El estallido social que se produjo en Chile entre octubre de 2019 y marzo de 2020 no fue en vano. No se trató de una simple movilización de jóvenes, sino que fue el grito de un pueblo lleno de hastío hacia diversas políticas arcaicas. El detonante había sido el aumento de la tarifa del metro, pero según les protestantes y expertos esa era solo la punta de un iceberg de una desigualdad cada vez más notoria.
El informe de Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en aquel entonces, había asegurado que el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017. De tal forma, el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país. Dicha situación generó una brecha social sin precedentes.
En este sentido, los cambios comienzan a llegar. El pasado miércoles La Convención Constitucional de Chile aprobó normas de derechos sociales. Entre ellas se destaca la que asegura la educación superior gratuita, financiada con aportes del Estado. También se puso énfasis en las que regulan la salud pública brindada tanto por prestadores estatales, como por entidades privadas. Estas normas se incorporan al borrador de la nueva carta magna, que podría sustituir a la de 1980 heredada de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
El 4 de julio de este año vence el plazo de entrega del borrador de la nueva Constitución, que se votará en un plebiscito obligatorio de salida el 4 de septiembre. En este contexto, el órgano redactor despachó a la propuesta de una nueva constitución los artículos 16 y 17 del informe de Derechos Fundamentales. Entre otras cosas, estos apartados reconocen que todas las personas tienen derecho a la educación y que esta es un deber primordial e ineludible del Estado.
Chile en pos de la educación y salud
Las demandas del 2019 hicieron mucho hincapié en el acceso a la salud y la educación. Respecto a esta última, hoy es financiada de la misma manera para pública y privada, donde el estado otorga una subvención básica por estudiante. La educación superior, por otro lado, es financiada por el estudiante o su familia y cuenta con algunos beneficios del Estado, es decir que no es gratuita en su totalidad.
Los artículos aprobados el miércoles encarnan en primera persona aquellos reclamos. El artículo 16 señala: “Todas las personas tienen derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado”.
Por otro lado, se aprobó que el Estado «deberá articular, gestionar y financiar un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito”. Asimismo, este sistema debe estar “compuesto por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas».
El documento remarca que «la educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación; su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado».
En cuanto a la salud los artículos mencionan: «El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud».
De aprobarse la nueva Constitución, el presidente deberá presentar un proyecto de ley para implementar el nuevo Sistema Nacional de Salud. Este plan, según les prestadores de obras sociales y prepagas privadas, significaría el fin de la industria.
Las repercusiones
Tras la votación, casi todes les congresistas se expresaron en sus redes sociales. La mayoría se mostró feliz por el avance en materia de derechos y por dejar atrás una constitución que data desde un periodo tan oscuro para el país.
Constanza Schonhaut Soto, congresista del distrito 11 señaló en sus redes sociales: “Una lucha de años, ¡hoy da frutos en la Nueva Constitución! ¡Aprobado el Derecho a la Educación!”. Además, agregó que se necesitaron años de movilización y fuerza social para hacerlo posible.
En sus redes, Alondra Carrillo Vidal, referente de los movimientos feministas en Chile se mostró efusiva: “Y cayó la educación de Pinochet. Todas las personas tienen derecho a educación pública y no sexista”.
El histórico militante universitario Guillermo Namor Kong destacó: “Un deber primordial e ineludible del Estado, financiado con APORTES BASALES permanentes, directos, y suficientes al Sistema Nacional”.Por último, el escritor y constituyente Jorge Baradit Morales indicó en sus redes sociales que estaba emocionado hasta las lágrimas. Luego, señaló: “La educación, convertida en un bien de consumo de lujo por la derecha pinochetista, vuelve a ser un DERECHO que le permitirá a cualquier nacid@ en esta tierra tener la educación que le corresponde por el solo hecho de ser chilen@”.