El Foro Economía y Trabajo, integrado por economistas y representantes de organizaciones sindicales, PyMES y cooperativas, emitió un informe crítico sobre las recientes decisiones del gobierno de Javier Milei en el sector energético. Bajo el título «Libertad para ir a la ruina», el documento analiza los efectos de la prórroga de la emergencia energética decretada por Milei y el impacto de los aumentos tarifarios en el gas natural y la energía eléctrica.
Tarifas que asfixian a los usuarios
Desde la declaración de la emergencia energética mediante el DNU 55/2023 y su reciente prórroga hasta julio de 2025 con el decreto 1023/24, las tarifas de servicios públicos han registrado incrementos drásticos. Según el informe, las tarifas residenciales de energía eléctrica en el AMBA aumentaron un 472% para usuarios de ingresos bajos (N2), un 379% para ingresos medios (N3) y un 223% para ingresos altos (N1).
Por su parte, industrias y comercios enfrentaron subas del 405% al 495% en comparación con el año anterior, lo que repercute directamente en los costos de producción y los precios finales al consumidor.
Ganancias millonarias para el sector privado
Mientras los usuarios lidian con aumentos desmedidos, las principales empresas energéticas han experimentado un crecimiento exponencial en su rentabilidad. Durante el primer semestre de 2024, compañías como Pampa Energía y Central Puerto registraron aumentos en sus ganancias netas del 352% y 779%, respectivamente. Metrogas alcanzó un sorprendente incremento del 99%, mientras que Edenor y Edesur mostraron alzas del 727% y 94%.
Esta concentración de ganancias se atribuye al esquema regulatorio, que prioriza la rentabilidad empresarial por sobre la accesibilidad y calidad del servicio. Según el Foro, «la política energética de Milei favorece a los grupos económicos privados, relegando a los hogares y sectores productivos».
Un sistema en crisis: la necesidad de intervención estatal
El Foro resalta la importancia de que el Estado intervenga en la regulación del precio de la energía. Proponen:
- Análisis transparente de costos: Evaluar los costos reales de producción y distribución para evitar ajustes automáticos vinculados al tipo de cambio o precios internacionales.
- Tarifas diferenciadas: Establecer tarifas asequibles para PyMES, cooperativas y sectores vulnerables.
- Regulación de calidad: Garantizar un servicio eficiente y accesible para todos los usuarios.
El informe también destaca el impacto desproporcionado que tienen las tarifas sobre los ingresos de las familias trabajadoras, señalando que «el acceso a servicios básicos como el gas y la energía eléctrica es un derecho humano esencial».
Energía como derecho humano
El informe destaca que la política tarifaria debe priorizar el acceso universal y asequible a los servicios públicos, considerando el gas y la electricidad como derechos humanos esenciales. En este sentido, reclama:
- Tarifas diferenciadas y asequibles para familias de bajos ingresos, pymes y cooperativas.
- Determinación de precios basados en costos reales, eliminando ajustes automáticos vinculados al tipo de cambio o precios internacionales.
- Transparencia en la regulación mediante análisis públicos de los costos de producción y distribución.
«Manos libres para Milei, manos libres para la ruina»
El Foro advierte que, a pesar de las vastas reservas energéticas del país, como Vaca Muerta y el triángulo del litio, las políticas actuales están erosionando la soberanía energética. «Los recursos del pueblo argentino deben servir para promover una economía inclusiva, no para enriquecer a corporaciones extranjeras», concluyen.