La medida de les docentes de nivel superior coincide con la adhesión da la marcha por la movilidad jubilatoria, convocada frente al Congreso de la Nación, que fue sumando en volumen en los últimos días, también como respuesta a las represiones de los dos miércoles anteriores.
Este paro se enmarca en una serie de acciones que los docentes universitarios vienen realizando a lo largo del año, con el objetivo de lograr una recomposición salarial acorde a la inflación y asegurar un presupuesto adecuado para las universidades públicas. La semana pasada, el 5 de septiembre, realizaron una huelga de 24 horas luego de que el Senado no tratara el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. Asimismo, el 20 y 21 de agosto se llevaron a cabo otras dos jornadas de paro, todas con el mismo reclamo central: salarios dignos para los trabajadores de la educación superior.
La Ley de Financiamiento Universitario, según les docentes, tiene un costo del 0,14% del PBI. “Con solo lo que se bajó del Impuesto PAIS se podría cubrir todo el presupuesto universitario”, afirman desde el gremio, señalando que el dinero se destinará en su lugar al pago de la deuda externa y a la represión, en lugar de la inversión en investigación, ciencia y salarios para los docentes.
El secretario Adjunto de la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), Jorge Anró, cuestionó duramente a la gestión del presidente Javier Milei. En declaraciones radiales, señaló que “el Gobierno está desangrando a las universidades porque no entran en su modelo de país. La universidad forma seres pensantes que no le sirven para el proyecto que quiere implementar, por eso las castiga”.
La CONADU Histórica ratificó además su rechazo a la represión ejercida por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones de jubilados en defensa de la movilidad jubilatoria, y denunció la responsabilidad de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en estos hechos. Durante la concentración del miércoles 11, les docentes universitarios se sumarán a otras organizaciones sociales y centrales sindicales en el Congreso para exigir que la Cámara de Diputados rechace el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria.
El jueves 12, el Senado debatirá la Ley de Financiamiento Universitario, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Sin embargo, los gremios universitarios temen un posible veto de parte del presidente Milei, lo que los mantiene en estado de alerta. Desde la CONADU Histórica advierten que esta legislación es crucial para aliviar la crisis presupuestaria que enfrenta la universidad pública y mejorar la situación salarial de sus trabajadores.