Por Horacio Machado Aráoz (*)
El nuevo Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que se pretende imponer sobre el país constituye una grave herramienta de profundización del extractivismo. Se trata de una política cuyos orígenes se remontan al programa de Martínez de Hoz bajo el régimen del terrorismo de Estado (1976-1983). Con antecedentes directos e inmediatos en las leyes 21.382 de Inversiones Extranjeras (1976), 21.526 de Entidades Financieras (1977) y 24.196 de Inversiones Mineras (1993), todas, por cierto, aún vigentes. El RIGI traza una implacable continuidad de política económica que contrasta con todos los vaivenes y cambios habidos en las últimas cinco décadas.
En tal sentido, viene a profundizar una trayectoria de reconfiguración oligárquica de la sociedad argentina, bajo la imposición de un modelo primario-exportador dominado por el capital transnacional, bajo la lógica de la rentabilidad financiera global. Con este modelo, el país ha seguido un derrotero de crónica regresión económica, empobrecimiento y degradación socioambiental, deterioro político sistemático y profundización de la dependencia estructural.
En el marco de la espiral extractivista seguida por la economía argentina desde la dictadura hasta nuestros días, el RIGI representa un salto de escala extremo y temerario. Por la magnitud de los privilegios que concede a los grandes inversionistas y el correlativo desmantelamiento de garantías y derechos que supone para la sociedad en su conjunto, pone en riesgo la propia integridad y viabilidad ecológica y geopolítica del país.
A más extractivismo, menos democracia
Técnicamente, el RIGI implica la creación de un ámbito extraordinario de grandes privilegios para actores y sectores económicos muy acotados y selectos, y que ya de por sí ostentan una clara posición dominante de mercado y condiciones objetivas de incidencia no-democrática sobre las decisiones estatales. La fórmula es: más incentivos para una mayor concentración (económica y de poder).
Producto de la “división internacional del trabajo heredada” desde la Colonia, los sectores económicos más poderosos son los históricamente vinculados a la explotación de las riquezas naturales de nuestra geografía. Desde los cueros, el tasajo y la lana a la soja transgénica, la minería a gran escala y los hidrocarburos no convencionales, del siglo XIX al siglo XXI, la economía del país se ha estructurado sobre cuadrículas mono-exportadoras de materias primas sujetas al control económico, comercial, tecnológico y financiero de grandes capitales transnacionales.
Los grandes beneficiarios del RIGI son esas mismas grandes corporaciones del agronegocio —que en la versión final de la Ley Bases quedó acotado a la industria forestal—, la minería y los hidrocarburos con posiciones oligopólicas en el mercado mundial y más aún en el interno. Hablamos de tres sectores, contemplando el agronegocio en su totalidad, que concentran el 90 por ciento de las exportaciones y que están bajo el control de las 200 firmas más grandes que operan en el país; entre ellas, las 50 primeras controlan el 70 por ciento de los saldos comerciales (Cantamutto y Schorr, 2021).
El extractivismo no es una categoría apenas “ambientalista”; es un concepto ecológico-político. Alude a un patrón de poder basado en la concentración oligárquica del control y la capacidad de disposición sobre las energías vitales (aguas, suelo, subsuelo, biodiversidad y fuerza de trabajo) de poblaciones y territorios. Los efectos del extractivismo no sólo tienen que ver con la degradación sistemática de los ecosistemas (que son la base indispensable de la vida); conlleva gravosas consecuencias económicas, sociales, políticas y geopolíticas. El extractivismo está en la raíz estructural del histórico déficit democrático de nuestra sociedad. Por definición, a mayor concentración de poder, menos democracia. A mayores privilegios, menos derechos.
La (i)racionalidad económica del RIGI: dólares para hoy; fuga y más deuda para mañana
Los únicos argumentos esgrimidos para justificar la imposición del RIGI remiten a la doble “necesidad y urgencia”: de dólares (para pagar las obligaciones externas) y de ingresos fiscales (para presuntamente controlar la inflación). Esto último raya en lo absurdo y menosprecia la inteligencia de la ciudadanía: lo que el RIGI de hecho va a crear es un fabuloso entorno de rentabilidad extraordinaria garantizada por la ecuación fiscal de privilegio que el Estado concede a “grandes inversionistas”. Con esa ecuación, a mayor actividad económica, no sólo tendremos menos ingresos fiscales en general, sino también mayor inequidad tributaria: los más grandes pagarán (mucho) menos y el peso fiscal del aparato burocrático recaerá sobre el resto de la sociedad; y, más que proporcionalmente, sobre los sectores de consumos básicos.
Ya los subsidios y exenciones fiscales que usufructúan mineras, petroleras y empresas del complejo agro-exportador son inadmisibles y, en lugar de quitarlos, el RIGI viene a ampliarlos. Sólo lo que el Estado dejó de percibir por las exenciones fiscales impuestas por la Ley de Inversiones Mineras fue de 14.563 millones de pesos en el 2022; 28.852 millones en el 2023, y 55.560 millones, según la previsión presupuestaria oficial para el 2024.
