La Comunidad El Querusiyal habita en los Valles de Tilcara, en Jujuy. En un comunicado que compartieron el pasado 10 de diciembre, acusaron al Estado provincial de usurpar sus tierras “con el fin de trazar una huella minera y de hidrocarburos”.
Se trata de una problemática que persiste a través del tiempo. En el escrito, la Comunidad recordó que la ocupación de su territorio ancestral se produjo el 26 de abril de 2022. En ese entonces, el gobierno jujeño junto con otros actores se quiso hacer paso a través de sus terrenos para extender la Ruta Provincial N° 18.
Aseguraron que el despojo se produjo “luego de haber «convencido» (engañado) a comunidades vecinas y a la sociedad jujeña de que se trataba de un «camino educativo», cuyo fin sería conectar todas las escuelas rurales del Valle de Tilcara”.
En la actualidad, desde El Querusiyal denuncian el cierre sistemático de escuelas y la consiguiente erradicación de la población indígena de los Valles de Tilcara. Afirman que el verdadero motivo tras la extensión de la carretera es el trazo de una huella minera y de hidrocarburos.
María Quispe: un emblema de lucha
En el Quinto Congreso de Filosofía de la Liberación, de la Universidad Nacional de La Plata, dos integrantes de El Querusiyal compartieron su historia. Se trata de Gustavo Gabriel Ontiveros y Carlos Zacarías Colque, quien fue el presidente de la Comunidad cuando se dio el mayor atropello por parte del gobierno de Gerardo Morales.
Explicaron que desde hace unos 5 años, las autoridades “construyeron un tramado para tomar las tierras de los Valles de Tilcara, para futuras explotaciones mineras y de hidrocarburos”. Responsabilizaron al gobierno nacional, provincial y municipal, junto a diputados jujeños y empresas transnacionales norteamericanas y chinas.
Gabriel Ontiveros aseguró que se engañó a las comunidades del lugar, al presentar al proyecto de extender la Ruta Provincial N° 18 para conectar las escuelas más lejanas. “El camino no pasaba por ningún colegio, iba a los experimentos mineros y de hidrocarburos de la zona”, agregó.
El gobierno provincial contó con un gran consentimiento en las comunidades de la zona, menos en El Querusiyal. En particular, la resistencia de este pueblo se unió alrededor de la abuela María Quispe, junto a su familia. Elles iniciaron una extensa lucha judicial para impedir que la carretera llegue a los peritos mineros, y sobre todo, evitar que destruya su territorio.
En abril de 2022, el entonces diputado jujeño Humberto López (ahora intendente de Purmamarca) y el que era director de Vialidad Provincial, Marcelo Jorge, junto a ochenta personas ingresaron al territorio comunitario que pertenece a la familia Quispe-Martínez.
Allí rompieron una pared picada con piedras, una sala sagrada del sitio ceremonial de la Pachamama y un oratorio con cruz y coronas. María Quispe y su familia denunciaron este accionar, por violación de la Ley Nacional 24.071 y el Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) que protegen los derechos de los pueblos indígenas, pero sus quejas no fueron escuchadas.
Las presentaciones ante la Justicia continuaron, sin obtener respuestas. Carlos Colque manifestó que a sus 80 y pico de años, María Quispe se mantiene firme en su resistencia. “La quisieron hacer firmar a la fuerza, con engaños, para que dé el aval, y ella no lo hizo”.
A su vez, contó que en aquel hecho violento se produjo la matanza de 40 ovejas, junto a la rotura de aguadas y manantiales. “Eso la tiene triste a la abuela, porque vive de sus animales y el cultivo, como la mayoría de la gente de El Querusiyal”, se lamentó.
Por eso necesitan el agua del lugar, y tienen en claro que con el ingreso de las mineras ese bien común va a escasear. “Corremos el riesgo de que la Comunidad pueda extinguirse”, concluyó Colque.
El proyecto de la RP 18
La extensión de la Ruta Provincial N° 18 forma parte del Plan Maestro Plurianual de Desarrollo Jujuy 2021-2023. Según expresa la página web del gobierno provincial, el objetivo es “fortalecer las condiciones para el desarrollo local con sostenibilidad y el arraigo en cada región del territorio jujeño”.
Cuando en 2022 se inauguraron las obras de apertura al pueblo de Molulo, Marcelo Jorge expresó: “debemos ser muy específicos con el proyecto en donde se establece la traza del camino, tanto para la seguridad de los trabajadores como para las comunidades”.
Pero desde El Querusiyal afirman que no se les tuvo en cuenta al momento de plasmar el tramado. “No estamos en contra del camino, pero lo queremos de acuerdo a la ley”, señaló Carlos Colque a Nota al Pie en 2022.
Pasaron más de dos años, y el problema continúa. En el comunicado que les integrantes de El Querusiyal lanzaron el pasado 10 de diciembre, puntualizaron en que “el Estado jujeño inicia el proceso de erradicación de población indígena mediante el cierre de escuelas”.
Agregaron: “este maligno procedimiento busca instalar mineras y petroleras (entre otros negocios) en la zona. Por otro lado, la huella minera no llegó ni conectó a ninguna escuela de los Valles, porque se dirige exclusivamente a los yacimientos mineros”.
Por eso, llaman al pueblo jujeño y a las comunidades indígenas a defender el derecho a la educación pública de niñes indígenas. También, a rechazar cualquier acción del Estado jujeño que implique cierre de grados, divisiones o escuelas y consiguiente desarraigo poblacional.