En nuestro país, hoy en día, hay un sostenido repiquetear de la derecha económica y sus voceros políticos y mediáticos en contra de los planes Potenciar Trabajo, que reciben un millón doscientos mil argentinas y argentinos. Desde adjudicar que dichos subsidios son los responsables del déficit fiscal (nunca nombran, por ejemplo, la evasión de las grandes empresas como una de las causas), a decir que esas personas que los reciben deberían dejar de cobrarlos e ir a trabajar, sin explicar por cierto a dónde están los supuestos empleos esperándolos con los brazos abiertos.
Ni que hablar de las horribles, despectivas y clasistas expresiones que se utilizan para denominar a quienes los cobran; gente humilde en su totalidad.
Para empezar y referido a todo lo anterior, digamos que los responsables de que haya aparecido la necesidad de esos aportes del Estado, que empezaron el 2002 con Duhalde, son los mismos derechistas que hoy claman contra ellos. Fueron ellos los que, desde mediados de la década del setenta, cada vez que llegaron al gobierno, con los militares, Menem y Macri, fueron destruyendo la industria y su entramado productivo en la Argentina.
Es por ello que a finales de la década del ‘90, en medio de un mar de pobres, aparecieron las primeras organizaciones “piqueteras”; que son el ámbito donde aquellos marginados del mundo laboral se fueron organizando para pedir por un mínimo de dignidad en la cobertura de sus necesidades básicas. Y ya no dejaron la escena social, e incluso se hicieron más numerosas. Porque aquel mar de necesitados que generó el neoliberalismo de los ricos, hoy ya es un océano que abarca a 18 millones de compatriotas.
En segundo término, señalemos que, en un sistema capitalista como el nuestro cuando hay crisis se recurre siempre a la intervención del Estado con políticas anticíclicas, keynesianas, para paliarlas. Como los seguros de desempleo tradicionales, la obra pública o, ahora, más cerca en el tiempo, la enorme cantidad de recursos que se volcaron a la economía desde los gobiernos en los países desarrollados por la pandemia del Covid.
Dicho esto, es bueno poner en claro que en nuestro país se arrastra una crisis de crecimiento desde hace por lo menos 10 años; con Cristina, Macri y Alberto. Que se ha profundizado severamente desde el 2018 hasta la fecha, más allá del rebote del 2021 luego del derrumbe del año anterior.
La consecuencia de ello es la expansión de la pobreza y la indigencia. Como así también una durísima situación laboral. Tenemos solo la mitad de las personas en condiciones de trabajar en blanco: 6 millones en el sector privado, 4 millones en el público y 2 millones en forma independiente; de los cuales al menos el 30% tienen salarios por debajo del nivel de pobreza que determina el Indec.
A ello debemos sumarle que en el otro 50% están los que trabajan en negro, en la informalidad, en su enorme mayoría con ingresos bien debajo de los que tienen empleo registrado. Como así también los dos millones de desocupados.
Es en esa realidad laboral concreta que tenemos, que en lo fundamental ha sido gestada por los gobiernos neoliberales, donde radica la enorme pobreza que nos agobia. ¿Adónde va a ir a trabajar entonces, en esta situación, la gente que tiene planes sociales, como plantean los sátrapas de la derecha que piden dejar de otorgarlos?
¿Qué duda cabe que de la pobreza y la marginación actual se sale con trabajo? ¿Qué organización social desconoce eso? ¿O acaso no hay un reiterado planteo de sus dirigentes de que se debe generar empleo para terminar con los planes sociales? Ahora bien, a dónde están hoy las condiciones para hacer ese tránsito ya o en el corto plazo. Solo con manifestar mala fe e intencionalidad encubierta de echarle la culpa a los pobres de lo que pasa en la economía del país, se puede decir eso.
En realidad, los planes sociales, como los Potenciar Trabajo, son una política anticíclica indispensable para no agudizar los tremendos problemas de pobreza por los que atravesamos. No solo hay que mantenerlos, sino incrementarlos en su cantidad y en los montos que se pagan por ellos (miserables 19.000 pesos) para que cumplan su importantísimo rol económico y social.
Claro, para esto hay que tener el coraje de confrontar con las exigencias del FMI y los grandes empresarios, que buscan agudizar en su favor la ya retrógrada distribución del ingreso por estos pagos. No parece que este gobierno timorato esté dispuesto a ello.
El futuro
Esto que sostengo arriba refiere al presente, pero si hablamos de futuro, digamos más claramente aún que la solución al agudo problema laboral de nuestra nación, principal fuente generadora de la pobreza que nos afecta, no va a venir en lo esencial de la mano del mercado como argumentan los liberales. Solo puede provenir de la acción del Estado, o no tendrá arreglo.
Por lo pronto, hay una porción de compatriotas, que son varios millones, que la prolongada crisis de desocupación y pobreza ha arrojado a una situación educativa y cultural que hace muy difícil su inserción en el mercado laboral, aun cuando este se vaya recomponiendo. A esas personas el Estado debe brindarles un piso de ingresos para que no profundicen su realidad de deterioro y marginación. No solo es una obligación moral obrar así, habida cuenta que no son ellos los responsables de estar en el fondo del pozo, sino que es culpa de los gobiernos de turno de décadas a esta parte. Es, además, una necesidad de la sociedad mitigar las consecuencias de todo tipo que se generan para todos, al tener a una parte de sus integrantes en semejantes condiciones.
A ello cabe agregar que el avance de la tecnología significa menos empleos. Particularmente en las actividades económicas importantes y necesarias para insertarse en el mercado mundial, expandir nuestras exportaciones y sustituir competitivamente importaciones. Esto sucede y sucederá aún cuando se genere trabajo en algunas actividades alrededor de las mismas.
Pero eso, de que la tecnología afecta empleos sucede, además, también, en otras actividades que tienen que ver con el mercado interno como las financieras, comerciales, de los servicios, etc.
Por tanto, el camino hacia adelante para resolver los problemas laborales que nos afectan, que también impactan sobre el sistema previsional como es sabido, debe orientarse sí o sí a desarrollar los segmentos económicos que más trabajo generan: las pequeñas y medianas empresas y la economía popular. No solo hay que tener planes para ello, sino que es determinante para que podamos tener éxito el rol que juegue el Estado en su apoyo; seguramente por muchos años. Eso muestran las naciones que han avanzado por ese camino como Italia o Israel.
Ahí, en ese universo de pymes y empresas de economía popular, con el Estado de columna vertebral, reside el corazón de las posibilidades de construir en definitiva otro país. Manifiestamente distinto a éste a que nos condujeron la derecha neoliberal y también el pseudo progresismo timorato los últimos cuarenta y pico de años.
Por supuesto que nada será posible, aun cuando maduren las condiciones mundiales para ello en los próximos tiempos, como todo indica, si no somos capaces de tener un gobierno verdaderamente patriótico, nacional y popular en serio. Con el coraje de enfrentar a los sectores de poder de acá y de afuera que buscan imponernos sus intereses una y otra vez.