El presidente argentino, Javier Milei, se ufana a diario -de forma cada vez más intensa- de agredir a la prensa y a periodistas con nombre y apellido. Los insultos y estridencias del primer mandatario contra la labor periodística se convirtieron en una marca permanente de sus intervenciones públicas.
En detrimento de los medios de comunicación, Milei invoca una suerte de virtud innata que tendría el surgimiento de las redes sociales, por la supuesta libertad que brindaría a todas las personas para poder expresarse “sin intermediarios”.
Este enfoque del gobierno de La Libertad Avanza se estructuró por primera vez en la historia como una política pública de gobierno con la contratación con nombre y apellido de algunos de los responsables más prominentes de la promoción de la violencia digital en las redes sociales.
Es claro que estas personas rechazan cualquier intento de regulación sobre las plataformas digitales, iniciativa que no pueden calificar de otra manera más que como “comunista”, “colectivista”, “intervencionista” y un largo etcétera en la visión de nuestros libertarios criollos, que gozan de un momento de virtual impunidad en los tiempos que corren.
Pero, ¿cuál es la realidad que experimentamos en materia de libertad expresión, medios de comunicación y plataformas digitales desde la asunción de Milei en diciembre de 2023 ¿Podemos hablar de que nos encontramos efectivamente ante un auge de la libertad de expresión y del derecho a la comunicación con una población que pueda ahora participar activamente y de forma protagónica en la conversación pública?
El balance de los primeros doce meses de esta gestión deja claro que no solo no estamos viviendo un momento de expansión y mayor diversidad de voces, sino que, por el contrario, atravesamos una de las peores etapas en este plano desde la vuelta a la democracia. Lo refleja el Informe sobre libertad de expresión en Argentina 2024 elaborado en conjunto por FATPREN, SiPreBA junto a la Carrera de Comunicación de la UBA y la Federación Internacional de Periodistas sobre los ataques constantes a trabajadores de prensa, que se han ido incrementando en forma cada vez mayor; la suspensión de la Pauta Oficial y de toda campaña de interés público para ahogar a medios comunitarios; la intervención ilegal, ataque y censura sobre los medios públicos; la represión y ataque de las fuerzas de seguridad a cronistas y fotoreporteros, entre otros elementos.
Según el informe mencionado, el 78% de las trabajadoras y los trabajadores de prensa consideran que la situación de la libertad de expresión empeoró bajo este gobierno; un porcentaje similar refirió haber recibido agresiones virtuales mientras que un 22% sufrió amenazas o ataques de las fuerzas de seguridad.
No es sólo una ofensiva contra la prensa. En las redes sociales, sin ningún tipo de control o supervisión, se desató un esquema de “patrullas digitales” financiadas desde el Estado -tras la ampliación extraordinaria de recursos que obtuvieron los servicios de inteligencia del Estado- para agredir y acosar periodistas, figuras opositoras o cualquier persona que moleste a la narrativa oficial, inclusive funcionarios del propio Poder Ejecutivo. Este accionar metódico lo reveló, mal que le pese al oficialismo, un equipo de investigación periodística de la Revista Crisis.
Además, los “tuiteros oficiales” que hoy habitan oficinas en Casa Rosada se ocupan de desarrollar cotidianamente fakes news, desinformación y discursos de odio (incluso con Milei a la cabeza) para dispersar a la opinión pública sobre temas que puedan ser urticantes para la gestión actual. Estos grupos complementan su actividad virtual con amenazas y acciones sobre los domicilios, trabajos o recorridos de algunos de sus blancos designados para coronar su labor de terror e intimidación. Viejas prácticas de nuestra historia alimentadas con nuevas herramientas tecnológicas.
¿Estado para qué?
