viernes 27 de diciembre de 2024

Twitter miente: la necedad de asumir al enemigo

Quienes pelean por la democratización de la comunicación deben enfrentarse hoy a las plataformas de redes digitales. En ese marco, es necesario que el Estado tome cartas en el asunto para adecuar a las empresas a estándares de Derechos Humanos y libertad de expresión.
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Crédito: Ciudad Magazine.

Si la lucha entre capital y trabajo es el motor de la historia, para quienes peleamos por construir un mundo más justo resulta necesario delimitar claramente las contradicciones. Asumir al enemigo. Si creemos en la soberanía política y en la independencia económica, urge entender quiénes se llevan nuestras riquezas y cuán dependientes somos de las gigantes tecnológicas extranjeras.

El mundo cambió y la contradicción principal de quienes peleamos por la democratización de la comunicación ya no es con los grandes grupos nacionales, que durante tantos años sostuvieron las riendas del esquema de concentración local, sino contra actores más poderosos, trasnacionales y diversificados, asentados en paraísos fiscales y que inciden diariamente en nuestros consumos culturales, la información a la que accedemos o la forma en que usamos nuestro tiempo libre: las plataformas de redes sociales.

Este nuevo ecosistema mediático y de circulación de información ha trastocado para siempre la manera en que se hace periodismo. A la situación de pluriempleo, precarización y achicamiento de las redacciones, se le suma ahora otro elemento clave; la deslocalización de la relación patronal. Cooperativas de medios, influencers y medios locales privados derraman el sudor de su frente para que la biyuya se la lleven los Elon Musk de la vida. Plusvalía transnacionalizada, informal y de opaca circulación. Muy reacia y reaccionaria a que los Estados nación les pongan algún tipo de límite.

Para muestra un botón: desde la decisión de X de negarse a aceptar las disposiciones de la justicia brasileña al etiquetado que realiza esa misma empresa a periodistas como “afiliados al gobierno de Rusia”. Incluso la reciente acusación del primer ministro británico, Keir Stramer, quién señaló el papel protagónico de estas plataformas en la difusión de contenido racista y supremacista que concluyó en escenas de violencia callejera. “La violencia y el caos que hemos visto y que fue claramente orquestado por las redes sociales, es un delito. Y este delito está sucediendo en sus moradas. La ley se debe cumplir en todas partes”, señaló el laborista.

¿Qué te pasa, Clarín, estás nervioso?

No somos solo las cooperativas de medios. Los grupos nacionales también pierden espacio frente al avance de las plataformas: la publicidad va para redes sociales y el prime time ya no es el que pone la TV sino el streaming. Los grandes medios argentinos retroceden ante la decisión del gobierno de tercerizar en organismos descentralizados el reparto de pauta publicitaria y desfinanciar empresas para solventar twitteros.

Lejos de contribuir a una visión apocalíptica de las tecnologías, nos vemos en la necesidad de advertir que para montar la actual plaza pública virtual, de efímera y restringida participación, las plataformas han inducido una problemática metamorfosis para el ejercicio del periodismo.

En materia económica, estas empresas centralizan los ingresos por publicidad, generan ganancias a partir de la utilización de nuestro contenido, nos cobran para “aumentar su circulación” y establecen criterios de monetización ridículamente magros para los productores y con condiciones que muchas veces conspiran contra nuestros medios (clickbait mata calidad de información).

En materia de contenido, han modificado y monopolizado las formas de consumo de información, al punto que hoy parece inimaginable tener un medio de comunicación por fuera de la lógica de las redes sociales. A través de sus políticas de moderación de contenido -por demás opacas e inaccesibles ejercen poder, moderan e inciden en la discusión pública, ponderan la circulación de ciertos contenidos sobre otros y sancionan las cuentas que infringen sus normas internas, sin tener la posibilidad de conocer las reglas del juego.

En el relevamiento de la Red de Medios Digitales de 2024 consultamos a 73 medios si habían sufrido consecuencias de las políticas de moderación privada de contenido de las plataformas de redes sociales (Instagram, X, Facebook y Youtube). Para el 48% la respuesta fue afirmativa. De ese porcentaje, un 91% indicó haber sufrido invisibilización o shadowban de su perfil, al 37% le removieron o eliminaron contenido, al 28% le suspendieron el uso de la cuenta, mientras que al 8,5% le eliminaron la cuenta.

Sin tener puerta a donde reclamar, se nos agrega una dificultad más: el contenido de nuestras agendas compite diariamente con reels de gatitos, placas de “sé tu propio jefe” o posteos de auto superación y estafas piramidales con criptomonedas. Se le suma, para peor, el impacto supremo de las políticas de reducción del alcance de las páginas con “contenido político” o la sobreabundancia de perfiles falsos que orientan la conversación pública.

Urge que los decisores de nuestro país (y de la región) tomen cartas en el asunto y avancen de manera frontal en esquemas regulatorios que ponderen el rol del Estado y la adecuación de las empresas a estándares de Derechos Humanos y libertad de expresión. Sino, dentro de poco, puede ser demasiado tarde.

*Por Yair Cybel y Bianca de Toni, integrantes de la Red de Medios Digitales.

Esta nota fue realizada para el dossier Regulación de la Plataformas Digitales, elaborado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. A través del mismo buscan discutir la situación del periodismo y la defensa de derechos frente a estas plataformas que alientan los discursos de odio y la desinformación gracias a la falta de regulación.

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