcamiento. El suicidio de la joven demorada fue en circunstancias dudosas y bajo la tutela de la Policía Bonaerense.
El hecho anterior tiene concordancia con el sucedido en Tigre, en la comisaría de la dependencia El Talar. Un hombre murió de la misma forma, y generó la sospecha hacia los efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires.
La modalidad de las muertes no es la única coincidencia que tienen, ambas comisarías sufrían clausuras judiciales y administrativas, por lo cual no estaban habilitadas para hospedar personas. Pese a los fallos judiciales, siguen con funciones normales y como depósito de detenides, bajo un contexto de vulnerabilidad absoluto.
El organismo lleva registradas cinco muertes bajo custodia estatal en dependencias policiales en 2022, que se suman a los 25 casos del año pasado. Los datos fueron arrojados por el último relevamiento del Centro de Operaciones Policiales (COP) del Ministerio de Seguridad bonaerense.
¿Qué sucede ahora?
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó como “Particular Damnificado Institucional” y solicitó informes a las dependencias judiciales a cargo de investigar las muertes. También se realizaron denuncias ante la Auditoría de Asuntos Internos.
A su vez, la CPM exigió que se cumpla la resolución N° 1390 de la Procuración provincial. Esta establece los protocolos a seguir cuando las fuerzas de seguridad son acusadas de un delito.
La hipótesis es que en estos casos se piensa que el suicido se da al tratarse de un contexto de encierro, los cuales deben ser investigados como responsabilidad de los funcionarios del lugar. Esto se plantea como “la falta de cumplimiento del deber de cuidado y eventualmente la infracción de las resoluciones dictadas y la normativa vigente”, explican desde la CPM.
Datos que alarman sobre los suicidios
El relevamiento de casos de esta índole se comenzó a realizar en el año 2012. Los datos del organismo determinaron que el ahorcamiento es la principal causa de muerte en comisarías y equivale a un 36%. La segunda causa con 15% es la deficiente atención médica; mientras que en el 35% de los casos se desconoce la causa de muerte.
Desde el inicio de la campaña se comprobaron 225 casos en nueve años. Del total de personas fallecidas, el 97% son hombres, mientras que sólo un 3% son mujeres. Estos hechos no son al azar y se deben analizar en un contexto de condiciones ilógicas de detención que sufren las personas, la sobrepoblación, el aislamiento extremo, la tortura, la nula atención sanitaria, el riesgo de salubridad y servicios básicos.
Son elementos que acompañan las decisiones de les detenides para terminar con sus vidas. Además el sistema policial argentino es sumamente represor ante las personas privadas de su libertad y hay más de un 80% de la población carcelaria que no tiene una sentencia, por lo que ni siquiera deberían estar en situación de encarcelación.
¿Qué pasó durante la pandemia?
El informe realizado por el Comité Nacional de la Prevención de la Tortura (CNPT) titulado “Impacto del Covid-19 en lugares de encierro de la República Argentina” estudió el impacto del virus en la población carcelaria.
También tuvo en cuenta el análisis del plan de vacunación dentro de los penales nacionales entre abril de 2020 y diciembre 2021, y concluyó: “Se registraron un total de 3.084 casos confirmados de Covid-19 en personas privadas de su libertad en 20 jurisdicciones de todo el país”.
Esto “significó una nueva vulneración de derechos y contextos signados”, resaltó la CNPT. Además, las circunstancias enumeradas unos párrafos antes, no favorecieron una rápida respuesta ante un virus desconocido.
En total, se contabilizaron 115 muertes durante el periodo analizado, en 2020 significó un 3,7% de letalidad y en 2021 fue de 3,8% frente a los 2,9% y 1,9% en libertad.
A su vez, la CNPT reveló que hubo 16 muertes durante los disturbios generalizados como protesta. Las principales causas fueron las condiciones sanitarias, la escasez de elementos de higiene y las restricciones en las visitas en las instituciones carcelarias. Ante ellos se habilitó el acceso a celulares e internet para garantizar el vínculo con familias y allegades.
¿Qué es la Comisión Provincial por la Memoria?
La Comisión Provincial por la Memoria es un ente público autónomo y autárquico, que se encarga de implementar y promover políticas públicas de memoria y derechos humanos.
En su sitio web explica que la premisa “es considerar a la memoria como un campo plural”; además de bregar por la transmisión y apropiación de una memoria ejemplar que iluminara la lucha por los derechos humanos en el presente.
Cabe resaltar que su formación se debe a la resolución legislativa de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires N° 2117 del año 1999 y modificada en el año 2000 con la sanción de la ley 12.611. Su sede se encuentra en el edificio donde estaba la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
En dicho establecimiento se encargan de gestionar el archivo que registra el espionaje realizado por esa dependencia durante 50 años. Ya en 2017 se le transfirió el edificio de Quilmes donde funcionaba la Brigada de Investigaciones, allí se creó el Sitio para la Memoria, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, ex Centro Clandestino de Detención Pozo de Quilmes.
En 2019, la Comisión por la Memoria fue designada como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en la Provincia de Buenos Aires. La decisión se tomó por unanimidad en el Consejo Federal de Mecanismos de Prevención de la tortura, según lo establece la ley nacional 26.827 que crea el sistema nacional de prevención de la tortura.