Ante los recortes presupuestarios que afectan a las universidades públicas argentinas, un grupo de estudiantes impulsa una consulta popular vinculante con el objetivo de sancionar la Ley de Financiamiento Universitario. Esta medida, contemplada por la Constitución Nacional, busca sortear el veto presidencial que bloqueó la aprobación de dicha normativa tras obtener el respaldo del Congreso.
La consulta popular vinculante es un mecanismo de democracia directa que, en caso de ser aprobada, convierte automáticamente la propuesta en ley, sin posibilidad de veto por parte del Ejecutivo. En este contexto, les impulsores consideran que esta iniciativa es clave para garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades nacionales, que enfrentan una situación crítica debido al desfinanciamiento progresivo y los ajustes presupuestarios.
De esta manera, no solo es una herramienta legal para superar el veto presidencial, sino que también representa una forma de devolverle a la ciudadanía el poder de decisión sobre temas fundamentales.
Según Mario Lozano, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), esta alternativa permite que les ciudadanes se expresen directamente sobre el destino de las universidades públicas.
“Es una forma poderosa de que la sociedad decida si quiere mantener a las universidades en condiciones de inanición o garantizarles los recursos necesarios para cumplir con sus funciones académicas, científicas y de extensión universitaria”, destacó Lozano.
Requisitos y alcances de la consulta
Para que la consulta popular pueda llevarse a cabo, el Congreso debe aprobar un proyecto de ley que habilite la convocatoria. Una vez sancionado, el presidente no tiene facultades para frenar su realización. Al tratarse de un mecanismo vinculante, el voto será obligatorio y deberá participar al menos el 35% de las personas inscriptas en el padrón electoral.
En caso de que la opción a favor de la Ley de Financiamiento Universitario obtenga la mayoría de los votos, la ley será promulgada y publicada en el Boletín Oficial en un plazo máximo de diez días hábiles. Por otro lado, si el resultado es negativo, deberá esperarse un periodo de dos años antes de convocar a una nueva consulta sobre el mismo tema.
La crisis de las universidades públicas
La situación de las universidades públicas se ha vuelto insostenible. El presupuesto nacional para 2025 asigna menos de la mitad de los fondos recomendados por el Consejo Interuniversitario Nacional, lo que profundiza los problemas estructurales que enfrentan las instituciones.
Un ejemplo concreto es la decisión de la UNQUI de suspender las inscripciones en las carreras de Informática debido a la falta de recursos para garantizar condiciones mínimas de calidad. Desde la institución señalaron que el presupuesto actual no permite invertir en tecnología ni ampliar la planta docente, factores clave para sostener la oferta académica.
Además, el deterioro salarial afecta gravemente a les docentes universitaries, dificultando la retención de profesionales capacitados y generando un impacto negativo en la calidad educativa.
Movilización y respaldo ciudadano
La consulta popular no surge en un vacío, sino en un contexto de movilización social que incluye marchas federales, paros y tomas organizadas por estudiantes, docentes y trabajadores no docentes. A pesar de estos esfuerzos, el gobierno nacional mantiene su postura de recortes, afectando no solo a las universidades como instituciones, sino también a toda la comunidad que depende de ellas.
Según los impulsores de la consulta, esta iniciativa permite canalizar el apoyo ciudadano hacia una acción concreta. “La universidad pública tiene un amplio respaldo social, y esta consulta es una oportunidad para que ese apoyo se traduzca en decisiones que protejan el sistema educativo de los ajustes presupuestarios”, señalaron en un documento.
Usar la democracia de manera directa
La convocatoria a una consulta popular vinculante no solo es una respuesta a la crisis presupuestaria, sino también un acto de democracia directa que refuerza la participación ciudadana. Los académicos consideran que este mecanismo es una herramienta legítima para defender la educación pública y garantizar que las universidades puedan cumplir con sus funciones esenciales.
En un contexto de creciente incertidumbre, la consulta popular aparece como una luz de esperanza para proteger el derecho a la educación superior y asegurar el futuro de las universidades nacionales. Su realización dependerá, en gran medida, del respaldo social y político que logren los impulsores de la iniciativa en los próximos meses.
La consulta popular vinculante representa una oportunidad única para que la ciudadanía tome las riendas en la defensa de uno de los pilares fundamentales del desarrollo argentino: la educación pública.