La tragedia ocurrió a las 8:55 de la mañana de aquel viernes de 1995. Una serie de detonaciones lanzó unos 20 mil proyectiles que destruyeron viviendas, vehículos y dejaron la ciudad en ruinas. Los barrios cercanos a la fábrica, Cerino, Libertador, Las Violetas y Escuela, fueron los más afectados, convirtiéndose en un escenario de devastación y desolación.
La comunidad de Río Tercero, que en ese momento contaba con 44 mil habitantes, sufrió un impacto duradero: al menos 6 mil personas debieron ser evacuadas y cerca del 10% de la población optó por emigrar ante el temor de nuevas explosiones. Las siete víctimas mortales, Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela, al igual que los heridos, no tenían relación directa con la fábrica.
El mismo día de la explosión, el presidente Carlos Menem visitó la ciudad y declaró en una conferencia de prensa que la tragedia había sido «un accidente». Ante las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de un atentado, Menem insistió en que la explosión fue accidental, pidiendo a los medios que difundieran esta versión.
La venta de armas a Croacia y Ecuador
El tráfico de armas hacia Ecuador y Croacia, ambos países en guerra y sujetos a prohibiciones internacionales de venta de material bélico, involucró a las más altas esferas del poder en Argentina y llevó Menem a prisión durante algunos meses en 2001.
La operación ilegal, que involucró la venta de 6500 toneladas de armas y municiones, fue descubierta en marzo de 1995 por el periodista Daniel Santoro, del diario Clarín, y denunciada ante la Justicia un mes después por el abogado Ricardo Monner Sans, frente al juez federal Jorge Urso.
El caso fue especialmente grave debido a los embargos de armas impuestos sobre Croacia, que estaba en conflicto con la ex Yugoslavia, y al hecho de que Argentina era garante del Protocolo de Río de Janeiro desde 1942, un acuerdo destinado a asegurar la paz entre Perú y Ecuador.
Mientras la causa avanzaba se produjo la explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero, donde se reacondicionaba el material bélico para ser contrabandeado.
Río Tercero tenía 44 mil habitantes, de las cuáles al menos 6 mil debieron ser evacuados. Cerca del 10% de la población decidió emigrar ante el temor de nuevas explosiones.
Con el tiempo, la investigación continuó y, en julio de 2001, Menem fue encarcelado por cinco meses. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, la Corte Suprema, entonces dominada por jueces alineados con el expresidente, consideró que no existían pruebas suficientes para sostener una acusación de asociación ilícita. Poco después, la Cámara de Casación removió al juez Urso y al fiscal Carlos Stornelli de la causa, trasladando el caso al fuero penal económico bajo la supervisión del juez Julio Speroni, quien dictó el sobreseimiento, que parecía definitivo, el 28 de agosto de 2003.
De todos modos, la causa se reactivó en 2005 y en 2013 Menem fue condenado a 7 años de prisión, pero entre los laberintos judiciales, sus fueros como senador y la ausencia de condena firma, esa causa quedó en la nada.
El camino judicial en la investigación por Río Tercero
La Justicia determinó posteriormente que la explosión fue intencional. En 2014, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó a cuatro imputados por el delito de «estrago doloso seguido de muerte». Entre los condenados estuvieron Edberto González de la Vega, ex director de Fabricaciones Militares, y Jorge Antonio Cornejo Torino, ex director de la fábrica, ambos sentenciados a 13 años de prisión, junto con Carlos Franke, miembro de la dirección del organismo, y Marcelo Gatto, jefe del área Mecánica, que recibió una pena de diez años.
La investigación judicial concluyó que la explosión fue un atentado con el fin de encubrir el contrabando de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995, desmontando así la teoría inicial de un accidente. En esa línea la Justicia dictaminó que la Fábrica Militar se hizo volar intencionalmente para ocultar el faltante de proyectiles contrabandeados a Croacia y Ecuador.
Por ese hecho, fueron condenados a 10 y 13 años de cárcel cuatro militares por el delito de estrago doloso agravado por la muerte de personas: Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto. Menem no fue parte de ese juicio, ya que había sido beneficiado por la Cámara de Apelaciones de Córdoba con una falta de mérito.
En ese momento, la sala A de la de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba revocó el procesamiento del ex presidente. El mismo tribunal también ratificó el sobreseimiento del ex jefe del Ejército Martín Balza.
Unos años después, en un giro de la causa, el Tribunal Oral Número 2 de Córdoba decidió en octubre de 2020 elevar la causa a juicio oral y público. Estaba previsto que el 24 de febrero de 2021 comiencen las audiencias contra Menem, por considerarlo coautor mediato de estrago doloso calificado, en los tribunales cordobeses.
Pero el entonces senador, falleció el 14 de ese mes. Tenía 90 años y la impunidad lo acompañó hasta el final.
En los años siguientes, Río Tercero expresó su repudio hacia Menem. En el 25º aniversario de la explosión, el intendente Marcos Ferrer firmó un decreto declarando a Menem persona no grata en la ciudad. Cuando Menem falleció en 2021, la Municipalidad decidió no adherir al duelo nacional.
El impacto emocional en la ciudad, que no celebra las Fiestas con pirotecnia, persiste hasta hoy. En términos de lo material, hay alrededor de 10 mil personas que demandaron al Estado argentino por los daños sufridos y lograron la creación de un fondo de 80 millones de dólares para indemnizaciones, con un tope de 50 mil dólares por persona.