El Movimiento Libres del Sur realizó un recurso de amparo que fue presentado ante el poder judicial y legislativo de la Nación. Debido a la decisión del gobierno nacional de pagar la deuda fraudulenta adquirida por el ex presidente Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La referente nacional de Libres del Sur, Silvia Saravia explicó que reclaman que se investigue la deuda adquirida y en qué términos fue otorgada. Ya que es “evidente y alevoso que los pagos que se planteaban en ese acuerdo no se iban a poder cumplir”. Desde el principio “se estaba previendo que iba a tener que refinanciar y volver a tomar una nueva deuda”.
Actitud del Gobierno
En ese sentido, la coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Pie resaltó que hubo una actitud política de apoyo del gobierno, en ese entonces, de Donald Trump hacia Mauricio Macri. Y agregó que “creemos que debe investigarse por qué se desarrolló esto, probarse y luego tomar en cuenta quienes se beneficiaron con ese dinero”.
En referencia a sí obtuvieron una respuesta por parte del gobierno, remarcó que le respondieron que “no se abra el potenciar trabajo, que los alimentos que se entregan en comedores y merenderos siguen siendo de una cantidad limitada”. Acciones que llevan a pensar que “hay un ajuste en marcha”, además de que no se busca paliar las consecuencias que trajo la pandemia sino que el foco está puesto en cerrar el acuerdo sin tener en cuenta que se perjudica la calidad de vida de la población.
De los detalles del acuerdo que se filtraron se conoce que va a ser muy lesivo para la sociedad argentina. Por varias razones: pensar en que cierre el déficit fiscal y no priorizar en que se reviertan los datos de pobreza, de empleo informal, de indigencia. También que es gravísimo que el FMI monitoree nuestra política económica cada tres meses, creemos que es una total pérdida de soberanía y de independencia, destacó Saravia.
Las medidas que reclama el Amparo Judicial
Por medio del amparo solicitan la nulidad absoluta de la inconstitucionalidad del acuerdo firmado en el 2018. Además, de la ejecución de todo el proceso posterior los desembolsos económicos que se efectivizaron. Debido a que no se respetaron las reglas constitucionales ni legales vigentes en el país.
De igual manera, se busca dictar una medida cautelar de no innovar que impida tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo llevar adelante cualquier acto administrativo o legislativo. Hasta que no se resuelva la cuestión de fondo y se determine las responsabilidades penales que les corresponden a les funcionaries denunciados en la causa.
Según sostiene el comunicado de la organización, los fondos fueron acordados y utilizados en beneficio del proyecto político del gobierno de turno y sus aliades. Lo cual fue a costa del esfuerzo de la sociedad argentina en su conjunto.
En la misma línea, afirman que hay una causa judicial en la cual el Banco Central realizó un listado de las empresas y los organismos que se beneficiaron de ese dinero. En lugar de invertir en medidas que impliquen un desarrollo para el país.