A contramano del discurso oficial que impera en Argentina, el gobierno del presidente Lula Da Silva y Brasil se proponen avanzar en la regulación de las plataformas digitales y vienen de recorrer una experiencia absolutamente novedosa a nivel internacional. El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre De Moraes, impuso a la red social X del magnate Elon Musk que declarara una sede en el país y diera de baja a usuarios que probadamente difundieron desinformación y ataques de odio. Ante la falta de acatamiento de la plataforma, el juez bloqueó a la red social en todo el territorio nacional. Y tras su resistencia inicial, Musk tuvo que ceder, pagar una multa y dar de baja los perfiles señalados.
La experiencia, que tuvo repercusión a nivel mundial, mostró las posibilidades de ejercer la soberanía nacional sobre las grandes plataformas. Al mismo tiempo evidenció que no hay nada más falso que la supuesta “neutralidad” de la red. Musk activamente promueve candidaturas ultraderechistas como Trump y Milei, así como violentos discursos de odio
contra las diversidades de género.
Regular se puede
La intervención judicial en Brasil estuvo en línea con la discusión que se viene dando en el vecino país en el terreno legislativo, donde una iniciativa inspirada en la experiencia que viene recorriendo la Unión Europea, busca construir mecanismos que limiten el poder a los gigantes digitales y, por el otro, dar respuesta a la creciente ola de fakes news, desinformación y ataques digitales. Los cuatros pilares de la propuesta, que se expresaron de alguna forma en la sentencia de De Moraes, son: 1) transparencia y moderación de contenidos, 2) responsabilidad de los servicios sobre el contenido que difunden, 3) reducción y mitigación de daños, 4) prevención.
Esta preocupación, vale aclarar, no está solo en Brasil y en Europa. Recientemente, un fallo histórico en los Estados Unidos consideró que Google/Alphabet ejercía un monopolio en ese país al imponer que fuera el motor de búsqueda preseleccionado.
Las plataformas y servicios digitales son grandes empresas que representan intereses definidos, del mismo modo que lo son las empresas de medios. Lo mismo ocurre con el fenómeno más reciente de la Inteligencia Artificial generativa que hoy está siendo utilizado para crear y generar contenido, prácticamente, sin ninguna regulación y que suele estar al servicio de todo tipo de operaciones. Esta “Inteligencia” funciona, en realidad, sobre los millones de datos absorbidos a usuarios de forma cuestionable y reproducen en su algoritmo determinadas pautas de la empresa que lo diseñó.
Una regulación de las plataformas y servicios digitales, por lo tanto, es necesaria y abarca diversas aristas. Un primer aspecto que se plantea es que estas no puedan funcionar de manera engañosa hacia quienes las usan y que, al revés, sus algoritmos y criterios de funcionamientos deben ser accesibles así como la utilización que dispondrán de los datos en caso que las personas usuarias quieran entregarlos.
De la misma manera, un segundo aspecto es establecer que las grandes empresas que ocupan gran parte del mercado deben contraer responsabilidad en el contenido que circula en sus canales y sobre sí estos vulneran derechos fundamentales de las personas. El aspecto global de muchas empresas no puede eximirse de tener que definir un representante legal en los países donde operan para dar las debidas respuestas del caso y tener que hacerse cargo tanto de reducir riesgos y daños como de prevención.
Una política de comunicación en nuestro país que busque garantizar el derecho a la información debe obligadamente transitar esta discusión junto con otros aspectos como la democratización de la pauta publicitaria y la situación salarial de las trabajadoras y los trabajadores de prensa.
Por supuesto, esta regulación no puede ser pensada sólo en el plano nacional, sino que debe proyectarse a un marco regional por el volumen y alcance que concentran estas plataformas, servicios y mercados digitales. Desde FATPREN y SiPreBA impulsamos articular puentes para dar estos debates en conjunto, por ejemplo, con la Federación de Trabajadores de Brasil y la Federación Internacional de Periodistas.
Por el derecho a la información y una comunicación feminista y popular en la era digital.
*Por Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN).
Esta nota fue realizada para el dossier Regulación de la Plataformas Digitales, elaborado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. A través del mismo buscan discutir la situación del periodismo y la defensa de derechos frente a estas plataformas que alientan los discursos de odio y la desinformación gracias a la falta de regulación.