Hace algunas semanas, la histórica lucha contra la megaminería del pueblo de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, cobró relevancia a nivel nacional. Tras la jornada del sábado 10, les asambleístas fueron perseguides hasta el punto de llegar a ser 12 les detenides por oponerse al extractivismo.
Desde entonces, tanto sus compañeres de Asamblea El Algarrobo como de otras agrupaciones y personas de distintos puntos del país, piden su liberación. En este sentido, este jueves 22, Día de la Tierra, se replicó en las redes sociales que mientras haya preses polítiques en Andalgalá, “no hay nada que festejar”.
En este marco, este fin de semana vence el plazo para que la Fiscalía resuelva la situación procesal de les detenides. Es decir, si determina su libertad o, en cambio, su detención preventiva.
Para saber más al respecto, Nota al Pie se comunicó con la abogada de la Asamblea El Algarrobo, Mariana Katz. La entrevistada hizo hincapié en la posibilidad de que les detenides reciban la prisión preventiva y sean trasladades a la capital de Catamarca. “Eso genera una situación de desconexión con sus familias, entendemos que es una amenaza a agravarse las condiciones de detención”, manifestó.
Si bien los abogados de les detenides son José Furque y Juan Figueroa, como representante de la Asamblea, Katz también colabora con ellos. Es por eso que procedió al armado de un hábeas corpus a utilizar en caso de necesitarlo.
Éste es un recurso de amparo contemplado en el artículo 43 de la Constitución Nacional, que se utiliza justamente cuando está en riesgo la libertad física de las personas, así como “en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada”.
La situación actual y futura de les detenides
De les 12 detenides, Oscar Martiarene y Rubén Sacchetti recuperaron su libertad. Por su parte, Matías Paz, Walter Mansilla, Jorge Ramos, Damián Abel, Eduardo Villagra, Aldo Flores, Ailén Saracho, Sara Fernández y Enzo y Augusto Brizuela, continuán privades de su libertad. Tres de elles se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria mientras que otres siete están en la Comisaría Departamental de Andalgalá.
Si bien este fin de semana debería definirse la situación, desde las asambleas expresaron su preocupación por la falta de une fiscal que “pida la liberación de nuestrxs compañerxs, presxs por luchar por el agua”. Las fiscales Marta Nieva y Soledad Rodríguez se encuentran de licencia y con certificado médico, respectivamente.
“Estas idas y vueltas no son más que una manera de alargar las detenciones de los defensores del cerro”, compartieron en un comunicado. En este sentido, expresaron que “está a la vista cómo la Justicia opera para los intereses de las mineras en Catamarca, porque mientras todo esto sucede la actividad en el cerro no ha parado”.
Leyes que no se aplican
Cabe mencionar que este Día de la Tierra entró en vigencia el Acuerdo de Escazú, adoptado por 12 países de América Latina y el Caribe, entre los que se encuentra Argentina. Éste prevé, además del acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la Justicia en temas ambientales, la protección de quienes defienden el ambiente.
Sin embargo, Katz, quien es también integrante del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), opinó que la entrada en vigencia del Acuerdo no implica que vaya a respetarse. “En Catamarca la Ley no se aplica. No se aplica el código procesal penal”, expresó y agregó: “hace más de 10 años que los vecinos vienen reclamando por sus derechos. Si es que deberían aplicarlo, entonces no pasarían estas cosas”.
“La Argentina es campeona mundial en votar leyes y considerar y ampliar derechos”, manifestó Katz y reflexinó “¿de qué sirve que tengamos una hermosa Ley, porque el Acuerdo de Escazú es un instrumento muy bueno, pero si en la práctica no se aplica?”
Antecedentes y respuestas oficiales
Les vecines de Andalgalá han sido siempre perseguides por oponerse a la megaminería y defender el agua. En 2010, por ejemplo, aproximadamente 300 integrantes de la Asamblea El Algarrobo, fueron reprimides.
Además de ese episodio, Katz explicó que “los vecinos de Andalgalá han tenido procesos de judicialización de la protesta social”. Sin embargo, con respecto a la situación actual, manifestó que “en todos estos años de lucha” no habían vivido una persecución judicial “de esta magnitud”.
La letrada explicó que desde el SERPAJ enviaron notas a distintos organismos oficiales. Sin embargo, sólo recibieron respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con los cuales aún deben pautar reuniones.
La lucha sigue
En este contexto, Katz manifestó que “luchar por el agua o por la defensa del agua, al 85% de la población de Andalgalá le parece que es justo”. Explicó que esta cifra surgió de un informe de impacto ambiental realizado por la propia empresa minera. En este sentido, queda en evidencia que la mayor parte de les andalgalenses prefieren “la protección y el cuidado del ambiente, al desarrollo económico minero”.
Es por eso que no sólo se exige la liberación de les detenides, ya que, tal como expresan en el Instagram de la Asamblea El Algarrobo “no hay ningún motivo legal por el cual ellxs tendrían que permanecer privadxs de su libertad”. También se reclama la paralización definitiva del Proyecto Minera Agua Rica – Alumbrera (MARA).
En apoyo al pueblo de Andalgalá, este sábado 24 a las 15 hs habrá una manifestación en la Plaza de los dos Congresos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.