El 14 de diciembre de 2006, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.206 de Educación Nacional (LEN). Con ella puso fin a la Ley Federal de Educación (LFE) que dejó un sistema educativo, fragmentado, desfinanciado y con una profunda desigualdad social.
A quince años de su sanción, Nota al Pie te cuenta las causas y consecuencias de la LFE; y por qué la LEN significó la recuperación de la educación como un derecho social; y el inicio de la reconstrucción del sistema educativo argentino hacia una educación inclusiva.
Neoliberalismo en la educación argentina
Los años 90 marcaron, a nivel político y económico, una historia nefasta de destrucción masiva del Estado argentino y de la industria nacional; que trajo consigo la socavación de derechos, la pobreza y el desempleo. Y, debido a todo esto, la profundización de la desigualdad socioeconómica que había comenzado con las reformas estructurales del modelo neoliberal impuesto por la dictadura militar del 76; que culminaron con el estallido social de diciembre de 2001.
Como no podía ser de otra manera el neoliberalismo tuvo su correlato en la educación. En 1988 les docentes, acompañades de la comunidad educativa de todo el país, salieron a las calles en una manifestación multitudinaria e histórica recordada como la “Marcha Blanca”, en alusión a los miles de guardapolvos blancos que cubrieron las calles de Buenos Aires para denunciar el estado crítico del sistema educativo y reclamar una solución.
La histórica movilización no consiguió torcer el modelo económico; pero fue el preludio de la resistencia y la lucha docente estudiantil que vendría en los años posteriores.
Ley Federal de Educación: desmembramiento y desfinanciación de la educación.
En 1992 el gobierno menemista profundizó el plan de ajuste; y las reformas estructurales impulsadas por la agenda de los organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI); que realizaron préstamos millonarios con la finalidad de financiar estas políticas.
La reforma educativa comenzó con la sanción de la Ley 24.049 de Transferencia de Servicios Educativos, por la que se transfirieron todas las escuelas medias y superiores a las provincias. Este traspaso se realizó sin ningún tipo de financiamiento; por lo que cada provincia tuvo que hacerse cargo de los diversos establecimientos educativos sin contar con los recursos suficientes; hecho que deterioró aún más la desigualdad educativa en el marco de la crisis económica que atravesaba el país.
En 1993 se aprobó la Ley Federal de Educación 24.195 que sentó las bases para el desmembramiento del sistema educativo, y dejó a cada provincia librada a su suerte. A partir de esta normativa, el sistema quedó fragmentado en 5 niveles: Inicial (de los 3 a los 5 años); Educación General Básica (EGB, ciclo de 9 años); Polimodal (posterior a la EGB con un ciclo mínimo de 3 años); Educación Superior (especialización de grado); y Educación Cuaternaria (para quienes pudieran acceder a especializaciones superiores a las de grado).
La LFE implicó un cambio de concepción radical para la educación. Esta dejó de ser un derecho para convertirse en un servicio que, en el contexto de una economía en crisis, con altos niveles de desempleo, posicionaba a la educación privada en un lugar de acceso y privilegio para unes poques; y relegaba la educación pública a un lugar de lucha por la subsistencia, dejándola a la vera de lo que cada provincia pudiera hacer para sostenerla.
“La educación del pueblo no se vende, se defiende”
En 1995 le tocó el turno a la educación superior. Esta vez fue el movimiento universitario estudiantil el que salió a la calle de forma masiva. Con clases públicas y tomas de universidades intentaron resistir la sanción de la Ley 24591 de Educación Superior (LES) cuyos puntos más álgidos estaban centrados en anular el ingreso irrestricto e imponer el arancelamiento para las universidades públicas.
Una vez más la defensa de la educación pública se hacía oír en las calles. Al grito de “La educación del pueblo no se vende, se defiende” miles de estudiantes se movilizaron para detener su aprobación.
Luego de varias jornadas de lucha la avanzada neoliberal logró su cometido y la ley se sancionó el 20 de julio 1995, aunque solo logró una promulgación parcial el 20 de agosto de ese mismo año. A partir de allí les estudiantes y las autoridades universitarias continuaron la disputa planteando la “no aplicabilidad de la ley en los hechos”. Y el 23 de febrero de 1996 el juez Ernesto Marinelli, hizo lugar al pedido de inconstitucionalidad de la UBA frente a varios artículos de la LES, quedando la casa de estudios eximida de adecuar sus estatutos a la nueva ley.
Carpa de la Dignidad
El conjunto de normativas sancionadas durante la década del 90 agravó la crisis educativa y desencadenó la instalación de la Carpa de la Dignidad, más conocida como Carpa Blanca, el 2 de abril de 1997 frente al Congreso de la Nación. La medida de protesta docente buscaba lograr la sanción de una ley de financiamiento. Por ella pasaron miles de argentines, maestres, trabajadores, intelectuales, artistas y personalidades internacionales que fueron sumando su apoyo y solidaridad con la causa.
Tras 1003 días de lucha, a las 20.30 hs del 30 de diciembre de 1999 la Carpa Blanca fue levantada, sin una ley de financiamiento, pero con el triunfo de haber conseguido la prórroga por dos años del cumplimiento de la LFE.
En el marco de la crisis que vivía el país, como consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas, cabe recordar, que el 12 de abril de 1997, la brutal represión ordenada por Felipe Sapag; por aquel entonces gobernador de Neuquén, se cobró la vida de Teresa Rodríguez cuando les pobladores de Plaza-Huincul y Cutral-Có se encontraban manifestando en la ruta 22 su apoyo a les docentes de la provincia que reclamaban por una recomposición salarial.
La recuperación de la educación como un derecho social
En 2003 comenzó un proceso de reconstrucción del sistema educativo y un cambio de rumbo en la orientación de las políticas públicas educativas del país que se inició con la creación del Programa para la Igualdad Integral Educativa (PIIE), y el Programa Nacional de Inclusión Educativa (PNIE). Continuó con la sanción de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo en 2005, que propuso llevar el PBI en educación al 6% para el 2010. Hasta llegar a 2006, año en que se sancionó la Ley 26.206 de Educación Nacional.
La LEN marcó un hito en la historia de la educación argentina al recuperar en su artículo 2 a la educación y el conocimiento como “un bien público y un derecho personal y social, garantizado por el Estado”. Y al decretar en su artículo 3 que “la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa”.
A quince años de la sanción de la LEN es importante recordar que las políticas públicas llevadas a cabo por los diferentes gobiernos determinan el rumbo y el futuro de la educación que los modelos políticos económicos desean construir.