Los pueblos naciones indígenas preexistentes, el próximo domingo 5 y lunes 6 de junio se reunirán en la provincia de Jujuy para el lanzamiento de unificación del proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. Serán parte de la convocatoria 40 pueblos naciones originarias y dos mil comunidades indígenas preexistentes a partir de las instituciones representativas, las organizaciones de pueblos indígenas, Comunidades Indígenas y el Consejo de Participación Indígenas (CPI).
El reclamo principal es en torno a la reparación histórica de la demanda constitucional y la prórroga de Ley de Emergencia Territorial 26160 que corresponde al Congreso de la Nación. Además, exigen la unificación de la implementación de una nueva reglamentación que otorgue titularidad y propiedad de los territorios indígenas.
También se dará continuidad a esta instancia en el mes de julio en Región del Noreste Argentino, provincia de Chaco; en septiembre en el sur y concluirá en el área central de la argentina el 12 de octubre, en el marco de los 530 años de la llegada del “usurpador, del saqueo y genocidio más grande de la historia”.
Previamente, serán convocades les diputades de los diferentes bloques partidarios a acompañar con su firma el Proyecto de los Pueblos Indígenas que será ingresado e impulsado para su respectivo tratamiento y aprobación.
Nota al Pie dialogó con Germán David, mburuvicha (dirigente político) del pueblo guaraní, para hablar sobre Ley de Emergencia Territorial y la unificación de los dos proyectos de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.
Unificación de Ley
Actualmente, en el Congreso se están trabajando dos proyectos de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. Uno presentado por María Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); y el otro por las Organizaciones de Pueblos Indígenas de la Región NOA (OPI-NOA), organizaciones indígenas y sociales con la firma de les diputades del Frente de Izquierda. “Logramos consensuar que era necesario tener un solo proyecto”, detalló Germán David en diálogo con Nota al Pie.
“Los dos proyectos son casi similares, porque los dos están basados en un proyecto que presentamos en el 2010”, contó Germán David. En ese mismo año, se creó una Comisión de implementación de la Ley Comunitaria. En esta participaron las organizaciones indígenas, funcionarios del Gobierno nacional, representantes de las provincias y algunes legisladores. Sin embargo, el proyecto “quedó estancado en la secretaría legal técnica de Casa de Gobierno” y de ahí no lo pudieron destrabar.
Frente a este escenario, el mburuvicha expresó: “No podíamos seguir esperando. Nos dedicamos a actualizar el proyecto y salimos a buscar diputados que nos acompañen con el proyecto”. Finalmente, Victoria Donda, en ese momento presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y miembro de la Cámara de Diputados, acompañó y firmó el proyecto junto a la diputada rionegrina peronista Silvia Horne.
Sin embargo, el proyecto perdió causa parlamentaria el año pasado. Finalmente, las organizaciones encontraron el apoyo en el diputado jujeño del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, quien acompañó el proyecto con su firma en conjunto al bloque.
Acampe de 60 días
A finales del 2021 y principios del 2022, las organizaciones realizaron un acampe de 60 días frente al Congreso. El objetivo fue reclamar la prórroga de la Ley 26160 de Emergencia Territorial; además de la aprobación de otra legislación con la que el Estado reconozca de manera definitiva los territorios comunitarios para esta población. En ese espacio se discutió la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena y se habló sobre la idea de unificar los proyectos.
“Nosotros no tenemos tiempo. Cuando nos demos cuenta, vamos a estar a fin de año. Así que consensuamos las Organizaciones de OPI-NOA, y alguna otra, organizaciones la unificación de la Ley de Propiedad”, esa tarea estarán llevando a cabo durante las jornadas del 5 y 6 de junio.
Ley de Emergencia Territorial y Ley de Propiedad Comunitaria Indígena
La Ley 26160 de Emergencia Territorial, dictaminada en 2006, obliga al Estado a realizar un relevamiento territorial de cada comunidad en coordinación con los gobiernos locales, a través del INAI. Además, impide los desalojos y reconoce la posesión originaria de tierras.
“Nos permite a las comunidades contar con una carpeta técnica que lleva adentro un relevamiento jurídico, histórico, antropológico, social”, explicó Germán David. Además, agregó: “Se hace un mapeo histórico de un conglomerado de documentación que tiene que brindar la comunidad para que sea aprobada”. Dicha carpeta representa un “documento previo a tener el título de la tierra” frente a los conflictos territoriales.
A fines del año pasado, las organizaciones indígenas pidieron su prórroga en la Cámara de Diputados. Esta fue concedida por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), dictado por el presidente Alberto Fernández, en noviembre pasado. Pero frente a los conflictos territoriales, donde las comunidades han sufrido desalojo y exclusión, la emergencia actual para les indígenas es la inmediata aprobación de la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, que garantice, no solo la posesión de tierras, sino la propiedad y la titularidad.
“Como pueblo indígena, el título de la tierra va a ser comunitaria con el nombre de la comunidad. No viene a nombre de ninguna persona”, expresó Germán David. Esto se debe a que, “si esa persona muere o lo cambian de comunidad”, se volverían a encontrar en peligro las tierras.
Respecto a la unificación de este proyecto de Ley, el mburuvicha desarrolló: “Todas las organizaciones indígenas que pasaron por el acampe estaban de acuerdo en que tengamos un solo proyecto, con el fin de darle fuerza”.