En el Chaco Salteño se encuentra ubicada la zona de Hickman y Dragones. Allí hay muchas comunidades indígenas y pequeños productores campesinos. El ingeniero forestal, Facundo Bertolami, dialogó con Nota al Pie y contó el trabajo que realizó en estas zonas durante el año 2015.
El especialista trabajó para un programa llamado PROSOBO (Programa Social de Bosques), dedicado a bajar fondos para proyectos de desarrollo rural para la mejora de producción, facilitar el acceso al agua y a su vez dar capacitaciones sobre los derechos y las cuestiones jurídicas vinculadas al dominio de la tierra.
Al comienzo, Bertolami fue técnico y luego coordinó el equipo: “en total éramos diez personas” agregó. En el programa se trabajaron tres proyectos, “uno con familias criollas y dos con comunidades indígenas” según comentó el entrevistado.
Objetivos del programa
Concretamente el proyecto se centraba sobre todo en lograr el acceso al agua en las comunidades. “Hicimos más o menos diez perforaciones de agua de 60, 70 metros de profundidad”, explicó el ingeniero.
Luego también se realizaron una serie de capacitaciones relacionadas al manejo sustentable de los bosques nativos; y “algunos pequeños ensayos de esquemas de producción en pequeños cercos agrícolas ligados a los pozos de agua que perforamos”.
A su vez, se realizaron prácticas ganaderas sustentables, “todo el tema sanitario, el manejo del rodeo dentro del bosque”. En las comunidades indígenas se hizo algo similar. “Si bien ellos no son tan ganaderos, están más enfocados obviamente al acceso al agua”, agregó Bertolami.
En este sentido, el ingeniero afirmó que el enfoque en las comunidades apunta “más al autoconsumo, a producir la huerta para vender un poco el excedente, pero básicamente para el consumo propio”.
Dirección de NOA
Durante el 2020, Bertolami fue director regional del NOA, es decir, trabajó en la dirección general noroeste de parques, en el área técnica; vinculada a cuestiones ambientales.
El enfoque de la gestión se vinculó a los derechos de les habitantes de las zonas protegidas, respetar la ley de parques y tratar de que la gente “se transforme en socia de la conservación y que puedan vivir de la misma”.
Aquí también trabajó con comunidades indígenas. En la reserva Pizarro ubicada en la Provincia de Salta, por ejemplo, una comunidad wichí pudo quedarse en la misma.
El Gobierno Nacional les dio una fracción de ese dominio “lo que no quita que siga estando en jurisdicción nacional”, manifestó el ingeniero.
Proyectos a largo plazo
Las comunidades indígenas atraviesan múltiples problemáticas que para Facundo requieren políticas a largo plazo. “Son problemas estructurales, no se cambian de un día para el otro”, agregó.
“Las políticas a implementar para generar cambios profundos deberían tener más presupuesto, pero más que nada tendrían que ser mejor pensadas, con programas bien armados”, opinó.
Los técnicos, a su vez, según dijo Bertolami, deben tener en cuenta la lentitud de los procesos, las lógicas de las comunidades, su distinta cosmovisión, entender que tienen otros tiempos. El experto comentó que tienen “otra forma de ver la realidad que uno como funcionario del estado lo tiene que ver y aceptarlo y tratar de generar proyectos y programas que se adapten a sus realidades y no a las nuestras”.
El ingeniero expresó que “no puede ser que haya un cambio de gobierno, se corte un programa, empiece otro, el cortoplacismo de la gestión hace que estos procesos se rompan y que la gente pierda credibilidad también, así no generás cambios profundos de ninguna manera”.
Por último, también dio su opinión acerca de la forma de expresarse hacia las comunidades: “No está bueno estar hablando de comunidades como los pobres indios. Son tan argentinos como nosotros, con su mirada y con sus leyes y con su proyección porque eso hay que respetarlo, son otros argentinos que merecen lo mismo que merecemos nosotros”.
El problema de la tierra
Por otra parte, Bertolami habló sobre la problemática de la tenencia de la tierra que “limita un montón los esquemas de desarrollo que puedan llegar a generar”.
“En la mayoría de los casos las comunidades no tienen acceso a un título, por lo tanto, no tienen acceso a un crédito, por lo tanto, no tienen acceso a programas atados a que seas dueño de la tierra entonces se limitan algunas herramientas”, agregó.
Con respecto a esto, Luciana Kosiel, quien produjo mapas referenciadores de territorio indígena, dialogó también con Nota al Pie y dijo que “se superponen los derechos”.
“Está el derecho a la propiedad privada pero también están las personas que compran tierras desconociendo, algunos, otros no, que ya había pueblos preexistentes que vivían ahí”, afirmó.
Kosiel trabajó para la Ley de emergencia 26.160, sancionada en el año 2010, la cual manifestaba la prohibición de desalojos donde hay comunidades de pueblos originarios.
La entrevistada comentó que “por el 2010 estaban habiendo muchos desalojos; por eso sale esta ley de emergencia para frenarlos, aparte se dieron cuenta que tampoco había un relevamiento de las comunidades”.
El equipo de trabajo estaba dividido en tres áreas. El área social, integrada por antropólogos, el área de georreferenciamiento y el área legal. Kosiel y sus compañeres salían con GPS al territorio y “levantaban punto por punto” cada parte de tierra que la gente de la comunidad les indicaba que usaba.
Por último, comentó que luego en la oficina, generaban un mapa con la información recolectada. Para ello se usaba un pictograma específico y adjuntó imágenes satelitales. Allí quedaba reflejado el territorio, “que esa comunidad reconocía como propio, en base a los usos que hacían”, finalizó calculando la superficie del mismo.