La “necesidad de divisas” tampoco es un argumento sostenible. El RIGI extiende y garantiza los mecanismos de transferencia de divisas que disponen los grandes exportadores: no sólo les otorga la libre disponibilidad de divisas de sus exportaciones (20 por ciento en el primer año; 40 por ciento en el segundo y 100 por ciento en el tercero) sino que deja abierta la puerta para la evasión fiscal y transferencia de excedentes a través de operaciones intrafirma, como los casos de pagos de intereses por créditos que las empresas toman de sus propias casas matrices y los casos de sobre-facturación de importaciones y/o subfacturación de exportaciones.
Esto es (o debería serlo) ampliamente conocido por los legisladores de la Provincia de Catamarca, con el antecedente flagrante de evasión fiscal y fuga de capitales comprobada por la AFIP y la Justicia respecto a la Minera Livent (8 millones de dólares en 2018/2019 y más de 13,5 millones de dólares en 2022/2023).
En definitiva, los dólares que ingresen por los “incentivos” del RIGI serán los que alimenten la fuga, la escasez de divisas y la deuda externa de mañana. El ciclo de ingreso especulativo de capitales, crecimiento con endeudamiento, crisis de Balanza de Pagos y nuevas concesiones para realimentar la expansión de la frontera extractivista, con nuevos umbrales de concentración económica y pauperización social, es lo que resume la historia de la deuda externa y los flujos de capitales, desde la dictadura a estos cuarenta años de democracia.
Desmantelamiento del tejido productivo y polarización social
La economía política del extractivismo no sólo involucra una espiral de concentración económica. Supone también una escalada creciente de sobresimplificación y uniformización de la diversidad biológica, sociocultural y económica de los territorios para reconfigurarlos como grandes plataformas monoculturales de exportación de materias primas. La reprimarización de la matriz productiva y socioterritorial del país fue de la mano del desmantelamiento de las capacidades tecnológicas productivas endógenas, el correlativo deterioro cuantitativo y cualitativo de empleos y salarios; por tanto, de niveles crecientes de fragmentación laboral, dispersión salarial, precarización y pauperización generalizada de la fuerza de trabajo.
A medida que la riqueza geográfica y sociocultural del país se fue transformando en un desierto de soja, “open pits” y “triángulos del litio”, fracking y gasoductos, el deterioro productivo se convierte en fractura social. La reprimarizacion de la economía implica un crecimiento estructural de las brechas de desigualdad entre estratos sociales. La concentración económica se traduce en una estructura de clases con minorías cada vez más selectas y cerradas en privilegios patrimoniales de un lado, y, del otro, amplias mayorías libradas a las fuerzas de mercado de la precariedad, la informalidad y salarios por debajo de la línea de pobreza.
Hace más de setenta años —desde Prebisch y Germani, Frank, Cardoso, Furtado, Quijano y una larga y diversa lista de investigaciones clásicas—, las ciencias sociales latinoamericanas han revelado que el crecimiento primario-exportador significa el desarrollo del subdesarrollo.
Esperar en el siglo XXI que una fórmula del siglo XIX produzca resultados diferentes, es de una necedad absoluta. Insistir en el «derrame» no es un argumento que se pueda sostener de buena fe.
Una vez más, en Catamarca pasó Alumbrera y la pobreza quedó. Quedó también el open pit, el dique de colas y unos pocos que se enriquecieron espuriamente. La pobreza estructural quedó. Y se profundizó. No es verdad que las únicas que se benefician con el RIGI son las grandes empresas transnacionales, aunque sí es cierto que son las principales ganadoras. Junto a ellas, los serviles grupos de poder internos que hacen sus negocios con tercerizaciones, intermediaciones comerciales, legislativas y políticas, especulaciones inmobiliarias y financieras, y otros servicios anexos, son también beneficiarios del régimen de privilegios. Por eso, en última instancia, también votan por su sanción.
La ecuación política del RIGI: privilegios para inversores; desprotección para las poblaciones
De Martínez de Hoz a Milei, asistimos a una drástica reconfiguración oligárquica de la sociedad argentina. Cada nueva oleada de transferencia estatal de privilegios a sectores privados ha significado concomitantemente la degradación del sistema republicano de justicia y gobierno. Eso alimenta una crisis crónica de representatividad y el vaciamiento de la legitimidad política. El sistema político se muestra crecientemente incapaz de ofrecer y construir un rumbo histórico, democrático y viable como Nación.
La expansión y profundización de la frontera extractivista está asfixiando las aspiraciones y condiciones más elementales de una sociedad democrática. No sólo explica el ciclo de endeudamiento y pauperización. Se trata de la “captura del Estado” por parte de actores y sectores dominantes con capacidad de metaregulación y hasta poder de veto sobre las políticas públicas (Schorr, 2023).
