Entre los años ochenta y noventa, Gary León Ridgway, femicida serial, conocido como el «El Asesino de Green River», sembró el terror en la ciudad de Seattle, Estados Unidos al matar a más de cincuenta mujeres por ejercer el trabajo sexual. En homenaje a las víctimas de los femicidios cometidos, en 2003, se instauró el 17 de diciembre como el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales. Desde entonces el objetivo de este día es visibilizar y dar voz a las trabajadoras sexuales para terminar con la violencia que sufren a diario.
La voz de las trabajadoras sexuales
Desde 1994 la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR) lucha en forma organizada por la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, como mujeres que deciden ejercer con consentimiento propio y de forma autónoma este trabajo.
EL colectivo de trabajadoras sexuales de AMMAR se organizó en un sindicato para la defensa y promoción de sus derechos. Crédito: Sofía Gomez, Nota al Pie.
Las trabajadoras sexuales reclaman protección del Estado y denuncian la violencia institucional y la precarización laboral que padecen; como así también la falta de acceso a derechos básicos de salud y vivienda. Desde su página web y sus redes sociales manifiestan sentirse triplemente marginadas por “ser mujeres, pobres y trabajadoras sexuales”.
En 1995 se unieron a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), y se constituyeron como un sindicato desde el cual luchan por ser consideradas sujetas de derecho; para poder trabajar en condiciones dignas,y terminar con todas las violencias a las que se encuentran expuestas por el trabajo que realizan. Desde 1997 integran la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex).
Trabajo sexual y pandemia
Durante 2020 la pandemia golpeó de manera directa a las trabajadoras sexuales, profundizando aún más las desigualdades
El sindicato de trabajadoras sexuales realizó un relevamiento para mostrar el grado de vulnerabilidad al que se encuentran expuestas.
El estudio abarcó a trabajadoras sexuales de 13 provincias y de 16 filiales de AMMAR. Y mostró los siguientes resultados:
- Una de cada cuatro personas contactadas reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires.
- El 72% trabaja en lavía pública, mientras que el 12% lo hace en departamentos privados o vía internet, y la minoría es webcamer o stripper.
- El 63% de las trabajadoras sexuales es jefa de hogar.
- El 81% de las denuncias realizadas por trabajadoras sexuales es por violencia institucional.
- El 96 % de los femicidios a trabajadoras sexuales queda en la impunidad.
- El 96% de las trabajadoras sexuales manifiesta una necesidad alimentaria, de productos de higiene o limpieza, abrigo o ropa.
Por otra parte, casi la totalidad de la población consultada describe la situación económica durante la pandemia como agobiante.
Los datos obtenidos del relevamiento dejan a la vista el nivel de desprotección y la gravedad de la situación teniendo en cuenta que la mayoría tiene hijes a cargo y no tienen redes familiares de asistencia por ser migrantes o por sufrir discriminación vinculada con el trabajo que realizan y muchas veces también por su identidad de género.
Todo cuerpo es político
Hablar de trabajo sexual y prostitución ineludiblemente pone en debate las diversas posiciones que al respecto se generan en la sociedad frente al patriarcado y la violencia de género.
Mientras las trabajadoras sexuales defienden su derecho como mujeres adultas que por propio consentimiento elijen ejercer libremente su actividad laboral, separándola de la compleja problemática que implica la prostitución y el delito de la trata de personas; otros movimientos sociales sostienen que el sistema prostituyente es la causa de la trata; y una industria millonaria de la cual nacen el resto de las violencias de género: explotación, violación, abuso, sometimiento.