El 23 de octubre, el Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW-ONU) aprobó la Recomendación 40, un instrumento jurídico que establece obligaciones específicas para lograr una representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en todos los ámbitos. De este modo, se busca alcanzar un cambio sistemático.
“Una representación igualitaria e inclusiva en los sistemas de toma de decisión requiere, entre otros componentes, una paridad de género de 50-50 como punto de partida y norma universal”, advirtió el Comité tras aprobar nuevos estándares que los Estados deben cumplir para garantizar la participación de las mujeres en puestos clave.
En lo que respecta al Poder Judicial, el Comité estableció que deben adoptarse leyes y otras medidas para garantizar la paridad en los puestos jerárquicos. Además, señaló que los Estados tienen la responsabilidad de nombrar mujeres para dichos cargos o roles cuando ello está bajo su control.
Mediante un comunicado, diversas organizaciones de la sociedad civil se refirieron a esta cuestión. “Esto no es más que un recordatorio para el Senado y la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina que tienen ante sí la decisión de convalidar o no la propuesta regresiva, inconstitucional y discriminatoria de nombrar dos varones para cubrir las vacantes en el máximo tribunal”, aseguraron.
Cabe mencionar que ya pasaron más de dos meses desde las audiencias públicas en donde se analizaron los pliegos de los candidatos, y la decisión todavía está en manos de la Cámara Alta. Por eso, este grupo de organizaciones, que ya había solicitado al Senado que no avanzara con el tratamiento de los pliegos, insistieron ahora ante dicho cuerpo haciéndole llegar la Recomendación No. 40, que precisa y refuerza el mandato constitucional y convencional de los legisladores de promover la paridad.
En esa línea, explicaron que la Corte Suprema “tiene también la oportunidad histórica de revertir esta situación discriminatoria, ya que se encuentra pendiente de resolución ante dicho tribunal la demanda que presentó la Red de Mujeres para la Justicia con el apoyo de Amnistía, CEJIL y ELA para exigir que se rechace el tratamiento de los pliegos de los candidatos varones”.
Argentina, un país a contramano
Las organizaciones que encabezan el reclamo recordaron que Argentina es el único país de Iberoamérica que no tiene mujeres en el máximo tribunal. En esa línea resaltaron que a lo largo de la historia, solo tres lograron ser juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras que 104 hombres ocuparon ese cargo.
En este contexto, el Comité instó a los Estados parte a realizar las modificaciones constitucionales y legislativas pertinentes a fin de institucionalizar la paridad 50-50 entre mujeres y hombres. A contramano de estas obligaciones y tendencias globales, en Argentina se encuentra en trámite la propuesta del Poder Ejecutivo de postular a dos candidatos varones que tendría como resultado una Corte de integración absolutamente masculina.
Para finalizar, las organizaciones hicieron hincapié en que la paridad de género en la integración del máximo órgano del Poder Judicial no es sólo una reivindicación de los derechos de las mujeres a ser igualmente parte de los órganos de poder, sino también un reclamo que busca que las niñas y adolescentes se vean representadas en lugares centrales para la vida pública y política, y, finalmente, una imperiosa necesidad de fortalecer la legitimidad y la calidad de las instituciones.
Las organizaciones firmantes son Amnistía Internacional, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), La Casa del Encuentro, Mujeres en Igualdad (M.E.I.), entre otras.