El 8 de febrero de 2021 Úrsula Bahillo, una joven de 18 años que vivía en el partido de Rojas, provincia de Buenos Aires, fue encontrada asesinada a puñaladas en un pastizal. Cerca de su cuerpo hallaron herido a su femicida, Matías Martínez, expareja de la víctima y policía bonaerense, quien había ejercido violencia contra Úrsula en repetidas ocasiones.
Un año después del crimen que conmocionó al país, familiares y amistades de la víctima realizarán una manifestación en la plaza central, frente a la Municipalidad de Rojas, para reclamar la destitución de los jueces Marcelo Romero y Luciano Callegari, quienes estaban a cargo de la causa y debían brindar protección a Úrsula.
El femicidio podía haberse evitado: Úrsula había hecho cinco denuncias por violencia de género contra Matías Martínez. El femicida también había sido denunciado por amenaza de muerte a otra mujer y también había abusado sexualmente de una menor. Una vez más la justicia eligió favorecer al agresor permitiéndole un gran número de libertades que acabaron quitándole la vida a Úrsula.
Crónica de un femicidio anunciado
“Úrsula fue un domingo a hacer la denuncia y le dijeron que volviera el lunes. El lunes la mataron”, declaró Emiliano Basso, abogado de la familia de Úrsula, dando cuenta de que su femicidio fue anunciado.
A partir de las primeras denuncias de Úrsula, le otorgaron una perimetral y cese de hostigamientos por 6 meses. No obstante, ella se topaba con su agresor en la calle, en un bar e incluso un día el auto de Martínez estaba estacionado fuera de su casa.
Con temor por el incumplimiento constante de la orden de alejamiento, Úrsula recurrió una y otra vez a la Justicia con la necesidad de que le brindaran mayor protección. La única respuesta que tuvo por parte del juez Luciano Callegari fue que Martínez “no era peligroso”.
Luego de asesinar a la joven, el femicida fue condenado a 4 años de prisión por lesiones leves agravadas y amenazas agravadas contra otra expareja. En diciembre de ese año, fue sentenciado a cadena perpetua por el homicidio doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y femicidio de Úrsula Bahillo.
“No puedo creer que pasó un año de este evitable femicidio. Parece que fue ayer. Es un abrir y cerrar de ojos y una sigue sangrando. No tengo consuelo, sí mucho dolor. Con 53 años siento que me estoy secando en vida”, declaró la madre de la víctima a Página 12.
La necesidad de una reforma judicial
La familia denunció a los jueces que desestimaron las denuncias que Úrsula realizó contra su femicida. Cuando se descubrió que Martínez había abusado de una menor, el fiscal de esa causa ordenó la detención del policía pero el juez subrogante del Juzgado 1 del Departamento Judicial de Mercedes, Marcelo Romero, estaba de vacaciones y no se efectuó la detención.
Por otro lado Luciano Callegari, Juez de Paz Letrado de Rojas, ignoró las violaciones perimetrales y declaró que el femicida no era peligroso, a pesar de las denuncias previas por violencia de género. La Defensoría del Pueblo bonaerense emitió un pedido de juicio político contra el magistrado por negligencia e incumplimiento de sus deberes.
“Martínez venía, además, con una causa por maltrato y amenaza con el arma reglamentaria cargada a la expareja. Si el sistema funcionara como debería funcionar no tenía que estar libre y no hubiera llegado a hacer lo que hizo. Esto fue una asociación ilícita», declaró a Página 12 Adolfo, el padre de Úrsula.
Según un informe de la organización Mumalá, en los primeros dos meses del 2021 se cometieron 47 femicidios. En el 17 % de los casos, el agresor era perteneciente a las fuerzas de seguridad, lo que demuestra la complicidad de las instituciones estatales.
Luego del femicidio de Úrsula, organizaciones feministas salieron a las calles exigiendo una reforma judicial con perspectiva de género, que acabe con la complicidad institucional de jueces y policías, de forma que las víctimas de casos de violencia de género puedan acceder a una solución rápida y efectiva.