Este martes, cinco familias de la Comunidad Aborigen de Guerrero de la provincia de Jujuy sufrieron un brutal operativo de desalojo y fueron despojadas de sus viviendas. Además, demoraron a seis personas. Los damnificados aseguraron que este desalojo favorece al hijo del ex vicegobernador, Juan Jenefes.
Los detenidos, por defender sus tierras y derechos, fueron Máxima y Nélida Bustamante, Jorge y Santiago Cruz, Pablo Quipildor y otra mujer cuya identidad no se conoce.
Cabe destacar que, en el contexto de la represión por parte de las fuerzas, las pertenencias de las personas fueron trasladadas en camiones a la seccional 34 de Los Nogales. Como consecuencia de la tormenta que tuvo lugar en dicha localidad, las víctimas además perdieron cosas tales como sus colchones. De este modo, quedaron desamparadas en situación de calle.
Los pueblos indígenas del NOA repudiaron el desalojo y manifestaron: “Como es el caso en Comunidad Indígena Guerrero Pueblo Kolla, también denunciamos el atropello y vulneración de derecho hacia las Comunidades Indígenas Preexistentes en la provincia de Jujuy por parte de la familia de terratenientes como Jenefes”. En esa línea mencionaron a Guillermo Jenefes, quien fue vicegobernador, diputado y senador nacional, como así también dueño de canal 7 de Jujuy y de radio LW8.
A través de un video, la Comunidad Guerrero Kolla narró la persecución que sufrieron por parte de las fuerzas de seguridad. Asimismo, aseguraron que detrás de los desalojos está el ya mencionado Guillermo Jenefes, quien tendría interés en esas tierras.
Un desalojo que se veía venir
En horas previas al desalojo, una de las integrantes de la Comunidad de Pueblo Kolla grabó un petitorio para visibilizar la situación que atraviesa la comunidad. Desde la cuenta de Instagram Resumen Latinoamérica se puede escuchar a una de comunera de Guerrero advirtiendo acerca de la presión sistemática que sufren.
“Vivimos acá ancestralmente todos los vecinos en esta hoja. Vinieron en plena pandemia y me han dicho que yo soy usurpadora. Me sacaron de acá, vinieron como seis o siete patrulleros. Los terratenientes hacen y deshacen; no hay ley que respete, no hay ley que respete nadie”, reclamó.
El desalojo de la comunidad indígena es coherente con una preocupante tendencia en Jujuy, ya que al poder político lo utilizan para desalojar a comunidades aborígenes de sus tierras. Esto último quedó en evidencia con los casos de la familia Velázquez en Los Nogales y la comunidad Tusca Pacha en Palpalá, donde las denuncias por “usurpación” parecen ser un pretexto para beneficiar a personas con conexiones al sistema político y judicial.
Teniendo en cuenta que esta tendencia parece no terminar, es urgente que se tomen medidas a la altura de esta problemática para garantizar la protección de los derechos de las comunidades indígenas y evitar que sean víctimas de nuevos atropellos.