Chaco: los legisladores del desmonte
La Legislatura de Chaco sancionó el proyecto de ley 1861/24 que legaliza la habilitación para comercializar madera obtenida de las deforestaciones, establece un incremento en las multas por desmontes realizados sin permiso y crea un régimen de restauración de bosques nativos. La iniciativa fue impulsada por el diputado Juan José Bergia, denunciado en 2024 por su connivencia con los desmontes ilegales y que además está vinculado con empresarios como Roberto Nardelli, responsable de estas prácticas. La nueva norma provocó el repudio de las organizaciones socioambientales.
La norma sancionada modifica la Ley 2079-R, establece que las multas serán de diez veces el valor de base de la hectárea afectada y deberán ser abonadas por quienes deforesten sin permiso. Pero además, legaliza algo que prohíbe la Ley de Bosques: vender madera que provenga de desmontes. En febrero, el Poder Judicial chaqueño decidió prorrogar por otros seis meses la suspensión de los desmontes en toda la provincia, tras la denuncia realizada por Abogados Ambientalistas de Argentina. En 2024 se perdieron casi 40.000 hectáreas de bosque nativo a pesar de las restricciones legales vigentes, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Desde la organización Somos Monte Chaco señalaron que el proyecto tratado no tuvo en cuenta las advertencias de organizaciones y expertos realizadas en una reunión mantenida con los diputados el 4 de abril. Cuestionaron que busca legalizar la venta de madera talada ilegalmente y que no excluye especies foráneas (como el pino o el eucalipto) en los planes de reforestación. “Rechazamos esta forma de legislar que no garantiza participación real, como exigen la Constitución, la Ley de Ambiente y el Acuerdo de Escazú”, manifestaron.
Jujuy: la comunidad Cueva del Inca y el territorio
La comunidad indígena Cueva del Inca sufrió un intento de desalojo de sus tierras en la Quebrada de Sarahuaico (cerca de Tilcara), con un fuerte operativo policial perpetrado por orden de la jueza Liz Valdecanto Bernal el martes 22 de abril. El objetivo fue expulsar a las familias de su territorio ancestral, que es reclamado por los empresarios Carlos Gustavo Vásquez y Cruz Simona del Hotel Canto del Viento. El desalojo fue suspendido pero la comunidad está en alerta hasta que se suspenda definitivamente la orden judicial.
Como respuesta ante la violencia del desalojo, el mismo martes la comunidad inició una protesta pacífica en la Ruta 9. El juez de paz, Pedro Apaza, se apersonó en el lugar y dio media hora para desalojar bajo amenaza de represión. La Policía de Jujuy avanzó y detuvo a dos personas (luego liberadas).
Las familias denunciaron la violencia de la Policía y a la intendenta de Tilcara, Sonia Pérez, por facilitar las condiciones para el hecho. También radicaron una denuncia en el fuero federal, porque durante el desalojo del territorio comunitario se afectó un sitio arqueológico.
Diez años de la Colonia Agroecológica 20 de Abril en Luján
La “Colonia Agroecológica 20 de Abril Darío Santillán” cumplió diez años en Jáuregui (partido bonaerense de Luján). Hace una década, 50 familias campesinas de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra (UTT) producen alimentos en tierras que recuperaron del abandono estatal. “Donde antes había abandono, hoy florecen la agroecología, la organización y la soberanía alimentaria”, señalan.
El predio donde trabajan tiene 84 hectáreas: eran terrenos fiscales que estaban inutilizados y que la organización campesina recuperó para la producción. Actualmente se cultivan allí verduras y frutas. Además construyeron una plantinera y una biofábrica para dejar atrás los insumos del agronegocio. Y abrieron su propia Escuela Campesina, donde las y los trabajadores pueden terminar sus estudios. La colonia permitió crear canales de comercialización directa y un consultorio de salud para la comunidad.
Cada familia trabaja una hectárea. En asamblea consensúan qué se cultiva, el precio y cómo se comercializa. Lo que producen lo venden en el almacén campesino en el ingreso a la colonia (y otro en el centro de Luján) y en las ferias de la zona. La experiencia no es un hecho aislado: las colonias son una política de la UTT para repoblar el campo, generar mejores condiciones de trabajo a las familias campesinas y avanzar hacia la agroecología.
Catamarca será sede del 39° encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades
Entre el 1 y el 3 de mayo se realizará el 39° encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), que reúne a organizaciones socioambientales de todo el país. La actividad se llevará a cabo en la Cooperativa Cachalahueca, en San Fernando del Valle de Catamarca, capital de una de las provincias en donde la extracción de litio viene avanzando con fuerza en los últimos años. Los anfitriones serán la asociación BePe y otras organizaciones socioambientales catamarqueñas.
La elección del lugar se debe a que es una provincia emblemática, que desde hace décadas resiste a la megaminería a cielo abierto, movilizada frente Minera La Alumbrera, antecesora del Proyecto MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), y a la extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto (en Antofagasta de la Sierra).
“Una vez más Catamarca recibe a las asambleas de distintos lugares para fortalecer las articulaciones y redes en defensa del territorio y de la vida, mientras que Raúl Jalil (actual gobernador) se reúne con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en Canadá para continuar impulsando la minería de litio y de cobre”, explicaron desde UAC.
Chubut en alerta por la minería de uranio
La minería de uranio es el nuevo objetivo extractivo del gobierno de Chubut, a cargo de Ignacio Torres. La Unión de Asambleas Chubutenses (UACH) denuncia que el proyecto de Ley 047/2025 presentado por el oficialismo busca generar un hueco legal para habilitar la minería, esquivando la Ley 5001, que prohíbe la explotación a cielo abierto y el uso de cianuro en toda la provincia. «Podemos despertar una mañana escuchando que va a arrancar un proyecto minero de uranio porque no afecta a la Ley 5001. Eso no lo creemos porque tenemos documentación que indica que para hacer minería de uranio ‘rentable’ para las empresas tiene que ser a cielo abierto», advierte Pablo Lada, integrante del Movimiento Antinuclear de Chubut.
El proyecto presentado por Torres hace una semana crea la Empresa Provincial de Energía de Chubut (Epech), una sociedad mixta público-privada de mayoría estatal, que tendrá como objetivo “usufructuar el producto de la explotación de sus recursos naturales con potencial energético”. Para denunciar que se trata de un caballo de troya para la habilitación de la minería de uranio, las asambleas chubutenses apuntan al artículo 29 que indica: “La explotación de toda fuente de energía eléctrica”.
“Buscan la manera para evitar mencionar cosas que son urticantes para la sociedad”, señala Lada sobre la estrategia desplegada por el gobernador Torres, quien en campaña prometió no avanzar con la megaminería, pero ya mostró su interés por la explotación de uranio, oro, plata y cobre. Además, en marzo, le reclamó al gobierno nacional la restitución a la provincia de Cerro Solo, el mayor reservorio de uranio de la Argentina, en manos de la Comisión Nacional de Energía Atómica.