El próximo 21 de marzo tendrá lugar el día mundial de las personas con síndrome de Down. El Observatorio de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), a cargo de la Defensoría, adhirió a la campaña internacional “Inclusión Significa”.
La meta para este año es fortalecer la igualdad de derechos para las personas con esta discapacidad. Así, el organismo pretende expresar la obligación que tiene el Estado para garantizar derechos de inclusión social a las personas que padecen esta patología.
El impulso del sector público
El Defensor Adjunto del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Martello fue consultado por Nota al Pie acerca de la necesidad de establecer políticas públicas de inclusión para personas con esta problemática.
“Se trata de tener datos fehacientes respecto a el universo total de personas con síndrome de Down que hoy solamente se tienen en cuenta a partir de la obtención del certificado de discapacidad (CUD), pero quedan excluidos […] aquellos que, por alguna situación vinculada a la vulnerabilidad no tienen el certificado”, aseguró el funcionario.
Martello, además, remarcó, que “esto (la política inclusiva) se podría haber logrado de manera más eficiente si se hubiese integrado un relevamiento en el censo que se está disponiendo, por estos días, del tema de la discapacidad”, (medida abordada de manera general, pero no específicamente en la patología de síndrome de Down).
La postura metodológica de la Defensoría
La postura de la Defensoría se basa en estadísticas de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA). Los relevamientos indican que el 66% de las personas con síndrome de Down son niñes. Mientras que, el 48% de les jóvenes con ese mal son mayores de 12 años que no ingresaron al secundario y el 85% están fuera del mercado laboral.
De manera general, el Defensor Adjunto aseguró que “sin datos certeros muchas veces es difícil hacer un seguimiento de las políticas públicas en lo que se refiere a la atención de la salud en relación al derecho de las personas”.
Por último, desde la Defensoría señalaron que “muchas familias tienen que acudir a la Justicia para que las prepagas y obras sociales cubran la prestación de las maestras integradoras y/o psicopedagogas”.