El ex candidato a Intendente por Quilmes, Gabriel Berrozpe, denunció ante la Justicia Federal el accionar brutal, ilegitimo e inconstitucional de efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en su carácter de autoridad responsable del plan de represión sistemático desatado contra las marchas de los jubilados, constituyendo delitos de acción pública por fuera del marco normativo que regula el uso de la fuerza.
Esta denuncia se acopla a la expuesta en Comodoro Py hace dos semanas por parte del exsecretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, por «secuestros, apremios ilegales y abuso de autoridad». En aquella ocasión, manifestó que «se trata de una actitud recurrente y claramente planificada de ir a detener manifestantes sin motivo real alguno. No se da en todas las manifestaciones. Se da en algunas de ellas, y en general son preanunciadas con amenazas veladas por la ministra Bullrich».
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) también presentó en aquella oportunidad una denuncia contra el accionar de la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), todas fuerzas dependientes de Bullrich. Estas responsabilidades también recayeron sobre la Policía de la Ciudad.
En las últimas horas, inclusive, el Partido Obrero (PO), representado por Gabriel Solano, Nestor Pitrola, Vanina Biasi y la abogada Liliana Alaniz, denunció penalmente a la ministra «por amedrentamiento y coacción contra las movilizaciones en apoyo a los jubilados convocados para el 12 y 19 de marzo en el Congreso. Movilizarse no es un delito».
Bullrich y un crudo antecedente en el Congreso
Gabriel Berrozpe, María Sol Bruera, y Guillermo Berrozpe sufrieron en carne propia ese accionar el pasado 26 de febrero, cuando en la Plaza del Congreso se llevó adelante la regular marcha pacífica de Jubilados y despedidos que tiene lugar todos los miércoles a las 18:00, frente al Congreso Nacional, en reclamo a las políticas de brutal ajuste que se aplica a los jubilados.
La abogada María Sol Bruera fue agredida sin motivo con un palo, sorpresivamente, y por detrás por personal policial. En tanto, sus acompañantes Gabriel y Guillermo Berrozpe, tras ser marcado el primero por su apellido (“llévense a Berrozpe” dijeron), fueron agredidos y privados ilegítimamente de su libertad ambulatoria por las fuerzas policiales.
Los hermanos fueron golpeados, gaseados, apremiados durante 6 horas y posteriormente encausados sin orden judicial alguna. Esto ocurrió aún a pesar de haber observado las indicaciones de las fuerzas policiales.
El equipo de la Comisión Provincial por la Memoria (Buenos Aires), ante este cuadro negligente, solicitó al personal policial actuante y aquellos que se encontraban supervisando que depongan de inmediato esta forma peligrosa de reducir a los detenidos ante eventuales lesiones que podrían producir.
A pesar de ello, los efectivos continuaron con su sádico ensañamiento, haciendo caso omiso a los pedidos de la gente y continuaron agrediendo a quienes se encontraban maniatados, golpeados, enceguecidos y con la piel totalmente irritada producto del gas pimienta que les habían arrojado. Incluso, en el caso de Guillermo Berrozpe, sufriendo la apertura forzada de sus ojos.
Posteriormente, Berrozpe manifestó que los graves hechos del 12 de marzo «nos señalaron que es necesario hacer esta denuncia presentando los correspondientes testimonios. El doloroso caso de Pablo Grillo (fotoperiodista gravemente herido en dicha jornada y que en los últimos días presentó signos de recuperación), con quien nos solidarizamos, nos exime de otros comentarios».
Por ello, es necesario abrir una exhaustiva investigación que determine, además de las responsabilidades de los autores materiales, la de quienes planificaron y ordenaron estos actos ilícitos, contrarios de forma manifiesta a las garantías de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
La justicia debe actuar sin demora: la vida de los ciudadanos está en riesgo, por el solo hecho de hacer uso del derecho constitucional a manifestarse. Por su parte, Bullrich continúa acumulando denuncias en puerta. Y su accionar está cada vez más en tela de juicio.