La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y la Comisión Provincial por la Memoria, hicieron pública la denuncia por violencia laboral contra la titular del Juzgado de Ejecución N.º 1 de Mercedes, Marcela Otermin. Según informaron desde el sitio oficial de la AJB, en la denuncia se describen distintas alternaciones. Estas “ponen en riesgo el control de legalidad del cumplimiento de la pena impuesta a personas privadas de la libertad”.
Un informe realizado por la Corte Suprema de la Nación Argentina y la Oficina de la Mujer, explica que la violencia laboral involucra distintas situaciones en las que una persona o grupo de personas ejercen maltrato, violencia u hostigamiento físico o psicológico de manera sostenida hacia une empleade. “Buscando con ello desestabilizar, asilar o destruir su reputación, deteriorar su autoestima y disminuir la capacidad laboral”, agrega.
La jueza se encuentra imputada ante la Unidad Fiscal Especializada en delitos de corrupción de Dolores, por la presunta “comisión de los delitos de falsificación ideológica de instrumentos público agravada por la calidad de funcionaria pública en concurso real”, relató el sitio oficial de AJB.
Inicio de la causa a Marcela Otermin
La causa fue iniciada en 2016 por la evasión de prisión de los hermanos Lanatta. La persecución y posterior captura en la provincia de Santa Fe, generó incertidumbre en la opinión pública nacional y motivó el pedido de juicio político realizado por la Procuración General bonaerense. Según explicaron, la actuación de la jueza requiere una investigación en los términos de la Ley 13168 de violencia laboral.
La solución de la acusada ha sido organizar el trabajo interno del juzgado. Para ello, ha realizado una delegación sistemática de sus funciones mediante una asignación personalizada del despacho de expedientes. La misma ha sido dirigida a les empleades y funcionaries del Juzgado sin criterios jurídicos y administrativos razonables, explicaron desde AJB.
La descalificación permanente, el destrato funcional y el maltrato personal han traído como consecuencia el cambio de sitio de labor de 29 personas. De ellas, 18 han invocado razones de salud confirmadas por la Dirección General de Sanidad.
Entre las acciones por las que se juzga, se encuentra que ha tratado a les funcionaries “de cobardes y perversos”. Esto por su desempeño con el juez que la subrogaba mientras estuvo de licencia. Por otra parte, ordenó que oficios dirigidos a una funcionaria de la Defensa Pública la mencionaran como “la funcionaria de menor jerarquía de la Defensoría Oficial…”.
Además, tildó de “delincuentes de cuello blanco” a empleades que usaban la fotocopiadora para la creación de copias de expedientes. También envió causas para su despacho a una empleada que gozaba de una licencia por maternidad.
Desempeño y posterior sumario
Marcela Otermin hacía establecer su presencia en actas de audiencias a las cuales no asistía y demoraba en revisar los proyectos de resolución de libertades. También, ordenaba no remitir injustificadamente las causas en vista al Fiscal para demorar el dictado de resoluciones en situaciones procesales, que ameritaban otorgar los beneficios contemplados en la ley de ejecución penal.
Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, calificó a estas prácticas como “violatorias de los más elementales derechos humanos de las personas privadas de la libertad”. Finalmente, tanto el secretario gremial de la AJB, Agustín García, como el secretario de Derechos Humanos, Mariano Fernández, coincidieron en la necesidad de erradicar la violencia laboral de las dependencias judiciales. Por tanto, exigieron la rápida instrucción del sumario disciplinario por parte de la Subsecretaría de Control Disciplinario. También pidieron que la Suprema Corte disponga la licencia compulsiva de Marcela Otermin y promueva su destitución por violencia laboral y mal desempeño.