Este miércoles, dentro de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, y Peticiones, Poderes y Reglamento que presiden Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Silvia Lospenato (Pro) empezó el debate para modificar la Ley 26.122 que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia.
La Ley 26.122 fue sancionada en el 2006 y regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo. El miércoles, mientras el oficialismo festejaba la ratificación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, se aprobó la moción de emplazamiento del diputado de Evolución Federal, Oscar Agost Carreño para tratar 16 proyectos que promueven cambios en la ley.
¿Cuáles serían estas modificaciones?
Si bien hace varios años que algunas fuerzas políticas quieren cambiar esta normativa, la utilización de los decretos por el actual presidente Javier Milei, intensificó la necesidad del cambio. El Gobierno lleva presentados 43 DNUs, entre los que se encuentra el primero y único, hasta el momento, rechazado en el Congreso: el que le otorgaba $100.000 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en gastos reservados.
Otros de los decretos que llevaron a la insistencia de la reforma es el DNU 70/2023, que sigue vigente dado que, por ahora, solo fue rechazado por la Cámara Alta. Entre los decretos firmados por el gobierno se encuentran recientemente el que oficializa el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner. Mientras que otro discutido fue aquel que limitaba los pedidos de acceso a la información pública.
Teniendo en cuenta esto y los vetos recientes a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Movilidad Jubilatoria la oposición empezó a preocuparse dado que creen que Milei puede utilizar los vetos y los decretos para sortear al Congreso. Esta preocupación llevó a la aceleración del tratamiento de estas iniciativas que modificarían la ley y que contarían hasta con el apoyo del bloque de Unión por la Patria.
Dentro de los 16 proyectos, uno de los cambios en los que adhieren la mayoría es en la eliminación de la “sanción ficta”, que significa que un DNU sigue vigente sin ser tratado en el Congreso o con el apoyo de sólo una de las Cámaras. En ese sentido, varias de las iniciativas buscan que si el Congreso no debate sobre el decreto en un tiempo determinado, que varía de acuerdo a cada proyecto, este pierda la validez. Estos son los puntos en común dentro de los proyectos, mientras que uno de los temas a debatir, en el que tendrán que ponerse de acuerdo, es sobre si son las dos Cámaras las que deban expedirse.
¿Cómo fue la discusión en Comisiones?
Al comienzo del plenario habló Oscar Agost Carreño. El diputado de Evolución Federal señaló que tenían una ventana para “elevar la calidad institucional” y “consensuar una hoja de ruta, con un texto unificado con dos bases comunes: primero, que, si una cámara rechaza, quede sin efecto; en segundo lugar, los plazos y con qué efectos”.
Agost Carreño señaló que esta discusión no va contra ningún presidente sino “a favor de la República, de las instituciones”. “Sino el próximo Presidente de la Nación va a sacar un DNU donde va a derogar todos los DNU de este gobierno y va a empezar de cero”, explicó el diputado cordobés. “No es una ley en contra de Javier Milei”, adhirió el presidente de bloque de la Coalición Cívica Juan Manuel López, sino “pensando en los futuros presidentes que le puedan gustar o no a otros”.
Además, Agost Carreño se expresó sobre porqué es necesaria su regulación: “Es inadmisible que tenga más valor un decreto que una ley, porque pedimos que hayan dos cámaras para sancionar una ley y con la firma del Poder Ejecutivo ya tenemos una ley funcionando con la misma jerarquía”
Esteban Paulón (Encuentro Federal) planteó que el consenso que se consiga en caso de que se apruebe esta reforma le va a devolver el equilibrio al sistema republicano y que el Presidente va a tener que “aprender a dialogar y construir consensos un poquito más amplios más allá del tercio, para poder aprobar sus leyes y no tentarse a gobernar solamente por DNU”.
Mientras que Pablo Juliano (Unión Cívica Radical) destacó que no cree que el DNU sea un instrumento de gobernabilidad y que “hay un Gobierno que habla en nombre de la libertad, pero no van a haber pueblos libres si se sigue gobernando a fuerza de decretos”. Carla Carrizo indicó que no pretenden quitar capacidad de gobernar, sino “quitarle el monopolio de arbitrariedad acotando el tiempo y las materias (una por vez) para legitimar rápido”.
En defensa del oficialismo habló Silvina Giudici (Pro), que criticó al kirchnerismo por la creación de la ley, pero también a la actual oposición preguntando porque no la derogaron antes. “No se puede tomar a la ligera el instituto de los DNU, que garantizan gobernabilidad; si lo que se intenta es limar la gobernabilidad estaríamos otra vez frente al retorno de la tiranía de las mayorías que tantos estragos ha generado”, agregó la diputada macrista. El único libertario que prestó su voz fue Lisandro Almirón que cuestionó que “un grupo pequeño de legisladores, haciéndose los distraídos, tratan de manipular circunstancias”.
La oposición tiene hasta el 30 de octubre para limar asperezas y construir un consenso para lograr los cambios esperados. Hasta ese día pasarán por Congreso especialistas para hablar sobre el tema. En el caso de una posible aprobación, desde la oposición piensan que el Poder Ejecutivo podría utilizar nuevamente la herramienta del veto para seguir gobernando como lo venían haciendo. “Esta ley no tiene costo fiscal, espero que no la vete”, ironizó Esteban Paulón.