En esa escalada, el RIGI constituye un paso extremo hacia la radicalización del déficit democrático. El blindaje de privilegios de los “inversores” tiene como contracara el desmantelamiento de los derechos constitucionales más elementales. Estamos ante un nuevo régimen político de facto, que subordina la ciudadanía al imperio del “inversor”.
El blindaje de privilegios para inversores incluye la renuncia de la propia potestad legislativa para el propio Estado y la denegación de la competencia federal de las provincias. Supone incluso, la propia renuncia a los fueros judiciales propios. Ninguna ley, ni nacional ni provincial podría contradecir ni interferir con las concesiones otorgadas por el RIGI (Art. 163 del Proyecto de Ley Bases). Ningún juez ni fuero del sistema judicial del país podría juzgar o intervenir sobre los titulares beneficiarios del RIGI; cualquier demanda se debe plantear ante instancias de Arbitraje Internacional (CIADI) (Art. 219).
Por fin, el RIGI otorga a los inversores prioridad sobre la propia población respecto al suministro, transporte y procesamiento de los insumos para sus proyectos, lo que incluye agua, energía, infraestructuras, servicios públicos, entre otros. (Art. 191). Se trata, por tanto, de un régimen de transferencias no sólo de riquezas financieras, sino ya de impunidad y de poder de disposición sobre los territorios.
Espiral extractivista y deriva neocolonial
En un mundo atravesado por múltiples tensiones y soterradas confrontaciones geoeconómicas y geopolíticas, donde grandes capitales y grandes potencias se disputan lo que para ellos son “recursos estratégicos” frente a las múltiples dimensiones de la crisis material, económica y social de un planeta esquilmado, las élites que nos gobiernan han socavado al extremo las bases materiales de la soberanía política.
La espiral extractivista seguida por la economía argentina desde la dictadura hasta nuestros días, nos ha convertido en un país crecientemente dependiente, vulnerable y a la deriva, sujeto a los intereses de grandes potencias y grandes conglomerados corporativos del capital. En ese curso, el RIGI representa un salto de escala extremo y temerario: de Menem a Milei, la entrega fue de la dilapidación y desguace del capital público vía privatizaciones, a la lisa y llana entrega del territorio como la base más fundamental del patrimonio público común.
Ante un mundo asediado por las amenazas de guerras por “recursos”, frente a escenarios de crisis energética y alimentaria, de escasez hídrica, de minerales y de nutrientes, las exorbitantes cuotas de poder concedidos a los “inversores” para disponer a su antojo de los bienes territoriales del país, nos coloca en una situación de dependencia y vulnerabilidad extrema; en el umbral de la propia inviabilidad como país.
Necedad extractivista y ceguera financiera frente al valor de lo real
Por último, pero en primer orden de gravedad: la férrea continuidad del modelo extractivista ha acentuado la devastación ecológica de los territorios, los procesos de retracción y erosión de la sociobiodiversidad, y las dinámicas de contaminación, desplazamiento y conflictividad socioambiental.
En un contexto en el que las alteraciones de los equilibrios biosféricos están dando pasos a crecientes y sucesivos eventos catastróficos y de colapsos locales y regionales, donde la lógica de “explotación de recursos” está sobrepasando los límites planetarios de bioseguridad humana, el RIGI viene a intensificar y acelerar la destrucción de territorios habitados. Coloca al país como una zona liberada para el saqueo, la explotación y la contaminación a gran escala. Mientras la geografía del país se convierte en plataforma de transferencia de subsidios ecológicos hacia grandes potencias, las poblaciones locales quedan absolutamente desprotegidas y a merced de “los inversores” (FARN, 2024).
Lo que precisamos es justamente todo lo contrario: cambiar de rumbo radicalmente y reorientar las economías hacia el resguardo y el sustento de las poblaciones. La explotación con exclusivos criterios de rentabilidad financiera de los bienes naturales que sustentan la vida (aguas, fuentes de energía, diversidad biológica y genética, minerales, bosques) va absolutamente a contramano del rumbo geológico que —como país y como especie— debiéramos seguir ante el estado crítico de la vida terráquea.
¿Cuánto vale un río, un humedal, en una provincia árida, en tiempos de crisis climática y calentamiento global? La necedad extractivista ni se lo pregunta. Su ceguera financiera les impide ver el valor de lo real. Su cortoplacismo es socialmente suicida. ¿Cuánto vale un río? No es apenas una pregunta retórica. El presidente Milei ha dicho que, hoy por hoy, no vale nada; y aunque no tenga razón, está en lo cierto.
En una provincia como la nuestra, Catamarca, la transnacional Livent ha secado impunemente una vega principal del río Trapiche, fundamental para les habitantes de Antofagasta; no sólo eso, continúa operando y ha ampliado su explotación. ¿Cuánto vale un río?, es una pregunta que revela la desnudez jurídica de las poblaciones; la vida al desamparo de los nuevos territorios a ser sacrificados en el altar del “progreso”.
(*) Integrante del Colectivo de Investigación de Ecología Política del Sur. (IRES, CONICET-UNCA).