miércoles 23 de octubre de 2024

El vaciamiento del ARSAT y la entrega a manos privadas

El gobierno anunció que se privatizarán los 150 megahertz de espectro que estaban reservados para la empresa de telecomunicaciones del Estado y que los medios pasarán a tributar IVA. Nota al Pie dialogó con Gustavo López, ex vicepresidente de Enacom y presidente de Forja.
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ARSAT es el próximo gran objetivo a privatizar por parte del gobierno de Javier Milei. Crédito: Radiorafaela.

El presidente Javier Milei continúa con su agenda privatizadora del Estado, y en este caso, se pronuncia el hostigamiento hacia las telecomunicaciones de ARSAT y Enacom.

En el día de ayer, durante su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni, informó que el gobierno pondrá a disposición tanto los 100 megahertz de espectro que el Estado le reservó a Arsat para comunicaciones móviles como los 50 MHz que se encuentran en manos del Enacom.

La noticia se enmarca en un contexto de conflicto entre ARSAT y sus trabajadores, debido a que la gestión libertaria congeló las negociaciones paritarias que afectan a más de 600 trabajadores.

Para descifrar las intenciones del gobierno en torno a ARSAT, este medio entrevistó al ex vicepresidente del Enacom y presidente de Forja, Gustavo López, de recientes recorridas junto a Ricardo Alfonsín y Silvia Saravia, de Libres del Sur, con vistas a la construcción de un frente conjunto.

“Cuando en octubre del año pasado se licitó el espectro para el 5G, se habilitaron 3 bandas de 100 MHz cada una, para una licitación, y se presentaron tres oferentes”, contextualizó.

Entre los tres oferentes que mencionó, reveló que Claro y Personal adquirieron el máximo posible, es decir, una banda completa de 100 MHz, mientras que Telefónica se hizo de la mitad de una banda, que corresponde a 50 MHz.

En cuanto a los 50 Mhz restantes, pasaron a ARSAT como reserva provisoria hasta una nueva licitación que incluyera en el futuro, otras bandas. A su vez, López contó que se había previsto de una “cuarta banda de 100 Mhz” que quedó reservada para Arsat, por cuestiones estratégicas para el Estado Nacional.

En tanto, resumió: “Se subastó un total de 250 MHz en las bandas de 3300 – 3600 MHz, en 2 Lotes de 100 MHz cada uno y uno de 50 MHz, habiéndose fijado el precio base de cada Lote en USD 350 millones de dólares”.

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El ex vicepresidente de Enacom y presidente de Forja, Gustavo López, dialogó con Nota al Pie en torno al manejo del Estado por parte del gobierno nacional. Crédito: Lapatriadaweb.

En lo referente a la reserva de la banda para ARSAT, el presidente de Forja explicó que se trataba “exclusivamente por cuestiones de necesidad futura del Estado Nacional, por cuestiones estratégicas como seguridad, ciber seguridad, geopolítica, entre otras”.

Y reafirmó que el objetivo era, justamente, mantener una reserva en caso de necesidad: “En ningún momento se pensó en montar una empresa de telefonía ni nada que se le parezca, simplemente que el Estado conservara una parte del espectro”.

La explicación del motivo de ese espectro en manos del Estado difiere de las palabras del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien justificó que esa banda “no se estaba utilizando”, sin más explicación.

Las consecuencias de la venta de las frecuencias reservadas sería la de tener que salir a “pagar el servicio privado por algo que hoy el Estado posee”, contó López. Y calificó a la medida de “riesgosa”, debido a que se “pasaría a depender de la voluntad de un privado” .

Destrucción del Estado con ARSAT en crisis

El personal de ARSAT atraviesa momentos críticos con paritarias congeladas y un conflicto que arrastran desde diciembre de 2023.

Esta situación propició denuncias legales por parte de trabajadores que cobran menos de la mitad de lo que indican acuerdos previos, y que ahora, mantienen salarios con una pérdida de más del 50% del poder adquisitivo.

En tanto a la posición del gobierno respecto a ARSAT, Gustavo López fue contundente: “El objetivo final del gobierno es desmantelar el Estado, lo odian y anunciaron que vienen a destruirlo”.

A su vez, señaló: “El problema es que están queriendo destruir empresas públicas como Arsat, que dan ganancia pero que además son estratégicas”. Y denunció que la “están vaciando”, porque “los profesionales se van y le bajan el precio de mercado”.

De hecho, a la falta de inversión en nuevos proyectos se le suma una apertura de retiros voluntarios, donde parte del personal calificado ya abandonó la empresa debido a la precaria situación laboral.

Por otra parte, López manifestó: “Incumplen la manda legal que impuso el Congreso, de no privatizarla, agregándola en un DNU para la privatización parcial”.

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Trabajadores de ARSAT en la lucha por paritarias y un salario digno ante un Estado ausente que propicia la salida del personal calificado y desvaloriza la empresa. Crédito: Trabajador arsat.

En caso de concretarse la privatización, avisó: “Quien se la quede, se queda con la red de fibra óptica más grande del país, con dos satélites en órbita y otro en construcción. Con el soporte de la TDA y con otras asociaciones como por ejemplo el INVAP, de tecnología de punta”.

Y concluyó: “El patrimonio nacional que se construyó con el esfuerzo de todos, sería entregado a algún empresario seguramente “amigo”. Una estafa”.

En este sentido, no resulta casual el mensaje de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, a través de X, donde invita abiertamente a Elon Musk a “avanzar con los proyectos de Space X”, su empresa.

“Nuestro país está abierto al mundo ahora y tiene como visión construir, desde las ideas de la libertad, un futuro enfocado en la innovación tecnológica al servicio del bienestar de la humanidad”, continuó el posteo.

Y concluyó: “Argentina cuenta con locaciones necesarias, recursos humanos calificados y visión estratégica para participar del desarrollo de proyectos espaciales a gran escala».

Por otra parte, el gobierno también anunció la eliminación de las exenciones del IVA tanto para medios de papel como a las suscripciones digitales.

Respecto a esta medida, aseguró que “perjudica a los lectores y consumidores, porque el IVA lo paga el consumidor final”. Al tiempo que lo calificó de un “ataque a los medios tradicionales y digitales, un encarecimiento de los costos a los usuarios y un ataque a la libertad de expresión”.

Y recordó que “el derecho no se limita a los medios sino al ciudadano, que tiene derecho a dar, buscar y recibir información, como derecho Constitucional”, y lo respaldó también con la existencia de Tratados Internacionales de DDHH, también con jerarquía constitucional.

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