El miércoles, a través del Decreto 847/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó la reforma laboral que había sido aprobada por el Congreso. Según el Poder Ejecutivo, “el profundo cambio generará más oportunidades para el empleo registrado en el sector privado a través de la flexibilización de una serie de condiciones”.
Mediante este decreto se establecen modificaciones en el régimen de indemnizaciones, en los periodos de prueba y en la contratación de empleados independientes (con la figura del colaborador), y, además, se propone un blanqueo de impuestos laborales. Pablo Moyano, co-secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), en conversación con El Destape, criticó a la reforma laboral que, para él, “es una cagada”. A su vez, considera que son medidas que van en contra de les trabajadores.
¿Qué dice la reforma laboral?
Dentro de la reforma aparece la figura de “colaborador”, dado que esta norma establece que se podrá contratar hasta 3 empleades sin que esto genere una situación de dependencia con quien los emplea. Elles tendrán que prestar declaración jurada en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para demostrar que no tienen un vínculo de dependencia.
No es el único atisbo de flexibilización dentro del texto. El periodo de prueba pasa de 3 a 6 meses, con la opción de ampliarlo hasta un año, siempre y cuando se apruebe en el convenio colectivo. En este periodo, el trabajador recibirá salarios más bajos que los empleados en blanco, no tendrá una relación de dependencia y no podrá cobrar una indemnización en caso de ser despedido (aún si el despido es sin causa).
La reglamentación también habla de un “blanqueo laboral”, mediante el cual, con la excusa de la “promoción del empleo registrado”, los empleadores van a quedar eximidos de pagar multas, sanciones o contribuciones por haber tenido un empleado no registrado. A su vez, dieron de baja el Registro de Sanciones Laborales (Repsal). Esto significa que, quienes se adhieran al blanqueo, tendrán una condonación de “al menos 70% la deuda por capital e intereses de los aportes y contribuciones patronales”.
Quizás la modificación más polémica está dentro de las indemnizaciones, a partir de la creación de un fondo de cese que las reemplazaría. La modalidad deberá estar incluida dentro del convenio del sector, deberá ser acordada entre ambas partes y sus condiciones se arreglarían en base a tres sistemas.
El primero es el de cancelación individual, donde el empleado pagará al trabajador como sucede ahora. El segundo, un Fondo de Cese individual, que se crearía a través de un aporte mensual a una cuenta bancaria a la que tendrá acceso el empleado, solo en caso de ser despedido. El tercer sistema que proponen es un seguro individual o colectivo que se creará con las aseguradoras habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, desarrolló un hilo en la red social “X”, donde explica las implicancias de este punto de la reforma laboral. Así resumió esta parte de la reforma: “El régimen de indemnización por despido pasa a depender de la negociación colectiva sin ningún piso mínimo. El Estado se desentiende por completo de su obligación de garantizar el derecho constitucional a la protección contra el despido arbitrario (art. 14 bis CN)”.
Además, en el último post de su hilo señala que “las indemnizaciones por despido en Argentina no son caras” y que no hay un problema ahí. Por eso, según Campos, “esta regulación no solo perfora los pisos mínimos que fijó la LCT (régimen del contrato de trabajo) en 1974”, sino que “termina siendo más perjudicial para los trabajadores que aquella fijada por la ley 11.729, en 1934”.
La marcha universitaria del 2 de octubre sigue sumando apoyos
Este jueves y viernes se realiza un paro docente universitario que afecta a todo el país, tras el anuncio del veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y en las vísperas de una masiva marcha universitaria que se realizará el miércoles 2 de octubre, que se espera superior a la del 23 de abril. Gremios y agrupaciones docentes y no docentes como la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN), Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (CONADU) y la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) señalaron que la medida va a ser sin asistencia a los lugares de trabajo y sin actividades durante la jornada.
Desde la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y ADUBA explicaron que el paro se hace por “la inflexibilidad del Gobierno nacional en torno a la crítica situación salarial de docentes y no docentes de las universidades públicas y la amenaza de vetar la recientemente sancionada Ley de Financiamiento Universitario”
Mientras desde el Gobierno amenazan con el arancelamiento de las universidades, las agrupaciones docentes recibieron el apoyo de la CGT que confirmó que va a estar presente en la marcha del 2 de octubre. “Es una obligación movilizar”, expresó Pablo Moyano en una conferencia de prensa, mientras que, a su lado, el otro secretario general de la CGT, Carlos Acuña, dijo que van a apoyar a “todos los trabajadores de la República Argentina que están sufriendo”. También el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) confirmaron su adhesión.