En estos últimos días Amnistía Internacional publicó el informe Mitãkuña ndaha’eiva’erã sy, que en guaraní significa “Son niñas no madres”, donde se detalla la gravísima situación de violencia sexual que viven niñas, niños y adolescentes en Paraguay. El informe denuncia que el Estado paraguayo no protege sus derechos humanos. Nota al Pie dialogó con une trabajadore estatal paraguaye para conocer cómo es la situación en primera persona.
Niñas madres
Según los datos recogidos en el informe, en Paraguay dos niñas de entre 10 y 14 años dan a luz diariamente. Solo entre 2019 y 2020, 525 niñas de 14 años o menos se vieron obligadas a culminar su embarazo. Estas cifras sugieren “que muchas de estas niñas han sufrido violencia sexual” y que, en el caso del embarazo sea producto de una relación sexual entre pares, estes niñes “no han tenido acceso a la Educación Sexual Integral (ESI) o acceso a servicios de salud sexual y reproductiva”.
Sin embargo, son minoría los casos en que el embarazo es producto de una relación sexual consentida entre pares; el 80% de la violencia sexual tiene lugar en la familia. Esto significa que “el autor es el padrastro, el padre, el abuelo, el vecino o el tío de la víctima”, o sea, “una persona adulta que tiene acceso directo y/o irrestricto a niñas y niños por ser una persona de confianza o referencia”.
“Hay una especie de pedofilia normalizada en el inconciente colectivo”, reflexiona une funcionarie estatal que ha trabajado en casos relacionados con niñas-madres. Esta persona (cuya identidad permanece oculta por posibles amenazas) informa que el sistema judicial “está más centrado en que cumpla con un buen rol de mamá que en el hecho de que fue una niña abusada” y que les funcionaries del Estado que deberían protegerlas, rara vez cuentan con perspectiva de género.
Aborto ilegal
En Paraguay el aborto es ilegal. Ni siquiera en casos de violación es permitido interrumpir el embarazo. La única circunstancia en que se puede acceder a esta práctica, según dice la ley, es si peligra la vida de la persona que está gestando. Sin embargo, con dos niñas dando a luz por día, es fácil observar que en la práctica ni siquiera eso se cumple: ¿cuándo no es una situación de riesgo un embarazo de una niña de 10 a 14 años?
Le trabajadore estatal de Paraguay señala que, en su experiencia, considera que “son muchísimas las secuelas tanto físicas como emocionales que acarrea la violencia sexual. Y, en especial, la maternidad temprana”. Como es lo que se ha normalizado en su vida, “es normal que vuelvan a caer en relaciones abusivas”.
De todas maneras, señala le especialista, es una situación reversible. “No son personas rotas”, apunta, “pueden estar bien con una terapia psicológica y si tienen contención social y familiar”. Sin embargo, les niñes y adolescentes están en una situación de extrema vulnerabilidad. Porque, como señala el informe de Amnistía, “las autoridades paraguayas no están asignando financiación suficiente a programas que pueden ayudar a las sobrevivientes y a sus familias”.
Educación Sexual Integral y Derechos Humanos
Las niñas violadas son obligadas a continuar su embarazo y parir. El informe de Amnistía revela que existen “importantes dificultades estructurales en el acceso a la justicia y a la reparación transformadora para las niñas que han sufrido violencia sexual”. Incluida una victimización secundaria: “un trauma adicional de la víctima causado por las respuestas erróneas que recibe por parte de individuos o instituciones”.
Al mismo tiempo, existen grandes resistencias a la implementación de una educación sexual integral. Entre otras medidas, en 2017 el Ministerio de Educación y Ciencias prohibió la circulación de materiales referentes a la “ideología de género” en instituciones educativas. En el informe de Amnistía se recupera la opinión de los expertos. Quienes señalan que la falta de educación sexual integral es un “obstáculo importante a la hora de generar los conocimientos y aptitudes de niños, niñas y adolescentes para reclamar sus derechos y gozar de protección frente a la violencia”.
“Si las autoridades de Paraguay tuvieran la voluntad política real de cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”, asevera el informe de Amnistía. Finalmente, destaca «podrían garantizar a todas las niñas su derecho a ser niñas. En lugar de obligarlas a transitar procesos para los que no están preparadas ni biológica ni psicológica y ni socialmente”.